La diputada Rocío Barrera Badillo (Morena) presentó una iniciativa por la que se expide la Ley General de Población y abroga la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de enero de 1974, ya que es necesario considerar el nuevo perfil demográfico de México.
Señaló que los nuevos escenarios reclaman una política de población activa que debe ser sustentada en la cooperación de las instancias gubernamentales y la participación de la sociedad civil, expuso la también presidenta de la Comisión de Gobernación y Población.
Durante la sesión a distancia de la Comisión Permanente, fundamentó que la política poblacional requiere una profunda transformación que vaya desde garantizar fehacientemente el derecho a la identidad de cada mexicano, el respeto irrestricto de sus derechos humanos, hasta la atención de los fenómenos que la afectan, con el fin de fortalecer la capacidad de resolver y anticipar los impactos del cambio demográfico en el desarrollo del país.
Puntualizó que los cambios demográficos de mortalidad y fecundidad de la población, así como los nuevos patrones de migración internacional apuntan a una nueva estructura por edad. Dichos cambios se reflejan en la disminución de población infantil, en el crecimiento de población adolescente y joven, aunque a un ritmo menor, y en el aumento de la población adulta.
Barrera Badillo consideró que la Ley General de Población de 1974 ha quedado rebasada por desafíos que deben ser atendidos, a fin de satisfacer las necesidades que enfrenta la población, con arreglo a los consensos y compromisos internacionales.
Destacó que su propuesta aliviará un rezago que se ha venido padeciendo, al asumir que la legislación vigente en materia de población ha cumplido sus objetivos y es momento de renovarla.
“La mayoría de los artículos de la Ley General de Población han sido derogados, lo que resulta en una norma fragmentada, que se aplica sin visión de transversalidad, sin perspectiva de género, sin enfoque diferenciado, en suma, sin estrategia y objetivos claros”, explicó.
Detalló que la Ley General de Población que propone está dividida en cuatro títulos; el primero, destaca el enfoque de los derechos humanos, el federalismo, la transparencia y rendición de cuentas, y la promoción de la participación de los órdenes de gobierno.
El segundo incluye las atribuciones de las autoridades en materia de población y prevé la creación de Consejos de Población en las entidades federativas, en los municipios y en las demarcaciones territoriales. El tercero, se refiere a las directrices de la política de población; a través de un Programa Nacional.
El cuarto regula el derecho a la identidad de las personas, define al Registro Nacional de Población y establece el Servicio Nacional de Identificación Personal como un servicio de interés público que permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas.
Asimismo, establece la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en sus modalidades temporal y permanente, a la que se asociarán los datos biométricos.
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