Garantiza derechos como el ser escuchados, la inconformidad ante las determinaciones judiciales y la aportación de pruebas para el esclarecimiento de los casos
El respeto al debido proceso no significa “más derechos” para los imputados, sino más posibilidades de una auténtica justicia tanto para los imputados como para las víctimas, ya que es el derecho humano que obliga a las autoridades a ajustarse a una serie de reglas preestablecidas en las leyes, con el objetivo de llevar a cabo la investigación y la sanción de un delito, respetando ciertas garantías mínimas de una persona.
Así señaló la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado en Tlaxiaco, Martha Catalina Cruz Bautista, quien resaltó que la importancia del debido proceso reside en que protege tanto a inocentes como culpables de arbitrariedades y abusos de las autoridades, por lo cual es obligación de las y los juzgadores velar por su protección.
Entrevistada sobre el tema, explicó que el derecho a ser escuchado es uno de los principios que constituyen el debido proceso, el cual está sustentado por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José, así como por la propia Constitución Mexicana, que establecen los derechos de las partes en los procesos legales.
En el caso de las víctimas, explicó éstas tienen la posibilidad de expresarse y ser tomadas en cuenta durante las audiencias, además de estar totalmente informadas del expediente sobre el caso en el que se encuentras involucradas y de las resoluciones del juez o jueza; a contar con asesoría jurídica, a inconformarse sobre las decisiones de las y los jueces, así como a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer la verdad de los casos.
Por su parte, las y los imputados también tienen el derecho a declarar y aportar diversos elementos de prueba que ayuden a esclarecer el delito que se está investigando, a ser considerados y tratados como personas inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria, a inconformarse con las resoluciones de la autoridad judicial, además de contar con una defensa que le brinde asesoría y ayuda durante la audiencia en la que se investiga el probable delito, dijo.
Cruz Bautista, jueza especializada en materia penal, destacó que el acceso a una labor justa y equitativa por parte del juzgador, alejada de la arbitrariedad y el legalismo, también constituye otra de las garantías de las que debe gozar toda persona que se vea involucrada en un proceso legal, la cual evidencia la aplicación del debido proceso en la administración de justicia.
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