El pasado domingo 28 de julio, millones de venezolanas y venezolanos se presentaron en los miles de centros electorales para ejercer su derecho al voto en la elección presidencial. La inmensa mayoría de la población había asumido dicho evento electoral como un plebiscito sobre la figura y el gobierno de Nicolás Maduro. En ese marco, decidieron votar por Edmundo González, candidato presidencial apoyado por la principal líder de oposición, María Corina Machado, que fue inhabilitada como candidata.
La gran afluencia de votantes desde el inicio de la jornada pronosticaba una derrota de Maduro, y en la noche así lo empezaron a evidenciar los resultados ampliamente a favor de Edmundo González en centros electorales ubicados en los sectores populares, antiguos bastiones del chavismo.
La respuesta del gobierno autoritario de Nicolás Maduro fue primero ordenar que no se entreguen a los testigos opositores las actas de las diferentes mesas electorales, que emite cada máquina. Así, Maduro ha intentado que el comando de la oposición no pueda comprobar el fraude, pero los testigos opositores lograron acumular el 73,20% de las actas.
Después, el mismo 28 de julio, altos dirigentes chavistas como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello empezaron a insinuar la supuesta victoria de Maduro, y al instante salieron a defender y a exigir el acatamiento a los resultados que iba a presentar oficialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE), los tres principales cargos militares: el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el Ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos; y el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Larez.
También, previendo las críticas al fraude electoral, el canciller Iván Gil emitió un comunicado para denunciar la injerencia extranjera en la elección presidencial. En ese contexto, el dirigente chavista Elvis Amoroso, actual presidente del CNE y antiguo diputado por el chavismo, anunció la victoria de Maduro en la elección presidencial.
Desde el mismo 29 de julio, ha habido masivas protestas en sectores populares y en pleno centro de las principales ciudades del país, incluyendo a Caracas, convocadas espontáneamente para rechazar el fraude de Maduro.
Paralelamente, diferentes gobiernos aliados del chavismo como los presididos por Lula, Petro y López Obrador han pedido el conteo y la verificación de las actas. Igualmente, lo han hecho expresidentes latinoamericanos cercanos al chavismo como Leonel Fernández y Ernesto Samper. Los observadores internacionales del Centro Carter exigieron lo mismo.
En la noche del 29 de julio, María Corina Machado y Edmundo González informaron que tenían en su poder el 73,20%, y que sumadas daban un resultado de 6.275.000 de votos y solo 2.759.000 de votos para Maduro. Una paliza electoral que ratifica el enorme rechazo popular que sufre Maduro y su gobierno.
Además, desde sectores opositores de izquierda y el chavismo crítico, también se denuncia el fraude de Maduro, con pronunciamientos del Partido Comunista de Venezuela y de la llamada Otra Campaña.
Por otra parte, María Corina Machado intenta gestionar la resistencia ante el fraude de Maduro, y la noche del 29 de julio convocó asambleas en los lugares de residencia, en vez de promover manifestaciones centralizadas. La principal líder opositora parece que cree que, al demostrar el fraude a actores internacionales y nacionales, puede generar un proceso de negociación con sectores del chavismo, que terminen reconociendo la derrota de Maduro.
En cambio, estamos seguro de que la única forma de derrotar el fraude de Maduro es promover el fortalecimiento de las manifestaciones populares ocurridas desde el mismo 29 de julio en la mañana, y lograr que se repitan y amplíen muchos gestos de insubordinación y de apoyo de policías y militares a los manifestantes ante las acciones represivas de los colectivos parapoliciales del gobierno.
No obstante, el conjunto de la oposición tradicional sabe que, si la rebelión democrática, que ha empezado a verse en las calles derrota al gobierno autoritarios de Maduro, cualquier futuro gobierno quedará condicionado por una relación de fuerzas políticas y sociales más progresiva a la actual.
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