Las diputadas del PRI, Martha Garay Cadena y Hortensia Noroña Quezada pidieron al Gobierno Federal no extinguir el Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, pues pone en riesgo de perder sus estudios de nivel enseñanza media a un millón de estudiantes, de los cuales 621 mil tiene una discapacidad.
Asimismo, solicitaron a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, salvaguarden los derechos de la plantilla docente, muchos de ellos, personal capacitado en lenguaje de señas, sistema Braille o software que atiende a las personas con discapacidad visual y que están adscritos a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).
“Despojar de los 144.9 millones de pesos al fideicomiso, implica truncar el deseo de preparación académica de esta población escolar vulnerable y el despido de profesores y personal administrativo”, aseveraron en un comunicado.
Expusieron que estos recursos no son gastos superfluos o de propaganda o publicidad gubernamental, su destino es una causa social, atender a los alumnos que, por razones circunstanciales y ajenas a su responsabilidad, no pueden continuar sus estudios bajo el sistema escolarizado; sin embargo, tienen el derecho constitucional de asegurar su acceso al Sistema Educativo Nacional.
Garay Cadena, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, explicó que los CAED, forman parte de un programa de estudios a nivel medio superior para las personas que tienen algún tipo de discapacidad: auditiva, motriz, visual o intelectual.
El plan de estudios es el mismo que se cursa en preparatoria abierta, la diferencia radica en la metodología, por ejemplo, en el bachillerato no escolarizado las asesorías se imparten en lenguaje de señas o en sistema Braille, pero el objetivo es reducir las brechas que existen para las personas con discapacidad, establecido en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México suscribió, dijo.
Noroña Quezada, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, acusó al Gobierno Federal de “empeñar el futuro de este millón de jóvenes estudiantes y sus profesores, al quitarles recursos previamente asignados y ahora ese dinero público se va a regalar como dádivas proselitistas para intentar mantener los niveles perdidos de popularidad y aprobación entre quienes votarán el próximo año”.
“Esta política de austeridad republicana para desaparecer los fideicomisos no traerá ningún beneficio social, por el contrario, en esta administración de simulación y engaño, se descubre como una medida drástica y de voracidad presupuestaria”, aseveró.
Apuntó que la política de extinción de fideicomisos estima recaudar, en cifras oficiales, entre 150 y 250 mil millones de pesos; sin embargo, insistió, por más que intentan justificar, la medida es negativa y potencialmente regresiva, y contrasta con el supuesto logro de haber dominado la pandemia.
“No nos queda otra alternativa que levantar la voz ante estas injusticias y evidenciar que la ocurrencia combinada con la desesperación político-electoral nos ha salido en menos de un año y medio, profundamente cara”, concluyó la priista.
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