La diputada Martha Barajas García presentó una iniciativa para reformar la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con el fin de garantizar un sistema de profesionalización de servicios públicos incluyentes.
Explicó que su propuesta se encamina en dos sentidos; el primero es incluir como principio rector del Servicio Profesional de Carrera la inclusión, mientras que el segundo plantea reservar por convocatoria al menos el 10% de las vacantes para que sean ocupadas por las personas con discapacidad.
En un comunicado, señaló que con esta medida se pretende incrementar de manera paulatina el personal con discapacidad y con ello propiciar un ejercicio íntegro del derecho laboral que tiene este grupo vulnerable.
Por tal razón y atendiendo al principio jurídico de igualdad que debe imperar, destacó, “nos encontramos como Poder Legislativo ante la obligación inminente de garantizar mecanismos legales que permitan garantizar la oportunidad de espacios laborales para las personas con discapacidad”.
Barajas García manifestó que es pertinente garantizar que en el Servicio Profesional de Carrera se reserven un mínimo de plazas por convocatoria, con la finalidad de garantizar que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su derecho en materia laboral.
En su iniciativa, la diputada federal argumentó que el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las personas con Discapacidad impone como obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la promoción del derecho al trabajo y al empleo de las personas con discapacidad, por lo que se debe generar una política transversal que permita que los sectores públicos y privados estén en condiciones para que este derecho se convierta en una realidad.
Además, apuntó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual México forma parte, en su artículo 27 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, y esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida por medio de un trabajo elegido libremente y en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible.
Agregó que es pertinente que el gobierno se convierta en el ejemplo para la contratación de personas con discapacidad, para ser el principal impulsor y promotor de la igualdad para este grupo social.
“Es importante mencionar que el presente instrumento parlamentario no genera ningún impacto a las finanzas públicas, toda vez que la obligación para la contratación de personal se seguirá conforme a los montos y procedimientos legales vigentes, solamente se dispone el reservar un número vacantes, sin que ello implique alguna carga presupuestal para tal fin”, destacó.
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