Desde los principios de no intervencionismo y respeto a las democracias del mundo, senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente debatieron en clara división de ideologías las recientes elecciones de Venezuela en donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro.
Mientras el oficialismo de Morena y aliados vanaglorió la no intervención como consecuencia de las numerosas injerencias extranjeras, la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano asentaron que exigir el respeto de la democracia en Venezuela no es intervencionismo, sino una responsabilidad del Estado mexicano por principio, obligación y por convicción.
En debate en tribuna, el diputado del PT Benjamín Robles Montoya conminó a revisar el sistema electoral del doble voto en aquel país de Sudamérica, uno electrónico y al mismo tiempo manual: “haiga sido como haiga sido” diría la derecha latinoamericana, la venezolana es muy similar a la mexicana, sin duda alguna.
La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador y instó a que debe demostrar de qué lado de la historia quiere estar: del de los autoritarios y de los populistas o del democrático. La diputada de Morena, María Guadalupe Chavira, aseguró que el sentimiento bolivariano une a ambos países y México junto con América Latina continuará con la transformación que se necesitan estas naciones.
La diputada del PRI Sue Ellen Bernal Bolnik señaló que si Nicolás Maduro y Edmundo González están seguros de haber obtenido la victoria, por el bien del Pueblo de Venezuela deberían acceder de manera transparente a contabilizar las actas y se visualice la legalidad del sistema electoral.
La senadora del PVEM María Graciela Gaitán expresó el respaldo de la bancada al extrañamiento que hizo el Presidente de México a la injerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso electoral de la República de Venezuela.
Y la senadora de MC Claudia Ruiz Massieu reprobó que el oficialismo pretenda calificar de intervencionismo el eco internacional de una legítima exigencia social que se garantice la legalidad, la certidumbre y la transparencia de los comicios celebrados en Venezuela.
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