Habían pasado minutos desde la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump, el pasado viernes, cuando las máximas autoridades de California anunciaron la presentación de una demanda para frenarlo en los tribunales. Esa demanda se registró este lunes en San Francisco, después de reunir una coalición de 16 Estados que tratarán de impedir que el presidente utilice su poder ejecutivo para desviar fondos hacia la construcción de un muro en la frontera con México, unos fondos que le ha negado el Congreso por acuerdo de los dos partidos.
En la demanda, los Estados argumentan que la decisión de Trump excede los poderes del Ejecutivo, viola la Constitución y desvía de manera ilegal fondos autorizados por el Congreso para ser gastados en otras partidas. Además, se declaran como perjudicados porque los fondos que se van a la construcción del muro estaban dedicados a seguridad.
Junto a California, firman la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Virginia, todos ellos gobernados por demócratas. California y Nuevo México, los únicos Estados fronterizos que firman la demanda (los otros dos, Arizona y Texas, están gobernados por republicanos) argumentan además que la construcción afectaría a su medio ambiente y sus recursos naturales.
La construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos está en el origen del enfrentamiento de Trump con el Congreso de Estados Unidos. La promesa estrella del presidente en su campaña de 2016 nunca tuvo apoyo mayoritario ni siquiera en el Partido Republicano. Los expertos calculan que el proyecto de Trump podría alcanzar los 20.000 millones de dólares.
El presidente quiere 5.700 millones al menos para empezar. Durante dos años, el Congreso le ha negado a Trump los fondos para construir ese muro. En el último enfrentamiento, Trump asumió personalmente que el Gobierno dejara de funcionar durante más de un mes porque se negaba a aceptar un acuerdo presupuestario que no incluyera fondos para el muro. Finalmente, Trump cedió.
En la nueva negociación, hubo un acuerdo de republicanos y demócratas en el Congreso que de nuevo dejaba fuera el muro. Trump firmó ese acuerdo, pero al mismo tiempo emitió una declaración de emergencia nacional para desviar fondos por decreto para la construcción del muro. La declaración de emergencia nacional es una figura jurídica pensada para momentos de especial gravedad o urgencia que permite al Ejecutivo desviar a gastos extraordinarios fondos asignados por el Congreso para otras cosas, sin tener que pasar por los trámites legislativos.
Se ha utilizado más de medio centenar de veces en los últimos 40 años, en ocasiones como la crisis de los rehenes en Irán o los ataques del 11 de septiembre.
Esta declaración de emergencia nacional para construir un muro, sin embargo, no tiene respaldo de los partidos en Washington.
La denuncia pide que la declaración de emergencia sea declarada inconstitucional porque viola la separación de poderes, viola la potestad exclusiva del Congreso para autorizar gastos y excede la autoridad del poder ejecutivo. Además, pide que se prohíba permanentemente la construcción de un muro sin que haya una partida presupuestaria del Congreso específica.
“El presidente Trump se inventa una crisis y declara una ‘emergencia nacional’ ficticia para hacerse con poder y debilitar la Constitución”, dijo el nuevo gobernador de California, Gavin Newsom. “Esta ‘emergencia’ es una desgracia nacional. En vez de centrarse en luchar contra los verdaderos problemas a los que se enfrentan los americanos, el presidente está utilizando el cargo más alto de Estados Unidos para atizar las llamas de la xenofobia. Nuestro mensaje es claro: California no tomará parte en este teatro político. Nos vemos en los tribunales”.
“Hoy, en el Día del Presidente (la fiesta federal que se celebraba este lunes), llevamos a los tribunales al presidente para frenar el mal uso del poder presidencial. Denunciamos al presidente Trump para evitar que robe fondos de los contribuyentes legalmente asignados por el Congreso a nuestros Estados”.
En la presentación pública de la denuncia, el pasado viernes, Becerra afirmó que el presidente es su “mejor testigo” a la hora de argumentar ante los jueces que la declaración de emergencia es un capricho inconstitucional. Ante la prensa, Trump reconoció que “no tenía necesidad de hacer esto”.
Trump, además, reconoció abiertamente que contaba con que hubiera una demanda en los tribunales, que esa demanda sería recurrida y que acabaría en el Tribunal Supremo. “Ha dejado claro que depende del Tribunal Supremo para salirse con la suya”. Gracias al bloqueo de la renovación del Tribunal Supremo orquestado por los republicanos en el Senado en 2016, Donald Trump ha podido nombrar a dos magistrados del Alto Tribunal, de forma que hay una sólida mayoría conservadora.
con información de el pais
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