El diputado Alberto Anaya Gutiérrez (PT) propuso reformar diversos artículos de la Ley General de Educación, a fin de que las autoridades educativas garanticen programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en zonas rurales, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Los cambios a los artículos 9, 102 y 124 de dicha norma legal también establecen que las autoridades educativas atiendan de manera prioritaria las escuelas que, por estar en pueblos afromexicanos, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar.
Asimismo, que se privilegiará en los programas compensatorios que lleve a cabo el Ejecutivo Federal, a aquellas escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales y en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
El documento, turnado a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, señala que las escuelas en zonas marginadas atraviesan una desigualdad social que trae consigo el carente desarrollo de la educación.
Menciona que información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que México tiene índices muy altos de deserción escolar, debido a factores que van desde el poco personal docente, hasta las condiciones deplorables de las aulas y escuelas en general, cuestiones que estamos llamados a combatir por un porvenir con bienestar para las próximas generaciones.
Precisa que los problemas de las escuelas en las zonas marginadas van desde no tener servicios públicos, hasta el difícil recorrido para llegar a ellas, pues buena parte de las comunidades aisladas se ubican, por ejemplo, en zonas montañosas donde el trayecto es de hasta tres horas.
En las escuelas establecidas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales y en pueblos de comunidades indígenas, las y los estudiantes ven limitado su derecho a la educación por la falta de maestras y maestros, resalta.
Subraya que entre las principales causas de la falta de personal docente en estos centros educativos está que el sueldo es insuficiente e inestable.
Por ello, indica, con incentivos salariales se puede posibilitar e incrementar la oportunidad para que los centros cuenten con personal docente preparado, capacitado y comprometido con la sociedad y ello produzca un ambiente educativo y laboral de calidad.
Las autoridades educativas, recalca, tienen que difundir los beneficios de la educación, pero también es su obligación garantizar que las y los docentes, como pilares del sistema educativo, tengan una garantía laboral y se beneficien de un salario que sea reflejo de su labor social por llevar educación a la gente de las comunidades más lastimadas por la desigualdad en nuestro país.
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