La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, emitió un comunicado en el que señala que la migración es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por el Estado Mexicano de manera segura, ordenada y regular, mediante acciones que sean corresponsables con una política migratoria de seguridad humana, prevaleciendo en todo momento la protección de la dignidad por encima de cualquier concepto de seguridad nacional.
En concordancia con dichos principios, esta Comisión estima que el Gobierno de México, conforme al Pacto de Marrakech firmado en 2018, ha sido una de las principales naciones en anunciar medidas mediante la ejecución del Plan de Desarrollo Integral para México, Guatemala, El Salvador y Honduras, cuya finalidad ha sido la de construir en la región un nuevo estilo de crecimiento con igualdad y sostenibilidad, ubicando a la migración como una opción y no como una obligación.
Consideramos que aún es muy anticipado para ver resultados en los países del triángulo norte, ya que dichas acciones responden a una política con visión de largo plazo, la cual, estamos seguros, atenderá a las causas estructurales de la migración.
No obstante, se requiere también de líneas de acción que atiendan de manera inmediata la entrada y el tránsito de movimientos migratorios, como el iniciado el pasado 14 de enero del año en curso y que constituye la enésima caravana migrante con un aproximado de 3,500 personas, en su mayoría de Honduras, quienes buscaban transitar por el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Si bien reconocemos la implementación del Plan de Atención a la Caravana Migrante, mediante la prestación de servicios de asistencia humanitaria, como atención médica, alimentación, hidratación o información para su registro o gestión de su situación migratoria, la desesperación de algunos de los integrantes de la Caravana, que huyen de la inseguridad y la pobreza de sus comunidades, los llevó a cruzar el río Suchiate y a enfrentarse con la Guardia Nacional.
Por ello, desde la Cámara de Diputados hacemos un llamado a la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, para que fortalezcan las acciones de protección y defensa los derechos humanos de las personas que conforman al éxodo migrante, a través de:
La promoción del diálogo entre las personas migrantes y las autoridades mexicanas, para establecer medidas de registro ordenadas y expeditas que garanticen la identificación de los integrantes del éxodo y evitar que éstos sean víctimas de trata, de extorsión y de la inseguridad durante su tránsito;
El diseño de protocolos de actuación de las autoridades coadyuvantes, con la opinión y observancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para determinar lineamientos específicos con apego al respeto de los derechos humanos; y
La coordinación efectiva entre dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno y actores de la sociedad civil organizada para dar a conocer los derechos a los que son sujetos las personas migrantes, los programas sociales y de empleo temporal de los cuales pueden ser beneficiarios, al igual que brindar ayuda humanitaria.
Quienes integramos la Comisión de Asuntos Migratorios refrendamos nuestro compromiso por una política migratoria en defensa de los derechos humanos y reiteramos nuestra disposición por continuar trabajando de manera conjunta con el Gobierno de México.
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