El Servicio Jesuita a Refugiados México consideró que la situación que enfrentan los migrantes africanos varados afuera de la estación migratoria Siglo XXI debe ser considerada una crisis humanitaria y, por ende, ser atendida por autoridades migratorias, independientemente del estatus jurídico en que se encuentren esas personas.
“Qué esperan las autoridades migratorias ¿que muera alguien?”, cuestiona la activista Claudia León, cuya organización otorga acompañamiento de tipo legal y psicosocial a las personas migrantes que solicitan refugio o algún tipo de protección.
“La situación que vemos con la población que viene de África, Asia o del Caribe, como Cuba o Haití, es más visible, pues a la condición de precariedad en que se encuentra desde que abandonaron su país se suma el hecho de que el gobierno les ha obligado a permanecer en Tapachula”, añadió en entrevista con Notimex.
La situación de las personas de África “es ya de desesperación, de frustración y enojo. Ellos protestan por la nula respuesta”.
Afuera de la referida estación migratoria decenas de personas platican, duermen sobre camas improvisadas con cartón mientras esperan que se les otorgue un salvoconducto para transitar por todo el país como, aseguran, se les otorgó en otras naciones centroamericanas.
Un hombre que se identifica como Diddy, que dice ser originario del Congo y se esfuerza por hablar español, asegura que “migración no debe dejar solos”.
A su camiseta, pantalones cortos y tenis que asegura, le fueron obsequiados por los países donde ha estado, se suma su cabello crespo desaliñado y una barba, que da cuenta de cortes irregulares. Pero eso es lo de menos, la mayor preocupación es obtener algún pedazo de pan.
Desde hace más de tres meses “como lo que puedo”, asegura, lo que le regalan, lo que dejan otros. Tras pernoctar en el campamento, sale muy temprano para deambular por las calles de la ciudad en busca de ayuda o de algo para comer. Ese mismo patrón se ha repetido los últimos tres meses.
En el lugar, la temperatura supera los 36 grados centígrados, para lo cual se colocan lonas que los protegen del Sol y de la lluvia. No hay sanitarios portátiles ni agua potable a la que tengan acceso de forma directa.
Del otro lado del improvisado campamento, instalado afuera de las instalaciones migratorias, con apenas una docena de casas de campaña, cartones, lonas y mecates, están los elementos de la Policía Federal quienes, a decir de los migrantes, se han ganado su respeto porque “ellos sí nos apoyan”.
Ellos observan pacientemente todo los movimientos de africanos que este fin de semana dieron tregua a las protestas que por más de cuatro días seguidos protagonizaron la semana pasada.
Algo que sí tienen claro es que no desean acudir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ubicada a casi cinco kilómetros de la estación migratoria, porque su intención no es solicitar asilo en México. Su destino final es Estados Unidos.
Y sobre la segunda opción, que es la de regularizar su situación migratoria, consideró que es un engaño.
Claudia León agrega que los obligan a salir por la frontera sur, cuando las leyes migratorias no establecen por qué frontera deben salir.
Refirió que de enero a junio de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a más de 108 mil personas extranjeras que fueron a parar a centros de detención de migrantes.
De ellas, más de 45 por ciento son personas detenidas en Chiapas “y, curiosamente, en esta entidad se detuvo a casi 47 por ciento de personas provenientes de África y de Haití”, añadió la activista.
“El gobierno actual en solo seis meses ha detenido muchas más personas que los gobiernos anteriores. Es la misma política de detención, persecución violatoria de derechos humanos que en los gobiernos pasados, pero recrudecida porque ahora tenemos una crisis humanitaria”, refiere León a Notimex.
Además, lejos del discurso oficial, en la frontera sur se mantiene una política migratoria reactiva. “No hay una política de movilidad social que sea respetuosa de los derechos humanos centroamericanos o extracontinentales. Es simplemente responder a lo que va pasando”.
En el primer semestre del año, el INM detuvo a 104 mil 439 migrantes irregulares, en enero fueron detenidos ocho mil 248, en febrero, 10 mil 39; en marzo, 12 mil 756; en abril, 20 mil 564; en mayo, 23 mil 679; en junio sumaron 29 mil 153.
La defensora de derechos humanos considera que desde la llegada de las primeras caravanas centroamericanas en enero se debió fortalecer el sistema de asilo en México, pues al menos 60 por ciento de las personas que viajaban en esos grupos eran sujetas a protección con necesidades muy particulares.
“En su momento se acercaron a la Comar para solicitar refugio, sin embargo actualmente esa instancia está totalmente colapsada porque no tiene presupuesto para operar”, puntualizó.
Por Guadalupe Vallejo Mora. Enviada
NTX/GVM/MCC-MTG
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