Cuando se cumplen once meses de crisis política en Nicaragua, el régimen que lidera el sandinista Daniel Ortega se comprometió a liberar en un plazo no mayor a 90 días a los centenares de detenidos en el marco de las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, a cambio de destrabar las negociaciones con la oposición y levantar las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra el Gobierno de Ortega y funcionarios cercanos, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La noticia genera muchas expectativas, en momentos en los que Ortega está sometido a una fuerte presión internacional.
La decisión de liberar paulatinamente a los detenidos —considerados presos políticos en Nicaragua— se dio tras las gestiones del representante del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla, quien participaría como observador internacional en la mesa de negociación, nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El 15 de marzo, Almagro envió una carta al canciller Denis Moncada en la que informaba de que la OEA estaría dispuesta a participar en las conversaciones solo si se liberaba a todas las personas consideradas como presos políticos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que publicó un demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas en Nicaragua.
La tarde del miércoles el Gobierno dio a conocer la que será la agenda de negociación con la opositora Alianza Cívica, que incluye temas que hasta ahora Ortega no estaba dispuesto a discutir, entre ellos las reformas electorales. Aunque en el documento oficial no se menciona adelanto de elecciones, fuentes cercanas a las negociaciones dijeron a EL PAÍS que ese será un tema prioritario en las conversaciones. “Para el Gobierno está claro que ese es el punto importante, el adelanto de elecciones, pero no quisieron ponerlo porque es muy fuerte para ellos admitirlo”, dijeron estas fuentes.
Entre los temas de agenda también está “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, en un país donde las protestas están ilegalizadas por el régimen desde septiembre del año pasado y cualquier indicio de manifestación es sofocado con violencia, como quedó demostrado el sábado, cuando la policía, controlada por Ortega, apresó a más de 160 personas que pretendían participar en una marcha para exigir la liberación de los detenidos.
La agenda acordada, además, incluye un punto denominado “verdad, justicia, reparación y no repetición”, aunque no queda claro qué condiciones establecerá Ortega para negociar el tema de la justicia para las víctimas de la represión, que son 325 muertos constatados por la CIDH. Los familiares temen que se produzca una amnistía que deje en la impunidad estos crímenes. El analista político Eliseo Núñez dijo que Ortega sí buscaría una amnistía para él y su entorno. “No debería dársela, pero esa es una carta que buscará más adelante en la negociación. Él necesita darle impunidad a su esquema”, comenta vía telefónica.
Los familiares de los detenidos reaccionaron con júbilo a la noticia de la liberación. Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, calificó como un “triunfo” la noticia y dijo que se mantendrán “vigilantes” para exigir que se cumpla esta promesa. Representantes de esta agrupación se reunieron con el nuncio Sommertag y le pidieron que transmitiera al Gobierno sus inquietudes sobre cómo debería darse la libertad de los encarcelados: “Tiene que ser con la lista de la CIDH, cotejada con nosotros, con apoyo de la Cruz Roja Internacional y con calendarios de entrega”.
El Comité calcula que hay 802 presos políticos, incluyendo los más de 160 que han sido liberados por Ortega como gesto para iniciar las negociaciones con la oposición. A esas personas, sin embargo, se les cambiaron sus medidas cautelares en lo que Nicaragua se conoce como “casa por cárcel”, pero, según dijo Esquivel, siguen estando “secuestrados” por el régimen. “Este es un triunfo para el pueblo, hemos luchado por esto durante diez meses y vamos a seguir luchando. Ahora, después de tantos meses, el Comité ha visto el triunfo de su labor”, dijo el hombre que es pareja de Irlanda Jerez, una comerciante muy crítica con Ortega y beligerante en el apoyo en las manifestaciones contra el régimen, que fue detenida en julio. Él afirmó que en esta ocasión se trata de una “liberación total”, incluyendo la anulación de los procesos en contra de los encarcelados.
Tras este sorpresivo anuncio, la oposición reanudará el jueves las negociaciones con Ortega, que entraron en un impasse tras el retiro de los estudiantes universitarios de la mesa de negociación hace una semana y tras la represión del sábado contra quienes pretendían participar en una manifestación pacífica. “Lo primero que se va a ver es el regreso de los organismos de derechos humanos y las garantías para la libertad de expresión”, dijo una fuente cercana al proceso. Ortega expulsó a organismos como la CIDH y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras las denuncias hechas por estas organizaciones. El GIEI publicó un informe en el que se acusa al Estado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la represión contra los manifestantes.
La prioridad para Ortega, sin embargo, es que se levanten las sanciones que Estados Unidos y otros países han impuesto contra su Gobierno, así como que no se apliquen nuevas, como lo han solicitado los diputados de la Eurocámara. Esas sanciones afectan a funcionarios cercanos a Ortega, incluyendo a la vicepresidenta Murillo. “Su entorno inmediato, que ha hecho dinero con él, ya estaba asustado e inconforme, porque Ortega no daba señales de querer negociar. Ellos saben que necesitan un ambiente propicio parar mantener la riqueza amenazada ahora da por las sanciones”, explicó Eliseo Núñez, con relación a los negocios creados a partir de la ingente cooperación petrolera que Ortega ha recibido desde 2007 y que según investigaciones de la prensa independiente de Nicaragua ha sido desviada a arcas privadas.
Un nuevo escenario político se abre ahora en Nicaragua. Está claro que Ortega intentará demostrar que tiene el control del país, aunque su régimen está cada vez más aislado por la comunidad internacional, con la economía en franco deterioro y una sociedad harta de 11 meses de violencia patrocinada desde el Estado. El reto hecho el sábado al régimen es una muestra de ese hartazgo y de la resistencia de los nicaragüenses. Ortega es un político hábil, que lleva 40 años manejando las riendas de la política del país y que sabe que el consenso general que debe marcharse. Cuándo y en qué condiciones es la gran interrogante que se abre ahora en la sufrida Nicaragua.
con información de El País
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