Guadi Calvo*.
El gobierno de Sri Lanka continua con la agenda de políticas anti islámicas ejerciendo discriminación, acoso y violencia contra esa comunidad, lo que se incrementó desde 2013, tras los ataques coordinados del domingo de Pascuas de 2019, que dejaron 290 muertos y 500 herido. Al tiempo que Colombo, amparándose en que la constitución de 1978 otorga al budismo el principal lugar en lo religioso del país y que el Estado tiene el deber de protegerlo, por lo que tiene la excusa para incentivar el nacionalismo cingalés-budista, etnia y religión que representa más del setenta por ciento de los casi 22 millones de esrilanqueses.
Desde aquellas Pascuas, la discriminación contra los musulmanes, que representa cerca del diez por ciento de la población, ha ido en constante aumento registrándose ataques de turbas, “muy bien organizadas”, contra viviendas y comercios pertenecientes a esa minoría. Este tipo de acciones nunca han sido castigadas, sino todo lo contrario, ya que los fanáticos budistas, se siente totalmente respaldados por el gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa, que, desde su asunción en 2019, ha seguido aplicando las mismas políticas de su antecesor, Maithripala Sirisena (2015-2019).
El gobierno de Rajapaksa, ha utilizado la pandemia, para seguir hostigando a los musulmanes, promulgando una norma, apenas se produjo el deceso del primer musulmán, víctima del Covid, el primero de abril del 2020, prohibir el entierro de cualquier persona sospechada de haber muerto por esa enfermedad. Lo que obligaba a la incineración, forzándolos a la comunidad a faltar a sus estrictos ritos funerarios, sin que ninguna evidencia científica avalara la teoría de que enterrar a las víctimas de esa enfermedad alentaría su propagación. Los musulmanes, rechazan la cremación, ya que creen en la resurrección de los cuerpos. Dada la presión internacional esta normativa sería revertida. Por su parte el Parlamento debate la prohibición del uso del niqab (un velo facial completo que solo deja al descubierto los ojos) al tiempo que se aspira a prohibir la actividad de las madrassas (escuelas coránicas).
Las acciones anti islámicas, de los sucesivos gobiernos de Sri Lanka, se profundizaron a partir del 2013, cuando terminó con éxito, la campaña de los grupos nacionalistas para impedir la fabricación de alimentos considerados halal, en referencia a los rigurosos procedimientos que establece la sharia para la elaboración de comestibles, invadía los derechos religiosos de otros y que estaba financiando de manera encubierta, a los grupos fundamentalistas musulmanes. Por lo que, desde entonces, dicha certificación de halal en el etiquetado ha desaparecido. Durante aquella campaña se produjeron ataques contra mezquitas y comercios musulmanes, que nunca fueron esclarecidos y cuyos responsables se desconocen. Tal como sucedió en 2014 cuando las acciones anti musulmanas, protagonizadas por los mismos grupos nacionalistas estallaron en las ciudades costeras de Beruwala y Aluthgama, donde más allá de innumerables pérdidas materiales murieron cuatro personas y otras ochenta resultaron heridas.
En los años sucesivos, a pesar de que el entonces nuevo gobierno de Wickremesinghes, había prometido investigar los ataques contra las minorías étnicas y religiosas, las acciones violentas contra los musulmanes, después de un breve interregno se continuaron. En 2017 cuando grupos vinculados a la Bodu Bala Sena (BBS) o Ejército del poder budista, una organización de extrema derecha, desplegaron acciones terroristas en la ciudad de Ginthota y en 2018, se replicaron en las ciudades de Digana y Ampara, sin que los culpables fueran castigados.
Tras los atentados de aquel domingo de Pascuas, la aversión contra el islam, escaló a todavía más, por lo que, en mayo de ese año, durante Ramadán, la comunidad islámica en varias ciudades de la provincia noroccidental de Sri Lanka fue atacadas. Lo mismo que diferentes mezquitas de la isla.
Las autoridades cingalesas también han utilizado la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), que permite que la detención de sospechosos, sin evidencia durante tres meses sin presentarse ante la justicia, herramienta utilizada de manera constante contra la minoría islámica. Habiéndose registrado detenciones contra figuras destacadas de esa comunidad, como abogados e intelectuales, por más de quince meses.
En los días posteriores a los ataques de Pascual, fueron más de dos mil musulmanes detenidos, gracias a las leyes de emergencia y terrorismo, de los que la enorme mayoría, no se contaba con pruebas para ser encarcelados, y lo único que las autoridades pudieron argumentar que tenían un Corán, o algún texto escrito en árabe. Por lo que el gobierno estableció también programas de desradicalización, para aquellos que profesan una religión fundamentalista. Lo que a todas luces se observa que fue puesta solo para los ciudadanos musulmanes. Lo que permitió encerrar a cientos de ellos en campos de “especiales” durante más de un año.
Cómo esconder una crisis detrás de una mezquita.
Si bien el presidente Rajapaksa, cuenta con una larga historia anti islámica, considerando que ya desde el gobierno de Mahinda Rajapaksa (2005-2015), hermano del actual, se alentó la violencia interétnica e interreligiosa.
La irrupción de la pandemia, que ha provocado la caída a pique de la economía del país, particularmente en el área del turismo que ocupa más de 200 mil personas de manera directa, además de la acuciante deuda externa, prácticamente obligó a Rajapaksa, a culpar a los musulmanes de todos los males de la nación. Para ello se ha apoyado en el mahanayake (alto dignatario) budista, Galagoda Gnanasara, líder del Bodu Bala Sena a quien designó en octubre pasado, a pesar de haber estado muchos años enfrentados, para que dirija un grupo de trabajo sobre reformas legales, para combatir la discriminación y garantizar los valores humanitarios. Tal designación ha sido interpretada como una provocación, ya no solo a los musulmanes, sino a todas las minorías del país, como la etnia tamiles, hindúes y cristianos, en su mayoría, cuyo brazo armado los Tigres de la Liberación de Tamil, (Eelam) han librado una guerra separatista desde 1983 a 2009 años, que dejó cerca de cien mil muertos, contra los sucesivos gobiernos de mayor o menor grado, siempre budistas. Conflicto en que la colectividad musulmana se mantuvo siempre a favor del gobierno central.
El nombramiento de Gnanasara, quien estuvo condenado a seis años de prisión por desacato y amenazas en 2018, pero fue indultado a los seis meses por el entonces presidente Sirisena, ha sorprendido incluso los nacionalistas ya que el monje fundamentalista se ha caracterizado por su discurso de odio particularmente contra los musulmanes, habían pasado a la acción en múltiples ocasiones. Los más críticos han calificado el nombramiento como irracional e incomprensible.
Entre las campañas mediáticas encaradas por Gnanasara, y respaldadas por el gobierno de Gotabaya Rajapaksa, propagan teorías como que el crecimiento de la población musulmana superaría a la cingalesa; lo que le daría la posibilidad de convertir al país al islam, al tiempo que empresas de dueños musulmanes, distribuían, subrepticiamente, productos para esterilizar a los cingaleses, para impedir el crecimiento de su población. Además, Gnanasara, acusó sin pruebas, a los entonces ministros musulmanes Rishad Bathiudeen y Azath Salley, acusándolos de estar involucrados en los ataques de Pascua, de lo que todavía no ha presentado ninguna evidencia. A pesar de ello y tras ser demostrado que no tenían ninguna relación con los hechos de los que la acusan el ex ministro Bathiudeen, enfrenta cargos por terrorismo y extremismo. Por su parte, recién el pasado dos de diciembre, Salley, después de haber pasado ocho meses en prisión fue liberado por falta de pruebas.
La investigación amañada de los ataques de 2019, han hecho que, con el apoyo del Papa Francisco, el cardenal Malcolm Ranjith, el arzobispo de Colombo, pidiera una investigación internacional. Por lo que más tarde, la policía interrogó durante tres días a uno de los principales asesores del cardenal. Mientras las políticas de provocación continúan, recientemente el gobierno prohibió la matanza de ganado, industria dominada por musulmanes y que va en contra de los preceptos budistas.
Sin duda, de existir un manual para una guerra religiosa, llevaría la firma del mahanayake Gnanasara y la de su aliado “espiritual”, el Primer Ministro indio Narendra Modi, otro fundamentalista religioso, que ha provocado en su país una escalada de odio y persecución, contra los musulmanes, que preanuncia lo peor.
*Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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