El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Horacio Sosa Villavicencio, llamó este miércoles al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, a atender las demandas de diversas organizaciones sociales que desde el lunes pasado se manifiestan mediante bloqueos en diversos puntos de la ciudad de Oaxaca.
“Es necesario abrir el diálogo con las organizaciones y tomar en cuenta que las manifestaciones callejeras suelen ser el resultado del olvido gubernamental y por falta de atención a las demandas más sentidas de las comunidades”, consideró el diputado local, al ser cuestionado sobre la legitimidad de las movilizaciones.
Sostuvo que el gobierno del estado tiene la costumbre de engañar a las comunidades, estableciendo acuerdos para solucionar diversos conflictos, pero finalmente los representantes gubernamentales los incumplen, lo que genera mayor enojo entre las personas afectadas y ello deriva en movilizaciones como las que se observan desde el lunes.
Advirtió que además de las demandas sociales, que son plenamente legítimas y justas, existe la exigencia de justicia efectiva en diversos casos de ataques por motivos políticos, que han derivado incluso en asesinatos contra activistas y personas defensoras de derechos humanos, lo que es inadmisible en un estado democrático.
En ese sentido, recordó el asesinato de Tomás Martínez Pinacho, dirigente del Frente Popular Revolucionario en Miahuatlán, cometido el 24 de agosto, que se sumó a una larga lista de homicidios contra activistas sociales y políticos que no han sido esclarecidos, incluidos diversos atentados contra participantes en el Movimiento Regeneración Nacional.
Finalmente, reiteró su llamado al gobernador para buscar una solución satisfactoria a las demandas sociales que sean legítimas y justas.
Desde el lunes mantienen diversos bloqueos en la ciudad la Alianza de Pueblos Indígenas, la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) y el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep).
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