En Nicaragua existe una falta de voluntad del Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad por la violación de los derechos humanos, asegura un nuevo informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos este viernes.
El equipo de Michelle Bachelet asegura que se les ha negado a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición tras las graves violaciones reportadas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas.
“La Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas. Sin embargo, las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la “violencia golpista” y de la repercusión negativa en la economía del país”, se lee en el documento.
El informe asegura además que las medidas institucionales y legislativas adoptadas con el propósito declarado de reconciliar y garantizar la reparación a todas las víctimas de la crisis sociopolítica se impusieron sin consulta previa y no se ajustan a los principios internacionales pertinentes.
“La independencia del Gobierno y la inclusión de todas las partes interesadas, especialmente las víctimas, son condiciones indispensables para cualquier iniciativa que busque justicia y reparación”, dice.
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