La Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), se reunió con Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objeto de conocer los avances y funcionamiento de dicho instrumento.
La diputada Carrasco Godínez destacó la importancia de saber qué medidas se emprenden y el escenario que se vislumbra. “Esta Comisión tiene y reitera su compromiso en la lucha por el respeto de los derechos humanos de todas las personas del país y, en este caso, de periodistas y personas defensoras”.
Reconoció que todavía hay muchos retos por cumplir y uno de ellos es lograr la aprobación de la iniciativa que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención y protección ante agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Comentó que en abril del año pasado la Comisión presentó dicha iniciativa, misma que se aprobó el pasado 25 de enero, pero la discusión en el Pleno no se ha dado por lo que continuamos trabajando en ello. “En las últimas sesiones del periodo pasado el dictamen se enlistó para su discusión: sin embargo, por acuerdos políticos se ha ido aplazando”.
En este sentido, informó que envió un oficio a la Junta de Coordinación Política para que considere como prioritaria su discusión en el periodo ordinario de sesiones que está por iniciar.
Participación de diputadas
La diputada Sofía Carvajal Isunza (PRI) dijo que el incremento de personas protegidas indica que las causas de fondo no están siendo atendidas. Consideró que los atentados contra periodistas y defensores no son sucesos aislados.
A su vez, la diputada Marisela Garduño Garduño (PT) afirmó que la Comisión se pone a la orden para coadyuvar en esta tarea y continuar en la defensa de activistas, cuyo único delito es denunciar casos de corrupción.
Del PRD, la diputada Gabriela Sodi destacó la importancia de señalar y visibilizar que ya no sólo se trata de periodistas y defensores, ahora sus familiares son amenazados de muerte e involucrados en acciones delictivas fabricadas para presionar la libertad de expresión. Se pronunció por promover un punto de acuerdo para que los estados armonicen y legislen en materia de protección.
Vía plataforma digital, la diputada Marisol García Segura (Morena) invitó a hacer lo necesario para fortalecer los derechos de periodistas y defensores. Destacó la falta de homologación en la materia entre el nivel federal y municipal, y solicitó información sobre cómo ha sido la coordinación en los casos que enfrentan.
También vía remota, la diputada Leticia Chávez Pérez (MC) dijo que a un año de terminar la Legislatura urge dejar certeza, claridad y fortalecer las medidas de protección, prevención y acciones del Mecanismo. Puntualizó que es necesario dar más independencia jurídica y un presupuesto propio a este instrumento, y preguntó cuál sería la cantidad que requiere.
Vía zoom, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) consideró que sí hay avances en cuanto al acceso a la justicia. “Coincido en que desde la Cámara de Diputados se tiene que vigilar a las entidades federativas o hablar con los diferentes Congresos para poder armonizar el Mecanismo”.
Vía plataforma digital, también de Morena, la diputada Inés Parra Juárez estimó que existe un Mecanismo muy parcial por parte de la Secretaría de Gobernación que protege pero deja en libertad a los agresores y no son investigados, procesados y menos castigados, por lo que “urge hablar sobre el tema de reformas a las fiscalías, revisar su función y resultados”.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI, comentó que el Mecanismo es un auxiliar en esta crisis de violencia que están viviendo comunicadores y defensores. “Reconocemos que se pueda proteger a más dentro de este Mecanismo: sin embargo, lo ideal no es cuántos estén adentro, sino cuántos ya no deban ser atacados”.
El Mecanismo debe ser un pilar fundamental de la política nacional
Enrique Irazoque Palazuelos dijo que el Mecanismo de Protección debe ser un pilar fundamental de la política nacional que llegue a los territorios que más lo necesitan, y destacó la necesidad de contar con una reforma constitucional que otorgue claridad en la obligación que tienen los municipios, estados y la Federación.
También para crear un espacio de coordinación y un cambio jurídico del Mecanismo de Protección, es decir “dejemos de ser un mecanismo de Protección Federal para convertirnos en un Mecanismo de Protección Nacional que pueda emitir resoluciones vinculantes y obligatorias para estados y municipios”, añadió.
Consideró relevante estructurar una política de prevención a nivel nacional y contar con un programa nacional de prevención para cubrir los requerimientos en las 32 entidades de la República.
“Hay que seguir trabajando por un Mecanismo de Protección Federal más fuerte y pensar en una política nacional con visión de Estado. Necesitamos sumar esfuerzos entre las entidades federativas y los municipios para generar políticas de Estado”, subrayó.
Respecto al presupuesto, puntualizó que para el próximo año se requiere, como mínimo, una cantidad de 800 millones de pesos.
Mencionó que, de acuerdo con información recopilada por la Secretaría de Gobernación, hasta este momento se han contabilizado 58 asesinatos de periodistas, dos en diciembre de 2018, 14 en 2019, 17 en 2020, nueve en 2021, 23 en 2022 y 13 en lo que va del año en curso.
Por lo que respecta a personas defensoras de derechos humanos, hasta este momento se contabilizan 107, agregó.
Consideró que la guerra contra el narcotráfico redistribuyó la violencia en muchas zonas del país, lo que no sólo afecta a ciertos sectores como el rubro de la agenda de personas desaparecidas, de víctimas de tortura y también volvió víctimas a personas defensoras de derechos humanos.
Afirmó que entre los factores de riesgo son la impunidad, la corrupción y colusión de autoridades municipales que juegan un rol importante; más de 40 por ciento de las agresiones son cometidas por autoridades municipales.
Informó que hasta el momento hay más de 600 periodistas integrados al Mecanismo, de los cuales 161 son mujeres y 443 hombres; hay mil 179 personas defensoras, además de 387 familiares de ambos sectores. El Mecanismo integra la protección de todos los núcleos familiares de los involucrados.
Comentó que los estados con más integración de personas son: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Jalisco.
Entre las medidas de protección mencionó que hasta el momento se han entregado más de mil 513 botones de asistencia, 72 servicios de escolta distribuidos en todo el país, lo que representa 229 elementos de seguridad, se han reubicado personas y existen 82 refugios de seguridad.
Mencionó que Durango, Estado de México, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí cuentan con fiscalías especializadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos; por su parte Baja California, Chiapas, Coahuila, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz tienen fiscalías especializadas para periodistas.
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