En los foros de parlamento abierto para la Reforma Electoral y del Estado que se realizan en San Lázaro, diputados, magistrados y especialistas expresaron su inquietud por terminar con la democracia costosa; disminuir el periodo de las campañas; nulidad de elecciones por violencia de género; regulación de la propaganda política; topes de financiamiento; castigar el uso de los programas sociales en los procesos, y la participación de menores en los comicios.
En la mesa “Campaña, voto y nulidades”, el representante de Morena ante el Consejo General del INE, diputado Alejandro Viedma Velázquez, sostuvo que se tiene una deuda histórica con la democracia y “este es el tiempo de cumplirle, a través de una verdadera reforma electoral”.
Organizar elecciones no es tener presencia solamente durante la jornada electoral, sino sancionar de manera firme a quien violenta la normatividad; vigilar la actuación de los actores e instituciones políticas; castigar y perseguir la compra de votos; sancionar la propaganda personalizada de servidores públicos; prohibir los actos anticipados de campaña, así como el uso de programas sociales con fines electorales.
En pocas palabras, dijo, es hacer valer la ley todo el tiempo y no solamente durante la jornada comicial, pronunciarse por fortalecer el Sistema Nacional Electoral, con la creación de autoridades únicas.
Viedma Velázquez pugnó por la supresión de los OPLE y de los tribunales locales, y se manifestó por la creación de una ley general procesal que brinde certeza jurídica real.
“Más dinero no asegura más confianza en los partidos ni en la democracia; se debe terminar con la democracia costosa, reducir el financiamiento a los partidos políticos, disminuir el periodo de las campañas y establecer la jornada electoral única cada tres años”.
Morena no ha presentado una reforma propiamente electoral, sino iniciativas a título personal de los diputados. “No hay una línea ni un intento de imposición de ningún tipo, lo que existe, es diálogo, debate, apertura e intercambio de ideas. “todas y todos estamos invitados a construir la siguiente reforma electoral”.
Desde 2014, mi partido puso en su agenda la idea del gasto eficiente, eliminar privilegios de la burocracia dorada, y cuestionamos la necesidad de gastar por gastar, así como la relación entre los altos costos de la democracia y la eficacia electoral.
La diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río destacó que aparte de la propuesta de la desaparición del Consejo General del INE, las Oples, tribunales electorales y la reducción del presupuesto a los partidos políticos, es primordial que a esta reforma se integre el tema de la difusión en medios de comunicación, durante las contiendas electorales.
Por el PRI, la diputada Claudia Pastor Badilla pidió que la reforma electoral contemple la posibilidad de reducir los tiempos de campaña como un elemento para favorecer la equidad en el uso de los recursos y revisar la fiscalización de las redes sociales durante las contiendas.
Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del PRD, estimó que se debe armonizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para prohibir la participación de menores en campañas electorales y evitar su explotación; se debe invertir más en la consulta infantil y juvenil para garantizar el derecho de participación de niñas, niños y adolescentes.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) comentó que el INE y algunos institutos estatales electorales monitorean el comportamiento de medios de comunicación y digitales; ahí de manera puntual se ve el comportamiento o menciones a favor o en contra en torno a algún candidato.
Pero, no hay un mecanismo para que los medios, impresos, digitales, radio, y televisión detengan los comentarios a favor de uno y en contra del otro candidato, lo cual puede ser tendencioso y manipulador del electorado a favor de uno o de otro.
La presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, urgió a realizar reformas constitucionales y legales para establecer como causal de nulidad de las elecciones, la violencia política por razón de género.
Si bien, se ha trabajado desde los tres poderes de gobierno, con el propósito de generar condiciones que incluyan la igualdad entre mujeres y hombres y la materialidad de una paridad efectiva en la democracia nacional, las mujeres siguen enfrentando violencia, ligada a la inequidad en los ámbitos económico, socio-cultural y político, así como una discriminación estructural, que en muchos casos termina en el homicidio.
Fernández Domínguez precisó que es prioritario establecer como un principio básico de las elecciones a nivel constitucional, que sean libres de violencia política por razón de género; fijarla como causal de nulidad; prohibir que la propaganda electoral incluya mensajes con contenido de violencia política y que partidos políticos se abstengan de emitir cualquier expresión con este tipo de agresiones.
La magistrada de la sala regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Silva Rojas resaltó que la reforma debe contemplar regular la propaganda política en redes sociales, topes de financiamiento en las campañas y la distribución de los recursos para los partidos políticos, a fin de que exista un reparto equitativo.
Otro aspecto a estudiar, es la imposibilidad que se tiene para sancionar las promociones previas al proceso electoral; en la actualidad no se pueden castigar estos hechos. Además, considerar el tiempo de las campañas y precampañas y buscar que el voto sea obligatorio para la ciudadanía, a través de sanciones.
Morelos Jaime Canseco Gómez, titular de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, expresó que el acceso a los cargos públicos de representación popular, debe ser mediante elecciones libres, justas y competidas, así como la pluralidad política como reflejo de la diversidad de una sociedad compleja.
Se necesitan elecciones competidas y salvaguardadas por autoridades independientes e imparciales; regidas por la legalidad, certeza y objetividad, en un clima de plena libertad de expresión e información pública. “Hemos ido de la pluralidad y construcción de acuerdos, a la articulación de una mayoría y la tentación de la conformación de una nueva hegemonía”.
La normatividad de la propaganda electoral, debe ser escrupulosamente leal a las libertades de expresión política y de difusión de opiniones por cualquier medio. Los comicios en favor del electorado en el debate público requieren de la confrontación franca y clara de las ideas. “El mandato de las urnas no suprime la pluralidad ni puede ser ajeno a la realidad de un mundo en constante transformación; debemos mantener la amalgama de derechos políticos y de principios, así como preservar y ampliar la libertad política”.
El ex representante de Morena ante el INE, Jaime Castañeda Salas, dijo que en este análisis se puede dar paso a castigar el uso de los programas sociales en el proceso electoral y generar un formato único de acta para aminorar los tiempos.
“Estoy de acuerdo en que se reduzcan los medios de impugnación y estudiar el tema del logo único en coaliciones, pues es permitir la transferencia de votos y desviar la participación ciudadana; además pidió que se estipule un mecanismo que abata la violencia política”.
Iván Jaimes Archundia, especialista en materia de reforma de Estado y electoral y ex representante del PRI ante el INE, propuso expandir los alcances de la figura del gobierno de coalición en el escenario de la campaña electoral, tanto a nivel federal como local, para que, en caso de obtener el triunfo, estén obligados a edificar la estabilidad política y designen a los funcionarios públicos, técnicos y especialistas en los campos de acción de gobierno, a través de su secretaría de Estado.
Asimismo, planteó que en caso de que algún candidato o partido político se vea beneficiado o afectado con la utilización de programas sociales, acreditándose dichas violaciones de manera objetiva y que la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea menor al 5 por ciento, proceda la nulidad de la elección.
Gloria Alcocer Olmos, directora de la revista “Voz y voto”, subrayó que hay cosas que corregir en todos los espacios; pero no se deben repartir culpas, sino responsabilidades. Consideró que se debe reconocer el trabajo de lo local como de los OPLE y reconstruirlo. Pidió incluir más voces en el análisis de todos los temas.
Marcos García López, consultor electoral, planteó ampliar los plazos para la interposición de medios de impugnación, ya que esta representa una exigencia procesal injustificada que constituye un obstáculo contra el acceso a la justicia.
Si realmente se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género, se deben contemplar consecuencias jurídicas, las cuales realmente inhiban la realización de la misma, tales como establecerla como causa de nulidad de la elección.
Everardo Rojas Soriano, especialista en justicia electoral, dijo que el modelo de autoridades electorales que hay en el país no es perfecto, debe ser reforzado a través de autonomía presupuestal tanto al INE como al Tribunal y organismos locales; así como reglas que impulsen la participación ciudadana y den legitimidad a los gobernantes.
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