No obstante, el hartazgo masivo y la desesperación de la población por el deterioro de la vida nacional despertó un descontento que encontró en la inédita unidad de los partidos de oposición, a través de la figura de Maria Corina Machado y su movilización por el país, así como en la convocatoria a participar en las elecciones del 28 de julio, un resquicio de esperanza para enfrentar electoralmente al madurismo. / Venezuela: Una elección inverosímil y el riesgo en la región
En el 2018 se llevaron a cabo las últimas elecciones presidenciales en Venezuela en las que Nicolás Maduro fue reelegido para completar lo que sería su segundo mandato en el poder. En estos comicios, la participación cayó al 46% del padrón, como consecuencia de la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –la principal coalición opositora– de no participar en el proceso electoral por considerar que las instituciones venezolanas no garantizaban la transparencia e imparcialidad necesarias y carecían, por lo tanto, de legitimidad.
Para entonces, hubo una abstención del 54,27%, es decir, un aumento del 63% en relación con la abstención de las elecciones anteriores del 2013. Por su parte, Nicolas Maduro fue reelecto con el 30,44% y el 15,29% restante estuvo distribuido entre otros candidatos.
Desde entonces, el ambiente nacional ha transitado por una apatía generalizada que va ligada a la severa crisis orgánica que afecta la vida económica, social y política, desencadenando una de las crisis migratorias más importantes del siglo XX en el mundo, en la que, de un país de 30 millones de habitantes, más de 7,7 millones han emigrado en condiciones infrahumanas en busca de protección y una vida mejor, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Vulneración sistemática de las garantías democráticas de participación electoral
En 2023, tras la presión internacional, se firmó el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos, conocido como el Acuerdo de Barbados, un pacto generado entre el gobierno y la oposición venezolana para establecer garantías electorales y derechos políticos. Aunque la firma del Acuerdo significó la reactivación progresiva de la movilización social, el mismo ha sido violado repetidamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con partidos políticos venezolanos, han denunciado en reiteradas ocasiones el uso de la desinformación y la parcialidad de las instituciones del Estado, así como amenazas de muerte y agresiones físicas a rivales políticos.
Durante el periodo de actualización del registro electoral de las elecciones del 28 de julio, se presentaron retrasos importantes sin ninguna justificación. En el exterior del país, fueron solicitados requisitos restrictivos no contemplados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Por lo que, de los 5,5 millones de venezolanos en el extranjero que estarían habilitados para votar, solo 69.211 electores pudieron inscribirse o actualizar sus datos en embajadas venezolanas de todo el mundo.
El jueves 4 de julio del 2024, iniciaron oficialmente las campañas electorales en una Venezuela marcada por la inestabilidad, contexto que funciona como caldo de cultivo para la desmotivación de un pueblo que sobrevive ante las penurias de una economía fracturada y la desconfianza hacia sus instituciones públicas.
En cada ciudad que visitaba Maria Corina Machado, –quien, por cierto, está inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral– las fuerzas policiales sancionaban y cerraban los establecimientos comerciales como restaurantes y hoteles ocupados por su equipo, de igual manera son numerosos los arrestos documentados a sus dueños, así como a ciudadanos que habilitaban sus hogares para que pernoctara la líder de la oposición durante su gira nacional en pequeñas ciudades y poblados de Venezuela.
Por su parte, la campaña oficialista enfrentó numerosas denuncias por uso indebido de recursos públicos para promover la candidatura de Maduro y la generación desenfrenada de noticias falsas. Este tipo de medidas violatorias de la constitución nacional, fueron evidentes incluso durante el día de la elección con cierres de las fronteras territoriales e impedimentos para que aterricen vuelos de líneas comerciales como Copa Airlines en los que venían testigos invitados por la oposición.
No obstante, el hartazgo masivo y la desesperación de la población por el deterioro de la vida nacional despertó un descontento que encontró en la inédita unidad de los partidos de oposición, a través de la figura de Maria Corina Machado y su movilización por el país, así como en la convocatoria a participar en las elecciones del 28 de julio, un resquicio de esperanza para enfrentar electoralmente al madurismo, lo cual fue documentado a través de redes sociales y medios internacionales, ante la constante censura de los canales nacionales todos cooptados por el gobierno nacional.
Las encuestas y mediciones a boca de urna reflejaron lo que se veía en las calles
Ante la inhabilitación electoral de Maria Corina, en su momento se propuso a la doctora Corina Yoris en su lugar como candidata de la Plataforma de la Unidad, pero tras cerca de 72 horas del inicio del proceso de postulación de candidaturas presidenciales, el sistema digital del Consejo Nacional Electoral (CNE) de forma arbitraría e ilegal no otorgó las claves de validación para que los responsables de las tarjetas postulen a Yoris.
Por lo que, a tres meses de la cita electoral, el exdiplomático Edmundo González Urrutia fue el designado, por haber enlistado su nombre con anterioridad, aunque sin ninguna intención de ser el candidato presidencial. Su decisión fue para ocupar la tarjeta de la Plataforma Unitaria y no perder el espacio en el tarjetón electoral, mientras transcurría el tiempo en que los partidos de oposición encontraban el consenso en la postulación de un candidato. Este fenómeno ocasionó que expertos y observadores hayan empezado a vislumbrar oportunidades reales de que sucediera el cambio político.
Encuestadoras con reconocida trayectoria internacional como Edison Research, la cual ha estado presente en casi 70 procesos electorales alrededor del mundo, publicó resultados preliminares a boca de urna que proyectaban a Edmundo González con 65%, mientras que Nicolas Maduro obtenía un 31% y el 4% restante estaba distribuido entre los demás candidatos.
Esto daba cuenta de lo que se viralizaba en redes sociales a través de videos en cientos de mesas electorales en distintos Estados de la República anunciando los resultados por parte de los funcionarios de casillas de cada centro electoral; esto, una vez que cerraba la votación e iniciaba el escrutinio reglamentario para constatar que el acta emitida concordaba con el conteo.
La Exit Poll realizó un levantamiento en todo el país con datos preliminares de 6.846 votantes entrevistados en 100 centros de votación con un margen de error del 2%, llegando a una tasa de respuesta favorable a la Plataforma de la Unidad del 70%. En los días previos a la elección, encuestadoras como Control Risks arrojaban que la intención del voto estaba en más de 60% de la intención del voto a favor de Edmundo González y, además, anticipaban que el principal obstáculo en este punto sería que el oficialismo reconozca los resultados y asumiera el proceso de transición democrática.
En general, la jornada electoral presentó masivas filas, lo que no se veía desde las elecciones del 2006 o la del 2012, incluso hubo centros que presentaron votantes desde la noche anterior y en sectores populares de la capital, que otrora se reconocían como bastiones de la revolución, en esta oportunidad otorgaron la victoria a Edmundo González por márgenes de más del 60% en todas las mesas electorales de las que se tiene evidencia visual a través de las redes sociales.
Delsa Solórzano, testigo principal de la Mesa de la Unidad designada por el candidato Edmundo González ante la Junta Nacional Electoral, denunció públicamente que de manera ilegal se le impidió acceder al CNE, como correspondía de acuerdo con lo establecido en la ley electoral. De la misma forma, no ha recibido las actas que sustentan el resultado electoral. En esa misma línea, fueron restringidos distintos organismos internacionales, entre ellos los observadores de la Unión Europea y testigos de distintos países invitados por la Mesa de la Unidad, como corresponde por ley para formar parte del proceso y su legalidad, incluyendo entre estos a políticos y expresidentes provenientes de países como Chile, México, Panamá, Costa Rica, Argentina, entre otros. Todo esto al margen de la ley, a través de medidas injustificadas como denegar la autorización de despegue o aterrizaje a vuelos comerciales, así como ejecutando deportaciones ilegales a quienes lograron llegar al aeropuerto Simón Bolívar de La Guaira.
Transcurrido el tiempo de votación y pasadas seis horas de espera tras el cierre de los centros electorales del país, el Consejo Nacional Electoral salió a emitir los resultados irreversibles, afirmando, en primera instancia, un hackeo masivo al sistema, razón por la cual justificaron que no habían emitido ningún acta al momento del anuncio y al día 29 de julio, no ha habido ninguna prueba que constate que Nicolas Maduro haya logrado superar a Edmundo González con el 51% de los votos. Ante la ausencia de información, las protestas son crecientes en distintas ciudades de Venezuela y la comunidad internacional solicita la transparencia del proceso para determinar su legitimidad.
La más reciente declaración de la Mesa de la Unidad, realizada el lunes 29 de julio a las 06:00 p.m. (hora Venezuela), fue para informar que tienen en su poder la información del 73,20% de las actas emitidas, las cuales certifican que Edmundo González tiene 6,276,182 votos, mientras que Nicolas Maduro obtuvo 2,759,256 respectivamente. Además, continúan recibiendo la información de las actas que faltan y están alojando esta información en la siguiente página web para el reconocimiento del público en general: https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/
Los riesgos que representa para América Latina y el Caribe
La desesperación del migrante venezolano ha llevado a familias enteras, jóvenes e incluso niños a tomar camino a pie a través de zonas de conflicto, reservas naturales y carreteras de todo el continente. Se han originado marchas de migrantes que, caminando, realizan grandes recorridos desde Venezuela hasta México, bajo la consigna de llegar a la frontera con Estados Unidos, o bien hasta llegar a Chile. Esta situación ha ocasionado un colapso en distintas localidades de América Latina que han enfrentado un impacto en sus economías locales, así como en su capacidad de asistencia y control migratorio.
Los efectos colaterales de las migraciones masivas son una de las consecuencias que los expertos anticipan ante conflictos políticos como el venezolano. Así como los organismos internacionales calculan un retorno de millones de venezolanos en caso de que haya un cambio político en Venezuela, también se estima que, en caso contrario, un tercio de la población venezolana posiblemente incursione en la que sería la cuarta gran ola de migración que impactará inicialmente a los países vecinos y, paulatinamente, a los países de Centroamérica y Norteamérica, especialmente a México, por su condición fronteriza con Estados Unidos.
Finalmente, en términos políticos, la contracción económica aupada por la inestabilidad política ha sido uno de los grandes temas que dificultan el desenvolvimiento de periodos de estabilidad y crecimiento que tanto necesita la región en su conjunto que enfrenta dificultades que han afectado las condiciones objetivas de desarrollo.
¿Quién es?*
Javier Santiago Gutierrez
Politólogo por la Universidad de los Andes, Venezuela y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, México. Investigador de procesos políticos e instituciones sociales de América Latina.
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