Las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras solicitaron este jueves a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que inicie una investigación sobre las declaraciones inhibitorias contra la libertad de expresión hechas por el gobernador Javier Corral Jurado.
En un comunicado conjunto, pidieron que particularmente se indague lo expresado por el mandatario estatal en contra de El Diario de Juárez, El Diario de Chihuahua y la Opción de Chihuahua.
Ambas asociaciones llamaron a que Corral Jurado cese los discursos y actos intimidatorios contra los medios de comunicación mencionados.
Además exhortaron al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas estar atento a este tipo de agresiones legales e implemente medidas preventivas.
Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras solicitaron al Poder Judicial de Chihuahua como garante del Estado de Derecho, “estar atento y advertir que este tipo de demandas se pueden convertir en un acto de persecución judicial para agredir la actividad de medios de comunicación y periodistas, así como el derecho de toda la sociedad a estar informada”.
Hicieron un llamado al gobernador Javier Corral para que detenga el acoso judicial contra medios de comunicación y periodistas en Chihuahua
“El uso indebido y/o excesivo del aparato normativo y judicial para intimidar la labor que realizan periodistas agrede de manera directa la libertad de expresión y de prensa”, señalaron.
Añadieron que es lamentable que funcionarios públicos recurran con mayor frecuencia al “acoso judicial” para silenciar o callar las voces críticas.
Sostuvieron que las demandas por “daño moral” se han convertido en otro tipo de violencia contra la prensa en México.
“No es la primera vez que el gobernador Javier Corral hace declaraciones amagando con proceder de manera jurídica contra medios de comunicación que evidencian a través de sus investigaciones presuntas irregularidades.
“El pasado mes de agosto declaró públicamente que entablaría demanda civil contra al portal digital La Opción de Chihuahua, señalando que se trataría de una ‘demanda civil histórica’”, sostuvieron Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras.
Puntualizaron que, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público, pues sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”.
Consideraron que la propia naturaleza pública de sus funciones que desempeña como gobernante de un estado, le sujeta a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica.
NTX/VGT
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