Para establecer como una obligación de los prestadores de servicios turísticos llevar a cabo medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y vida de menores de edad, antes de la prestación del servicio, la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (Morena), planteó modificar los artículos 58 y 62 de la Ley General de Turismo.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Turismo, añade que, para ello, el huésped o los huéspedes, así como las y los turistas, deberán acreditar la mayoría de edad y en caso de que se encuentren acompañados de un menor de edad deberán confirmar el parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con los acompañantes; de lo contrario, serán reportados con las autoridades y se harán acreedores a las sanciones que dicten las leyes en la materia.
De igual modo, los prestadores de servicios turísticos deberán avisar a las autoridades sobre la comisión o posible comisión de algún delito.
En el transitorio, precisa que, de acuerdo con las facultades del Ejecutivo Federal, el Poder de la Unión contará con un plazo de 90 días hábiles para hacer las adecuaciones correspondientes en el Reglamento de la Ley General de Turismo, a fin de reformar el artículo 83 del mismo, para agregar que las plataformas digitales que presten servicios de alojamiento a turistas deberán incorporarse al Registro Nacional de Turismo.
Abreu Artiñano comenta que el turismo sexual infantil en todo el país es una realidad que no puede ser ignorada ni minimizada. La situación exige una atención inmediata y acciones efectivas por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
En los últimos años, relata, se han dado casos de turismo sexual infantil de esta modalidad en plataformas de hospedaje. En México, alrededor de 17 mil menores son explotados sexualmente, de acuerdo con cifras del DIF nacional, delito que involucra a por lo menos 22 estados de la República, y más de 16 mil niños y niñas están atrapados en la prostitución, la mayor parte en los destinos turísticos.
Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estima que un 36 por ciento de los clientes vienen de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania. De cada 100 carpetas de investigación donde los menores son víctimas, solo una alcanza sentencia condenatoria, y con la trata de personas esas cifras son aún peores, ya que de 3 mil investigaciones realizadas en la última década, solo contabilizaron 45 sentencias.
Puntualiza que según el Observatorio Integral de la Región Turística Puerto Vallarta-Bahía de Banderas (OIT), actualmente en Puerto Vallarta la explotación sexual infantil ha aumentado de manera preocupante, los casos de prostitución infantil y corrupción de menores pasaron de 157 en 2019 a 188 en 2021 y a 201 en lo que va de 2024. Esto, menciona, representa un siete por ciento de las víctimas de abuso sexual infantil en el estado de Jalisco.
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