La diputada Karina Barrón Perales (PRI) presentó una iniciativa para que servidores públicos de Poderes Judiciales, que incurran en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, sean sujetos a una sanción administrativa de 15 años, porque se debe proteger el principio superior de la niñez, así como sus derechos.
Sostuvo que su proyecto, que busca adicionar los artículos 7, fracción XIV; 64 Quáter y un párrafo tercero al artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, plantea una pena administrativa de 15 años más la mitad de lo que se establezca con relación a la comisión del delito de que se trate y se aplicará a quienes no se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad.
En un comunicado Barrón Perales enfatizó la necesidad de que el Poder Judicial atienda y resuelva delitos cometidos en contra de la niñez, protegiéndolos en las resoluciones, así como hacer valer su integridad y derechos en la emisión de sus fallos y sentencias.
Es importante adecuar las disposiciones legales sobre la responsabilidad de servidores públicos para endurecer la falta de cumplimento de sus atribuciones, funciones y encomiendas conferidas en disposiciones legales federales.
“Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho de prioridad y éste consiste en que la autoridad les brinde protección y socorro ante cualquier circunstancia o situación en la que se encuentren”, manifestó.
La diputada reiteró que órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, deben considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores, evitando a toda costa todo aquello que los afecte.
Es obligación de jueces examinar circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa que beneficie a los infantes, mientras, agregó, los legisladores deben adquirir el compromiso de trabajar para proteger y cuidar de la población infantil.
NGM
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