Es, o pareciera, una campaña a contracorriente.
Contra la realidad de violencia imperante en el país y por la cual Estados Unidos ha lanzado alertas a sus ciudadanos para 30 de las 32 entidades.
En los estándares del Departamento de Estado, solamente Campeche y Yucatán ofrecen relativa seguridad a sus ciudadanos y a los visitantes.
Situación diferente a las permanentes advertencias sobre otros lugares como Sinaloa, esta semana sumida en balaceras, quema de vehículos y ataques a la población.
Todo con los consecuentes efectos en la vida social, escolar -ayer el cierre de escuelas fue generalizado en Culiacán- y económica, pues no abrieron comercios ni industrias.
Y también contra las críticas generalizadas a la reforma judicial, a punto de publicarse con sus secuelas de daños al Estado de Derecho y a la inseguridad en inversiones.
PREOCUPACIÓN
Ese es el marco general.
No se reconoce públicamente, pero se advierte preocupación en los altos niveles políticos y económicos a juzgar por las campañas en marcha de futuros funcionarios.
Hay tres secretarios de Estado claves: el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
Los dos primeros difunden parte de sus acciones.
La dependencia de Ramírez de la O informó que puso a la venta bonos por mil 490 millones de dólares para pagar las 13 plantas compradas a la firma española Iberdrola.
Ebrard realiza una cruzada incansable con la visión oficial para destacar ante empresarios mexicanos y extranjeros los beneficios de los cambios al aparato judicial.
A su vez, De la Fuente elabora un proyecto para utilizar la estructura diplomática de México en el exterior a fin de difundir los beneficios de instalar plantas para el gran mercado estadounidense.
Y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del siguiente gobierno, hace su parte con citas a los beneficios de la relocalización de inversiones y las ventajas del T-MEC.
A estos señalamientos todos agregan una afirmación: la nación está en paz y no hay riesgos de estallidos sociales pese a la inconformidad de los trabajadores de los poderes judiciales federal y estatales.
Es lógico: todos obedecen a Claudia Sheinbaum.
HORAS BAJAS
El PRI ha dejado de ser necesario para el oficialismo.
Si hasta la Legislatura anterior sus diputados y senadores eran buscados para negociar o al menos atenuar críticas, en ésta no hará falta.
El gobierno, Morena y sus socios ya tienen mayorías calificadas en ambas cámaras para aprobar cuantas reformas les sean ordenadas desde Palacio Nacional.
Así los experredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera y el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez gozarán los beneficios de poder e impunidad ofrecidos por el lopezobradorismo.
Esto pone en posición de debilidad al dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, quien logró mantener unidas las bancadas de San Lázaro y del Senado contra la reforma judicial.
Con un agravante para el régimen: también ha anunciado el voto adverso a la desaparición de los órganos autónomos y otras modificaciones aberrantes a la Constitución.
Estas posiciones pueden ser claves ante el Trife de Mónica Soto para el golpe final a los estatutos del PRI y a la continuidad en el cargo de Alito.
@urenajose1
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