Segunda mesa de audiencias públicas sobre la minuta que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis

La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez (PAN), sostuvo que las propuestas que surgieron a partir del Parlamento Abierto dejan de manifiesto la necesidad de revisar la minuta en materia de regulación de cannabis que envió el Senado de la República.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena) comentó que el tema es complejo, por lo que se tiene una gran responsabilidad respecto de la minuta que llega del Senado de la República. “Todavía falta mañana, vamos a ver qué más elementos o fundamentos nos pueden ayudar a tener la sabiduría y claridad para poder escuchar todas las voces y avanzar en el tema”.

Agradeció las participaciones de las y los ponentes quienes expresaron sus opiniones, a fin de que lo planteado sea tomado en cuenta para el dictamen a la minuta.

El senador Emilio Álvarez Icaza (sin partido) precisó que la minuta es un avance moderado, pero aún conserva una herencia e inercia punitivista y prohibitivista. En el Congreso de la Unión “estamos en condición de hacer una proyección que pudiera ser de liderazgo global en la materia. En el paíshay 18 mil personas privadas de libertad que fueron detenidas bajo la acusación de portar entre 6 y 200 gramos de marihuana”.

Se manifestó por abordar el tema desde una perspectiva de derechos y tener cuidado con el instituto que se creará; se sigue tipificando como un delito; la limitación del gramaje y de posesión de plantas en los domicilios particulares es arbitrario y, cuestionó la restricción que se hace de la asociación y reunión a 20 personas. Es un acierto, dijo, mantener el interés superior de la niña y el niño, así como la expresa prohibición para el consumo en escuelas.

Alejandro Madrazo Lajous, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, dijo que mientras el derecho penal se mantenga como una herramienta de regulación de cannabis, nuestros campesinos y nuestros usuarios van a seguir siendo criminalizados. “El derecho penal no sirve en absoluto para avanzar en salud pública ni para proteger los derechos de nadie”, subrayó.

Denunció que existe un abuso de los delitos de posesión simple y posesión con fines, y es a través de éstos en los que selectivamente y en forma discriminatoria se criminaliza a nuestros jóvenes de estratos socioeconómicos más bajos, de poblaciones urbanas y de tez morena.

Por su parte, Martha Liliana Malanche Gómez, especialista de la UNAM, dijo que más que propuesta de prohibición tiene que ser una propuesta de regulación que permita a la persona desarrollar sus capacidades, empezando con las personas de mayor pobreza; “no tiene que ser una norma que reaccione, sino una norma que proponga”, precisó.

Debe relacionarse con un desarrollo humano que implique un desarrollo integral y un proceso sostenible, porque de otra forma no será posible alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible consistente en promover sociedades pacíficas inclusivas y que proporcionen justicia para todos, añadió.

Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE Región Centro, comentó que es necesario que lo que se ha dicho se tome en cuenta para reformular el dictamen y no aprobarlo como llegó del Senado. “Es evidente que este dictamen lo que hace es establecer un régimen que es taxativo para participar en el mercado legal”.

Indicó que desde el CIDE se ha estudiado mucho el uso de delito de posesión simple y cómo operan las policías y los ministerios públicos. “Acabamos de terminar un estudio en donde el 100 por ciento de los casos de detenciones por todas las drogas fueron delitos de posesión simple”.

Alberto Abad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que es necesario regular el tema de cannabis poniendo énfasis en la salud y la seguridad pública, la prevención y la atención. “Alejarnos de las cuestiones punitivas, de una sobrerregulación que resulta en lesión a la esfera jurídica y acercarnos hacia cómo permitir el uso lúdico de manera informada”, destacó.

Jorge Javier Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, dijo que es importante reflexionar sobre cómo regular y abandonar la peor política pública que ha enfrentado el país en un siglo, que ha sido la prohibición de las drogas, la cual no ha cumplido ninguno de los objetivos que se planteó y, sin embargo, ha generado corrupción, violencia y una enorme injusticia.

En las audiencias, también participaron Luisa Conesa, abogada activista independiente a favor de la regulación de cannabis; Nadezhda Rosas Rojas, de la Red Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas; Darío Julio César Mercado Esquivel, secretario del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo; Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia; Eudaldo Rodríguez García, socio director de Compliance Hedge Servicios de Defensa.

Mariana Sevilla de los Ríos, fundadora de México Regula; Raúl Porras Gutiérrez de Velasco, presidente de Cannapeutas, AC; Margarita Garfias, fundadora de Familias y Retos Extraordinarios, AC; Jorge Hernández Tinajero, de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis; Jorge Rubio, fundador de Plataforma Educativa Nabbis; Erick Ponce Flores, presidente del Grupo Promotor de la Industria de Cannabis.

Asimismo, Ricardo Almazan Valencia, socio fundador de CBDbox; José Manuel García Vallejo, presidente de Autocultivo Medicinal en México; Eduardo Hernández Sandoval, de la Clínica del Tabaco; Rodrigo Campuzano, de Grupo Promotor de la Industria de Cannabis; Manuel Ramos Kury, del Centro de Investigación en Bioética y Genética; Gregorio Villarreal, presidente de la Asociación Nacional del Hemp, y José Rivera Pallán, del Movimiento Cannábico Mexicano.