Es fundamental establecer un marco jurídico que aborde el tráfico de personas y de seguridad nacional desde una perspectiva local que garantice el libre ejercicio de derechos fundamentales, afirmó la diputada Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional.
Al clausurar los trabajos del III Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central y México, la legisladora señaló que la multiplicidad de factores que propician conductas antisociales obliga a coincidir en diagnósticos para abordar con una perspectiva integral el problema y encontrar soluciones a partir del intercambio de experiencias y conocimientos de cada país.
Las causas y factores de la inseguridad tienen sintomatología común y nos aquejan a todos los países latinoamericanos que han padecido los embates de la delincuencia organizada y transnacional.
Expresó que las aportaciones en este foro permitirán enriquecer la visión en el diseño y arquitectura parlamentaria en beneficio de las sociedades.
Reconoció que es clara la erosión institucional en el desgaste de la policía, como primer elemento que debe responder a la inseguridad, y la falta de mecanismos y criterios unificados para instaurar controles de confianza eficaces y diseñar tipos penales homologados y homogéneos en una visión integral.
Se pronunció por constituir una legislación avanzada en el Siglo XXI que nos permita recuperar la tranquilidad y volver a caminar por las calles, colonias, ejidos y comunidades de la mano con las familias.
“Es un reto de gran magnitud, pues el combate a la delincuencia organizada es un camino que requiere estrecha y profunda cooperación de países hermanos”, subrayó.
La diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, destacó la importancia de estos foros para conocer el punto de vista de especialistas nacionales e internacionales.
“Nos ha servido mucho; cada país debe tomar las medidas que le correspondan, actualizar sus marcos jurídicos y la aplicación de sus leyes, de sus corporaciones para atender de manera adecuada la problemática de seguridad”.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (PAN) destacó que “lamentablemente” quienes se encuentran en la función pública, o que ocupan cargos de representación popular, no tienen la confianza de la ciudadanía, por lo que destacó la importancia de someter a controles de credibilidad a todos los servidores públicos encargados de la seguridad pública.
El ministro de Gobernación de la República de Guatemala, Edgar Godoy, indicó que los puntos de vista en este encuentro son de interés para todos los países de la región y exhortó a tomar más acciones para enfrentar problemas comunes “que debemos tratar los países de Triángulo Norte con México”.
El diputado José Antonio Almendáriz Rivas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, de El Salvador, pidió disculpas a los “hermanos mexicanos porque los migrantes, en las grandes cantidades que salieron de El Salvador, causaron y siguen causando problemas aquí”.
Destacó la necesidad de replicar de manera regional los modelos que han servido en otros países para enfrentar la criminalidad. Propuso que en el IV Foro se presenten resultados legislativos en los temas de esta edición y que se integre a Belice con sus propuestas y recomendaciones.
Durante el segundo y último día de trabajos de este foro participó Ericka María Aguirre de Rusconi, coordinadora del anteproyecto de Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés).
En el tercer panel, “Legislación regional en materia de tráfico de personas”, indicó que un estudio de esa Oficina identificó que las rutas establecidas generaron entre 5.5 billones y 7 billones de dólares, sin contar los puntos fronterizos no habilitados.
De ahí la importancia de desarrollar propuestas para los países que les permitan contar con leyes especiales con el fin de abordar este delito. “Éstos son momentos coyunturales donde tenemos nuevos fenómenos migratorios, como las caravanas, a los que nos enfrentamos todos los días países de origen, tránsito y destino”.
Explicó que este anteproyecto consta de 47 artículos y nueve capítulos en los que se desarrollan aspectos sustantivos, procesales, penales, consecuencias jurídicas aplicables y medidas de protección y asistencia a las personas objeto del tráfico ilegal de migrantes.
Se busca promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para la eficaz detección, prevención y persecución de este delito. Además, crear un fondo que permita solventar los problemas económicos, relativos a la prevención, combate y asistencia de quienes han sido víctimas.
Durante el panel 4, “Legislación como mecanismo para asegurar la transparencia y confianza pública”, el asesor policial, Abraham Lugo, propuso crear una ley que facilite la administración oportuna de actividades que afectan la imagen, funcionamiento y propósito de las instituciones de seguridad.
Destacó la importancia de recuperar la confianza ciudadana a través del blindaje institucional, con acciones que reduzcan la exposición de las dependencias del Estado a posibles amenazas, actos delictivos o de corrupción, que podrían generar señalamientos y desconfianza.
Posteriormente, la diputada Guerra Mena dio lectura a las conclusiones del foro, las cuales, dijo, los legisladores de los diferentes países participantes se encargarán de presentarlas a consideración de sus respectivas asambleas legislativas, para dar seguimiento a las recomendaciones, como la armonización y creación de legislación para solucionar los problemas en materia de extinción de dominio, migración, tráfico de personas y sistemas de control de confianza.
Además, facilitar el intercambio de información y designar a los presidentes de la Comisión de Seguridad o su equivalente, para coordinar los esfuerzos establecidos.
Se recomendó continuar con los principales acuerdos del II Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central y México; promover la homologación de la legislación en materia de extinción de dominio; impulsar en México reformas para considerar que se pueda reclamar el dinero de procedencia ilícita e incautar bienes.
También modificar la legislación de centros de cambio de divisas para disminuir la cantidad de dólares que se pueden cambiar, que en la actualidad es de 10 mil; mejorar los mecanismos de control de casinos para evitar que sean centros de lavado de dinero; realizar una revisión del tipo penal de este delito; y sancionar a personas morales involucradas en el financiamiento al terrorismo.
Asimismo, reformar la legislación para considerar actividades vulnerables al lavado de dinero como el fútbol; legislar para que los fideicomisos con actividades vulnerables puedan ser fácilmente investigados.
En materia de migración se acordó que con la finalidad de frenar personas infiltradas en las caravanas migrantes para obtener algún beneficio, los países capacitarán personal en las fronteras e incrementarán el número de efectivos donde estén ubicados los grupos del crimen organizado; verificar las bases de datos entre los países en tiempo real para detener a infiltrados en caravanas migrantes.
Sobre el tráfico de personas se hizo entrega de un anteproyecto de la ley en materia de tráfico de personas, con el objetivo de que los países la analicen o incorporen a su legislación vigente. Se solicitó una revisión del tipo penal aplicable a individuos que promuevan las caravanas migrantes en beneficio propio y las penas a quienes realizan explotación de menores.
Finalmente, respecto al control de confianza se propuso la creación de un centro encargado de realizar convenios con laboratorios para efectuar las pruebas de antidopaje y que todos los oficiales sean capacitados en esta materia.
Se acordó que el IV Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central y México, será en El Salvador, en julio de este año.
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