CIUDAD DE MÉXICO.- Será para finales de este año cuando la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona emitirá su decisión final sobre la demanda del Gobierno de México en contra de cinco tiendas de armas cuyos productos recurrentemente se encuentran en escenas de crimen en el país, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sobre este Litigio de Arizona, iniciado el 10 de octubre de 2022, México presentó una nueva demanda donde alega que estos distribuidores reciben las armas de fuego de los fabricantes y luego, de forma rutinaria y sistemática y que se dedican al tráfico ilícito de armas, incluso de tipo militar, proporcionándolas a organizaciones criminales de México.
Acciones siguen calendario procesal
En respuesta a un punto de acuerdo promovido por la diputada del PAN, Noemi Berenice Luna Ayala, la Cancillería aseguró que cada una de las acciones emprendidas por el Gobierno de México siguen su propio calendario procesal, al que las áreas facultadas de la Secretaría se encuentran dando puntual seguimiento, presentando en tiempo y forma las acciones correspondientes.
De esta demanda en curso, explicó que las tiendas demandadas presentaron como respuesta una solicitud para que el caso sea desechado.
No obstante, México presentó la réplica a las empresas demandadas el 28 de marzo, dando comienzo al periodo de análisis de la Corte, en el que podrá fijar una audiencia para escuchar argumentos orales de ambas partes emitiendo su decisión final para fines de 2023.
El documento destaca que, desde el ámbito multilateral, México también ha emprendido varias acciones de naturaleza legal como el Sistema Interamericano, que ha impulsado que Estados Unidos y Jamaica ratifiquen la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA).
Además, la participación en la Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que el país propuso conversar sobre el respeto y garantía de los derechos humanos ante actividades de empresas de armas en las Américas; también solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para analizar si las entidades privadas que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego tienen responsabilidad internacional si vulneran derechos humanos y actúan con negligencia o sin el debido cuidado.
Con información de Quadratín CDMX
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