- La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la resolución de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado es pionera en el pronunciamiento sobre la jurisdicción indígena en nuestro país.
Desde la conformación de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a la fecha, se han analizado diversos asuntos que han trascendido a nivel nacional, ejemplo de ello, es el juicio de derecho indígena 1/2016 donde por primera vez en la historia de nuestro país, un tribunal valida la resolución de una comunidad nativa a consecuencia de un conflicto interno, señaló en entrevista el titular de dicha sala, magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar.
“La respuesta tradicional del Estado fue criminalizar el ejercicio de autoridad que tienen los pueblos indígenas de resolver sus conflictos de acuerdo a sus procedimientos y formas. Por ello, esta Sala de Justicia Indígena intervino y le señaló tanto al juez de control como al fiscal, que no se estaba en presencia de un delito sino de la libre determinación de estos pueblos y comunidades, por tanto, las autoridades tradicionales involucradas no habían vulnerado ningún derecho fundamental, ni la constitución o los tratados internacionales y en consecuencia se validó la decisión de esa comunidad”, indicó.
En este sentido, el magistrado mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que esta resolución es pionera en el pronunciamiento sobre la jurisdicción indígena en nuestro país, la cual será referente para otros tribunales.
Cordero Aguilar, expuso que para la resolución de este tipo de casos se requiere conocimiento y apertura para juzgar con perspectiva indígena tomando en cuenta el contexto pluricultural del territorio oaxaqueño en el cual conviven actualmente 18 grupos étnicos de los 65 que hay en México.
Asimismo, puntualizó que como estos casos existen otros de igual relevancia que tienen que ver con la validación de sus sistemas normativos, con el desplazamiento de sus localidades, mismas que fueron ordenadas por las autoridades comunitarias, entre otras.
De esta manera, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del TSJE que encabeza la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, ratifica su compromiso de garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades de Oaxaca, tomando en cuenta que lo ideal es la mínima intervención del Estado para manifestar sus derechos, es decir, que sean ellos los que resuelvan sus conflictos o problemas al interior de sus comunidades bajo sus propias normatividades.
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