Diputados, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), abogados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), participaron en el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que organizó la Cámara de Diputados, en Saltillo, Coahuila, con el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”.
Falso, que se esté en contra de quitar ninguna coma a la iniciativa
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) resaltó que es falso que se esté en contra de que ninguna coma se le quite a la iniciativa; “ya lo verán los próximos días” cuando concluyan los foros y se tenga un panorama del sistema integral de justicia penal y, en su momento, los que sean legisladoras y legisladores podrán presentar iniciativas al respecto, donde también el Poder Judicial tiene la atribución de presentar iniciativas y “ojalá lo haga”.
También, indicó, es falso que solo se han dado cuatro horas al Poder Judicial para exponer sus posturas y recordó que han hablado en diversos foros, por lo que afirmó que ha habido apertura porque se debe discutir y debatir, ya que “necesitamos escucharnos y ver qué le conviene al pueblo de México. Habrá temas que queremos que se debatan y que no están en la propuesta del 5 de febrero del presidente de la República”.
La defensoría pública ha tomado un valor importante
Miguel Humberto Rodarte De Lara, diputado del PAN, consideró que este tema y el del siguiente foro son los que verdaderamente deberían tener una reforma judicial por el beneficio del pueblo mexicano, como es la procuración de justicia, la defensoría pública, reforma a los poderes judiciales locales e incluso la colegiación obligatoria. “Esos son los temas que deberíamos estará viendo”.
Argumentó que lo que realmente le afecta a la gente, día con día en la justicia cotidiana es no tener acceso a una defensa, a alguien que les resuelva su problema y les dé justicia. “Para el PAN, el tema de la defensoría pública ha tomado un valor importantísimo, porque se defiende la dignidad de la persona humana y, para ello, la gente debe tener acceso a una defensa gratuita, profesional y de calidad”.
Colegiación y defensoría pública, asignaturas pendientes
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) puntualizó que hoy se tiene la oportunidad de incorporar en la reforma el tema de la colegiación obligatoria, aspecto que representa un reto para el sistema de justicia, sobre todo para quienes tenemos la obligación de legislar y ofrecer una alternativa que permita al pueblo acceder de manera plena a todos los derechos y a un sistema de justicia humano, accesible, transparente y eficiente.
Añadió que la defensoría pública, el papel de las y los abogados, así como la planeación judicial en el país también son asignaturas pendientes. Solicitó información sobre cuál podría ser un esquema de gradualidad asertivo para la implementación de una posible reforma en materia de defensoría pública.
No se ha logrado que haya una defensoría eficaz
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, subrayó que en pleno siglo XXI no se ha logrado que haya una defensoría eficaz para el pueblo de México. Mencionó que el 84 por ciento de la población va con defensores de oficio, quienes están “sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro por sus colegas como si defender al pueblo de México fuera un trabajo degradante cuando es un trabajo fundamental”.
Mencionó que se asignaron 78 mil 326 millones de pesos de presupuesto al Poder Judicial de la Federación, de esos cinco mil 787 son para la Suprema Corte, 68 mil 917 para el Consejo de la Judicatura y tres mil 622 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sostuvo que hay trabajadores y trabajadoras que no se dan cuenta que esta reforma al Poder Judicial les está abriendo la puerta a muchos que nunca serían juzgadores para que lo sean.
En tema de colegiación hay un problema sistémico
Por MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo llamó a revisar de manera sistémica todo lo que implica la reforma de este calado, “pues no puede hacerse en la premura del tiempo; debe materializarse sobre espacios de discusión más amplios y revisar el eje central”.
Comentó que en el tema de colegiación hay un problema sistémico, en la diferenciación de las universidades públicas y las llamadas patito; creo que “ahí hay una responsabilidad compartida”, pese a que en algunas instituciones sí hay problemas estructurales. La colegiación no se resuelve por arte de magia, es un problema sistémico. “Debemos verificar qué van a garantizar los colegios y debemos saber qué ofrecen para la profesionalización de las carreras”.
La reforma amplía los derechos de las personas
El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) relató que él pertenece a un distrito de los más pobres de Coahuila y ahí piden justicia. Hay ciudadanos que están sin una oportunidad de que se les escuche que tienen mucho tiempo en las cárceles y ni siquiera les han avisado por qué están ahí.
Por ello, indicó, es importante que las y los diputados como representantes populares hagan saber cuáles son las necesidades de la gente que clama justicia. Dijo estar a favor de la reforma porque amplía los derechos de las personas y estos foros son ilustrativos, con reflexiones que se valoran y se debatirán en la legislación secundaria.
No hay poder de la República que pueda ser perfecto
Del PRI, el diputado Yerico Abramo Masso resaltó que hoy México requiere certidumbre; por ello, la importancia de este diálogo para lograr las cosas que le hacen falta a México. “Efectivamente, no hay poder de la República que pueda ser perfecto, ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial, pero hay voluntad de los mexicanos de que las cosas cambien”.
Agregó que en el país un defensor de oficio atiende a 117 personas al año y un ministerio público a 227 temas o carpetas por año; en 2022, se abrieron dos millones de carpetas, de las cuales el 53 por ciento siguen abiertas y el 43 por ciento se cerraron, pero solamente se llegó a sentencia en el 4.6 por ciento. “Eso exige la gente de México; se necesitan juzgadores con apego a derecho y con criterios claros en la defensa de las y los ciudadanos. Ese es el Poder Judicial que todos deseamos”.
Importante, la representación en tribunales
El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) dijo que la representación en tribunales es importante, dado que se juega el patrimonio y la libertad de las personas y quienes sufren una inadecuada representación son las personas en situación de pobreza debido a las desigualdades, injusticias y discriminaciones, lo cual ocurre en todos los ámbitos.
Consideró que quien aspira a litigar en materia mercantil tendría que contar con conocimientos en esa materia, quien pretenda representar en materia penal de igual forma, y en materia electoral tiene que ser electoralista. Por ello, preguntó a los expertos su opinión sobre la especialización para la colegiación.
Respuestas de ponentes
La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, comentó que la demanda de justicia en el país es inmensa y la gente no está contenta. “Sí sé lo que es el Poder Judicial, ya que fui juez, e incluso hoy como consejera la gente me busca para señalarme deficiencias. La gente no está contenta con la justicia”.
Con esta reforma, aseguró, se busca dar respuesta y creo que los colegios de abogados tendrán que estar presentes, pero como no es posible hoy tener una democracia como la de Atenas, en donde vayamos todos y hablemos, lo debemos hacer con la representación de los abogados, “por lo que hoy más que nunca se necesita hacer presencia porque se trata de una reforma de justicia”.
Destacó que la reforma que se está proponiendo de que intervenga el pueblo para elegir a los integrantes del Poder Judicial fortalece la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, “porque ahora todos los integrantes estarán legitimados porque fueron electos por el pueblo”.
La magistrada Taissia Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, planteó fortalecer el federalismo y a partir de eso crear una ley general que homologue, estandarice y coordine a las defensorías, “porque muchos casos que se conocen en la defensoría pública federal tienen alguna ramificación a la justicia local o viceversa”.
Pidió que en este diálogo, con la posibilidad de llevar a cabo una reforma que incorpore el tema de defensorías, puedan participar directamente las defensorías públicas tanto federal como las locales, porque hace falta mucho conocimiento respecto de su trabajo.
Juan Guillermo Ávila Sarabia, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Nuevo León, precisó que lo que se propone en la ley general que rija la abogacía son estándares mínimos para todos y cada uno de los colegios para que los abogados ejerzan su profesión en el marco de la legalidad “y que se les exija conforme a lo que son: defensores de una causa”.
En materia de defensoría pública, estimó que algo que puede funcionar muy bien y que no necesariamente impactaría al presupuesto público, es que los defensores privados tengan la obligación por ley de prestar trabajo pro bono, lo cual funciona muy bien en otros países.
A su vez, el representante de los trabajadores del PJF, José Guadalupe Méndez de Lira, destacó que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados “somos gente del pueblo y hemos nacido y crecido en él con nuestro propio esfuerzo. Le apostamos a que no haya privilegios”.
Recordó que la soberanía del pueblo no se ejerce solamente de manera directa mediante el voto popular, sino también de manera indirecta por medio de la democracia participativa y lo que ahora se discute es volver a cuestionar algo que los Constituyentes rechazaron, como es el voto popular de jueces y magistrados, por muchas razones.
Sandra Lucía Rodríguez Wong, candidata al doctorado en Derecho Constitucional y catedrática, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, indicó que la ley general marcará los mínimos o los elementos que tendrán que buscarse para todas y cada una de las defensorías del país, y a partir de ella tendrán que sujetarse los demás estados a su estructura y a sus elementos mínimos indispensables y sería obligatoria para todos los estados y defensorías públicas.
El coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Ricardo Antonio Silva Díaz, dijo coincidir en la especialización de los abogados para ejercer la profesión; se requiere todo un marco regulatorio sobre la intervención del Estado, la autonomía universitaria, la educación superior y los colegios para generar ese engranaje que permita que la justicia llegue a la gente.
Hoy, añadió, tenemos que atender el problema de raíz, y es que la abogacía mexicana requiere de profesionalización, responsabilidad y ética. “Es injusto acusar a las y los juzgadores de las cuestiones que están pasando en los tribunales por el problema de las y los abogados”.
Rogelio Rodríguez Garduño, analista jurídico y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, dijo que se tiene que apoyar la carrera judicial y consideró indispensable triplicar el número de juzgados federales, colegiados de apelación y de circuito, así como los tribunales. Es importante evitar que todo se judicialice; se debe cambiar esta cultura.
El titular del Área de Derecho Administrativo en Martínez Arrieta Abogados, Olmo Guerrero Martínez, puntualizó que los colegios deben ofrecer la garantía de una profesionalización constante y especializada, así como la existencia y creación de un régimen disciplinario para el gremio. “Creo que en la colegiación sí hay que ver todas las características y garantías para que no resulte contraproducente pero sí entenderlo como un medio para mejorar el ejercicio profesional”.
Diana Berenice López Gómez, trabajadora del Poder Judicial, consideró que se necesitan más órganos jurisdiccionales y no destruir al Poder Judicial Federal. “Que los jueces y magistrados sean los que elijan al personal, porque la obligación del juez no sólo es dictar las sentencias; el juez tiene una triple obligación en los juzgados de distrito, una es administrativa, otra el orden laboral que debe guardar el juzgado y otra es el dictado de la sentencia”.
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