Diputadas del PAN del ámbito federal y local, funcionarias del CEN de ese partido, académicas y activistas defensoras de los derechos de las mujeres plantearon reformas legales y acciones de Estado para proteger al sector femenino de cualquier tipo de violencia, particularmente en situaciones de confinamiento o emergencia.
En el foro virtual “Ni en cuarentena, ni nunca. No más violencia contra las mujeres”, organizado por el diputado federal Iván Rodríguez Rivera (PAN), las participantes propusieron incrementar las penas para quienes agredan a mujeres y niñas dentro del hogar, vigilar el cumplimiento de los programas para el combate de la violencia hacia este sector y garantizar que instancias de procuración de justicia protejan debidamente los datos personales de las denunciantes.
En un comunicado destacaron la necesidad de incrementar el presupuesto de los programas para la mujer, y consideraron pertinente crear un mecanismo que supla a las desaparecidas estancias infantiles para apoyar a las jefas de familia, el cual también podría atender a adultos mayores y personas enfermas.
En el encuentro virtual participaron Laura Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados; Patricia Báez Guerrero, diputada local de la Ciudad de México; Adriana Aguilar Ramírez, secretaria de Promoción Política de la Mujer del CEN del PAN.
También, Gricelda Sánchez Carranza, consejera del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Rogelia González Luis, feminista indígena y defensora de derechos humanos; Claudia Trujillo Rincón, excoordinadora nacional de mujeres del partido MC, y Panambí Garcés, politóloga.
El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que los impactos de la pandemia se han acentuado en las desigualdades de género y las mujeres que tienen oportunidad de trabajar desde su casa, hacen funciones dobles, dentro de la familia y en lo profesional, pero lo hacen sin guarderías para sus hijos, ni estancias infantiles.
“El problema en México no inició con la pandemia, ya veníamos con una creciente cancelación de políticas públicas a favor de la mujer, incrementándose todas las formas de violencia y feminicidios”, externó.
Recordó que días antes de que se decretara el inicio formal de la amenaza del coronavirus, las mujeres de México marcharon en contra de la violencia y después, se ausentaron un día, dejando claro que sin ellas nada. “Y fue un día de silencio, donde aprendimos a reconocer su ausencia, su presencia, sus grandes contribuciones”.
La diputada Laura Rojas destacó los esfuerzos de diversos actores nacionales e internacionales para luchar contra la violencia ejercida hacia las mujeres, y en ese sentido, destacó el trabajo legislativo del Congreso de la Unión en materia de paridad de género (reforma constitucional) y de combate a la violencia política en razón de género (reforma a siete leyes y ordenamientos jurídicos).
Llamó a los congresos estatales a acelerar la armonización de sus leyes con las reformas sobre violencia política en razón de género que, entre otros puntos, tipifica esta acción como delito, ya que el plazo para ello vence el 30 de mayo.
Respecto al feminicidio, apuntó que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia, impulsa diálogos con los congresos locales y fiscalías estatales “para ponernos de acuerdo en un solo tipo penal de feminicidio en México y que todo el mundo homologue sus tipos penales; eso es importantísimo”.
Un pendiente, es trabajar en el reforzamiento de las medidas cautelares que dicta un juez en los casos de violencia contra las mujeres y la ejecución de éstas por parte de los cuerpos policiacos, para que sean eficaces.
Finalmente, planteó el restablecimiento de un mecanismo, similar a las extintas estancias infantiles, que atienda a personas enfermas y adultos mayores.
Gricelda Sánchez señaló que de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, los 69 espacios de prevención, atención y protección se encuentran al 80% o hasta 100% de su capacidad y no cuentan con recursos extraordinarios para poder hacer frente a la contingencia sanitaria.
Planteó tres reformas a diversas normativas vigentes para buscar mayor protección a las mujeres víctimas de violencia.
La primera, al artículo 57 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de prolongar la estancia en los refugios por más de tres meses en caso de confinamiento obligatorio por contingencias sanitarias o desastres naturales.
La segunda, reformar el artículo 316 del Código Penal Federal para que el confinamiento sea considerado una ventaja por parte del agresor, y éste reciba una pena más severa.
La tercera propuesta es agregar un inciso a la fracción II del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que también se verifique el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas que combaten la violencia de género, y no sólo la igualdad como lo plantea actualmente.
Patricia Báez, diputada de la Ciudad de México, alertó que cuatro de cada 10 mujeres mayores de 18 años que sufrieron violencia sexual en el 2019, casi el 100% de ellas no denunciaron.
“Es urgente atender la crisis de violencia, ya que las mujeres también son revictimizadas por las instituciones que debieran protegerlas”, enfatizó.
Informó que impulsa una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, para que las instancias de procuración de justicia protejan los datos personales de las mujeres que denuncian violencia, y así poner un alto a las filtraciones por parte de funcionarios públicos en un proceso penal; ya que “es un lastre del ciclo de revictimización que ha seguido presentándose”.
Rogelia González, feminista zapoteca, aseveró que la pandemia agudiza las desigualdades que existen hacia las indígenas, quienes carecen de comunicación para denunciar violencia; así como de agua y alimentación; que se han incrementado a causa de la emergencia sanitaria.
Adriana Aguilar, encargada de moderar el foro, sostuvo que el tema de la mujer debe ser transversal, no sólo en agendas de partidos o en comisiones de los congresos locales,sino estar presente en la agenda de los Tres Poderes de la Unión.
En su intervención, el diputado Iván Rodríguez lamentó aquellas voces que niegan o desestiman la gravedad de la violencia de género en nuestro país; “los números hablan por sí solos”.
Expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún incidente de violencia. Dentro de la violencia sufrida, un 34% ha padecido una agresión física, 49% violencia emocional, 29% violencia económica y un 41% lamentablemente violencia sexual.
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