En el caso del recorte de 950 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello exagera al decir que ello pone en riesgo la autonomía de este organismo.
Es una expresión hasta temeraria, considerando que además refirió:
“Lo que pasa es que si hoy estamos en pláticas con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Hacienda tratando de encontrar una solución es porque nos colocaron la Cámara de Diputados en una situación crítica, por eso hablamos de un recorte irresponsable, porque pone en riesgo las funciones del instituto y eventualmente podría poner en riesgo la autonomía. Si eso se convierte en el modus operandi de aquí en adelante, vamos a estar en una situación muy delicada”. ( http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/autonomia-del-ine-esta-en-riesgo-por-recorte-presupuestal-cordova )
Ups. ¿Modus operandi de parte de quién? ¿De las dependencias citadas o del INE?
Veamos el significado de autonomía: “Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros.”; “Facultad o poder de una entidad territorial, integrada en otra superior, para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos”.
Y bueno, la Constitución General define al INE como “un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”. Añade que: “La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales…” Y “en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores”.
Relacionando tales conceptos con lo dicho por Lorenzo Córdova, ¿quiere decir que por dinero el INE estaría supeditado al Ejecutivo o a Morena? ¿Dinero para el funcionamiento del Instituto o para satisfacer demandas de las y los consejeros electorales del Consejo General?
Habría que diferenciar. Porque en ocasiones las y los consejeros exageran, empezando con sus viajecitos al extranjero para participar en foros y cuánta cosa. Incluso, a veces va más de uno al mismo destino y hasta semanas completas. Y aprovechan para turistear.
Suprimiendo viajecitos de tal naturaleza, o reduciendo el número de los mismos, bien que pueden hacerse ahorros. Y en esos viajes ¿quién paga el hospedaje y comida? ¿El INE o los organismos extranjeros que invitan a los consejeros electorales mexicanos?
Lo mismo pasa cuando andan en sus recorridos en las entidades federativas. Con sus excepciones, los OPL registran los gastos de la comida, hospedaje y demás de los consejeros del Consejo Genera del INE. ¿Y éstos lo registran a cargo del presupuesto del Instituto?
¿La situación es similar en cuanto a la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, integración de las mismas, incluyendo los procedimientos de insaculación, además de la ubicación e instalación de las mismas?
Hay OPL que aportan financiamiento para tales tareas cuando se trata de elecciones locales, y también cubren los gastos de actualización del padrón electoral y de la lista nominal para usar estos documentos en los comicios de la entidad federativa de que se trate.
Así lo han ventilado públicamente algunos OPL. Entonces, ¿por qué tanto lloriqueo de consejeros del Consejo General del INE por el recorte presupuestal para 2019? ¿No será más bien malestar porque quizá pierdan su control y manipulación sobre los Organismos Públicos Locales?
Por lo menos en aquellos de las entidades federativas donde este año habrá elecciones locales ordinarias: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Además, de Puebla donde habrá elección extraordinaria a la gubernatura.
Por cierto, si bien la Constitución General, en su artículo 41, precisa las facultades del INE en comicios locales, entre las cuales se encuentra la de capacitación y la ubicación e integración de las casillas, también en el Octavo Transitorio de la reforma del 2014 se establece lo siguiente:
“OCTAVO.- Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos públicos locales.”
De-le-ga-das. O sea, desde un principio los OPL (los institutos estatales electorales) debieron realizar tales funciones, pero el INE las reasumió de inmediato.
¿Por qué? Tal vez bajo el argumento de acotar la injerencia de los poderes locales y de los propios partidos políticos. Objetivo que no se logró del todo; en algunos OPL los consejeros están a las atentas órdenes del partido gobernante o del mejor postor.
Y además ha derivado en un control central. Es el momento oportuno de revisar si ha funcionado o no el esquema de INE y OPL. Incluso, vale la pena un texto ex profeso.
Retomando el tema: El INE tiene exceso en gastos. Habría que reciclar las urnas electorales y mamparas para ahorrar y evitar la impresión de instructivos y cuadernillos de capacitación en papel caro; incluso, en algunos OPL se ha escuchado la queja en relación a la orden del Instituto de usar el papel costoso.
También es necesario evitar la contratación de personal ocioso solamente porque tienen alguna relación con funcionarios o consejeros del INE. En fin, que si tienen voluntad bien que pueden hacer ahorros. Y como prueba está la devolución de dinero que en años anteriores ha hecho el Instituto a la Tesorería de la Federación, por alguna razón.
El recorte presupuestal no debe ser pretexto para comprometer la autonomía del INE, y entre comillas “autonomía” porque en el Consejos General bien que bailan al son que les toquen haya recorte o no. Claro, en algunas ocasiones han actuado impecablemente para salvar la honra.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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