El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que “el sector salud padece una de sus peores crisis por incapacidad e ineficiencia de sus funcionarios, lo que se traduce en un criminal desabasto de medicamentos”, y en esta situación el Gobierno Federal ha optado por crear una empresa paraestatal para la distribución de fármacos.
“En la pésima estrategia para enfrentar el coronavirus, y un Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que funciona aún sin reglas de operación, el Gobierno ha creado ahora una paraestatal para la distribución de medicamentos que, ante lo especializado de la actividad, carece de la capacidad de respuesta que reclama el país ante la emergencia”, indicó en un comunicado.
“En la práctica, estamos ante la primera estatización del sexenio de un sector productivo, como es la distribución de medicinas”, señaló.
El diputado panista sostuvo que la nueva empresa se encargará de movilizar los medicamentos hacia el sector público (IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, etcétera) “con lo que desplaza a la media decena de compañías que han sido acusadas de monopolizar y corromper el manejo de medicamentos”.
“Si el funcionamiento de las paraestatales siempre ha sido problemático, desplazar a empresas en el campo de la medicina y frente a la emergencia mundial del coronavirus, esta virtual estatización resulta irresponsable”, enfatizó.
“Ha quedado demostrado hasta el cansancio que tratar de solucionar problemas a través de paraestatales no únicamente no es la solución, sino que implica un altísimo costo para la población”, agregó.
El legislador detalló que “la problemática que vive la salud en el país es en extremo complicada, toda vez que antes de la pandemia del Covid-19, la falta de planeación, capacidad y profesionalismo en el sector oficial de salud ya nos tenía sin los medicamentos para atender el VIH, el cáncer, las llamadas enfermedades raras, los antihipertensitivos, anticoagulantes, equipos de protección personal, entre otros”.
Refirió que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de dar a conocer el reporte sobre Desarrollo Humano y Covid-19 en México que indica: “El país atraviesa por un problema de desabasto de medicamentos que obedece a los cambios en las reglas de las licitaciones de medicamentos, particularmente las ocurridas entre 2019 y 2020”.
“Menciona que el desmantelamiento del sistema de protección social que manejaba el Seguro Popular y la sustitución por el Insabi, que ha generado confusiones en su operación incluida la compra de medicamentos e insumos para la salud”, apuntó.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) confirmó que, pese a la contingencia, en este año tan sólo el IMSS gastó 13 mil millones de pesos menos que en el mismo periodo de 2019 y señala que no ha sido posible identificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de transparencia por el modelo de asignaciones directas.
“Por lo mismo, la posición adoptada por los diputados de Acción Nacional en el periodo extraordinario no fue producto del capricho, compromisos con las empresas del ramo o una actitud de rechazo automático a todo lo que proponga Morena, sino de la preocupación por la salud de los mexicanos”, dijo.
Romero Hicks ratificó los argumentos presentados el miércoles pasado para el voto en contra de modificar el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, porque “la nueva apertura no resolverá el criminal desabasto de medicamentos de calidad, con oportunidad, transparencia y sin corrupción que padece el país, así como el abatimiento de precios o la entrega oportuna y eficaz de los mismos”.
“Además de no satisfacer el abasto de calidad que requiere el país, abrir la puerta a las importaciones de medicamentos, abre también la puerta a la opacidad de las compras y la corrupción, además de que se dejará en la calle a cientos de miles de trabajadores de la industria farmacéutica y de distribución”, argumentó.
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