Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Este fin de semana y los días anteriores los ciudadanos mexicanos que nos interesamos en estos temas del gobierno y los asuntos públicos amanecimos con varias noticias que solo pueden causar asombro y preocupación; razón por la cual he optado por dedicar esta contribución semanal a un breve resumen y análisis de la confrontación propiciada por el ejecutivo federal con los demás poderes y órganos constitucionales autónomos federales.
De una parte, con sorpresa nos enteramos de la inusual reacción del ejecutivo federal una vez que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos de sus once integrantes, decidió declarar la inconstitucionalidad de las reformas a cuatro leyes reformadas en septiembre de 2022 y que otorgaban al Ejército Mexicano el control operativo de la policía civil. A los ataques en contra de los ministros y su presidenta se agregó el anuncio de una iniciativa de reforma constitucional para asegurar la constitucionalidad de lo que fue declarado inconstitucional.
Asimismo, también nos enteramos que los senadores de oposición habían tomado la tribuna del salón de sesiones de su sede legislativa -a lo que el partido Morena y sus socios y antecesores ya nos había acostumbrado a que fuese algo habitual cuando actuaban como partidos opositores-, solamente que esta vez la razón desde luego inusual fue porque la mayoría legislativa -encabezada ahora por Morena- no había cumplido el acuerdo de nombrar, por lo menos, a un consejero de los tres faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para permitir que este organismo constitucional autónomo siga funcionando y pueda cumplir sus funciones constitucionales; lo que por lo pronto no podrá suceder.
Como no fue posible sesionar en el edificio ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, esquina con la avenida de los Insurgentes, la presidencia de la mesa directiva decidió sesionar en la antigua sede del Senado en la calle de Xicoténcatl # 9, esquina con la calle de Donceles, en el centro histórico de la ciudad de México. Además, los senadores de la mayoría legislativa con dificultad pudieron instalar la sesión después de con dificultad haber logrado reunir un quórum de 65 senadores -son 128 senadores y el quórum legal se forma con la mitad más uno de los senadores que integran la Cámara- después de nombrar quién sabe cómo senadora propietaria a la suplente de una senadora de viaje oficial por el extranjero y de haber llamado a sesionar a un senador enfermo.
Sin embargo, toda vez que una senadora se encadenó a un sillón y al escritorio de la mesa directiva del este otro recinto legislativo -según aparece en las fotografías publicadas en los diarios-, los senadores tuvieron que sesionar no en el salón de sesiones sino en el patio de la vieja casona de Xicoténcatl y, dispensando trámites legislativos obligatorios, aprobaron una serie de reformas legales la madrugada del viernes para amanecer sábado 29 de abril de 2023.
Pero hay un dato adicional, antes de iniciar la sesión en la sede alterna de Xicoténcatl los senadores de la coalición legislativa mayoritaria -Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México- fueron transportados al palacio nacional donde se entrevistaron con el presidente de la República; quien los recibió acompañado de los cuatro precandidatos del partido Morena que desde ahora se disputan la candidatura presidencial de su partido en 2024 -la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores y el coordinador del grupo parlamentario mayoritario en el Senado-.
Desde luego que la legislación electoral prohíbe expresamente los actos anticipados de precampaña y de campaña -y el proceso electoral federal iniciará hasta octubre de este año-, pero seguramente usted como yo ha visto en cualquier lugar del país -sea en las calles de cualquier ciudad o en las carreteras- anuncios panorámicos respaldando la postulación de alguno de dichos cuatro personajes políticos -e incluso de varios de ellos en un mismo anuncio panorámico y con la misma pintura y tipografía-, inicialmente nominados por el propio presidente de la república; cuya candidatura, por cierto, será decidida no mediante una elección primaria interna de su partido político sino a través de una encuesta. Supongo que pintar bardas por todo el país con mensajes de ese tipo, o de cualquier otro, no debe ser barato, aunque consigan buenos precios al ser tantos los anuncios; por lo que cabe la pregunta habitual “¿quién pompó?”.
Pero la tensión política no termina aquí. Desde hace varias semanas un grupo que se autodenomina “obradorista”, es decir, defensor del presidente de la república, mantiene bloqueado el acceso en la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; justo en la primera cuadra de la calle José María Pino Suárez, a unos pasos del palacio nacional, a unos cuantos metros de la plaza de la Constitución. Desde donde solicita firmas a los transeúntes para exigir la renuncia de la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de insultarla con palabras soeces en las mantas que mantienen desplegadas enfrente del edificio.
Más aún, este fin de semana circuló en redes sociales un video del momento en el cual un grupo de provocadores agredía el vehículo en que se transportaba al salir del edifico de la SCJN una señora ministra. Para estos días estaba anunciada una manifestación de dicho grupo de ciudadanos que apoyan al presidente de la república y solicitan la renuncia de la presidenta de la SCJN, pero los sucesos referidos en el Senado supongo que le impidieron a quienes los impulsan prestar atención a esta otra movilización previamente programada.
Lo hasta aquí descrito invita a la siguiente reflexión y a recopilar nuevos datos sobre estas agresiones y confrontaciones. La gobernabilidad democrática de un país parte del cumplimiento por parte de todos los actores políticos -que protagonizan la lucha y el ejercicio del poder político- de los valores, principios, reglas y demás disposiciones contenidas en la Constitución General de la República. Más aún, acatar sin chistar las decisiones que sobre su interpretación resuelva la SCJN que para eso está.
Ciertamente, pero solo en algunos casos, esos cumplimientos o incumplimientos puede estar sujetos a interpretación -y es entonces cuando interviene la SCJN u otro órgano judicial que sea competente-. Hay actos que son anticonstitucionales cuando violan de manera inequívoca disposiciones expresas de la Constitución; en tanto que hay actos inconstitucionales sea porque ellos mismos o las disposiciones constitucionales o legislativas que incumplen sean motivo de interpretación. Los actores institucionales centrales en el ejercicio del poder del Estado Nacional son los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, a los cuales en México como en otros países se les han agregado una serie de agencias gubernamentales con facultades exclusivas que en México hemos llamado organismos constitucionales autónomos unos y semiautónomos otros.
El caso es que la tensión política entre dichos entes públicos y el titular del poder ejecutivo federal que ahora mismo observamos y describimos debe ser completada y puntualizada mediante el breve resumen que intento a continuación:
- Se reduce el presupuesto del Instituto Nacional Electoral -organismo constitucional autónomo-, se le aumentan funciones y tareas (dos consultas populares demagógicas e innecesarias), se le niega dinero para realizarlas y además se le reducen recursos.
- Se intenta someter a la SCJN y al Poder Judicial de la Federación mediante ataques directos a sus resoluciones y sus juzgadores, así como a través de un ministro presidente aliado o sometido al poder político, además de aprovechar las nuevas designaciones por la renovación escalonada de la SCJN y de haber obtenido una plaza vacante más con la presión para obtener la renuncia de un ministro.
- El presidente de la república llega al extremo de criticar el voto de ministros de la SCJN propuestos por él mismo cuando dicho voto es contrario a las leyes y actos de gobierno cuya constitucionalidad reivindica el ejecutivo federal.
- En la Cámara de Diputados se aplica una estrategia de ataque, sometimiento y no negociación de los asuntos legislativos con la minoría legislativa opositora, cuya importancia y necesidad ni siquiera es tomada en cuenta por la mayoría legislativa ni en los casos de reforma constitucional.
- La misma estrategia aplicada en el Senado conduce a una situación de facto que el viernes y la madrugada del sábado pasados permitió, fuera de las reglas del procedimiento legislativo, aprobar una serie de reformas violatorias de valores y principios constitucionales (reformas a las que me referiré con detalle en una colaboración semanal posterior).
- El presidente de la república convoca a palacio nacional a la mayoría legislativa en el Senado para instruir la aprobación de dichas reformas legislativas.
- Un grupo de choque autodenominado “obradorista” bloquea desde hace varias semanas el acceso principal al edificio de la SCJN, exige la renuncia de la presidenta de la SCJN y convoca a una manifestación con este propósito, la cual no se pudo llevar a cabo por las razones expuestas.
- Mediante un procedimiento espurio se hace la renovación de integrantes del Consejo General del INE para anular su autonomía, independencia e imparcialidad en la organización de las elecciones.
- Mediante actos de intimidación e incumplimiento de sus resoluciones se reduce o anula la importancia del control parlamentario que se ejerce a través de un órgano técnico semiautónomo, la Auditoría Superior de la Federación.
- Mediante otro procedimiento espurio se anula el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo constitucional autónomo.
No intento hacer aquí un listado de las leyes y demás actos anticonstitucionales e inconstitucionales en que ha incurrido el gobierno federal actual y que han sido declarados como tales por la SCJN o por otros órganos judiciales competentes. Mucho menos hago aquí un recuento de las decisiones y proyectos respecto a políticas públicas que a todas luces son cuestionables, como es el caso de la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo. Me limito a recordar los actos de ataque y confrontación más conocidos en contra de los demás poderes y organismos constitucionales autónomos y semiautónomos federales, pero que desde luego no son los únicos.
Si a todo esto agregamos la preocupante militarización de diversas áreas de la administración pública federal cuya realización está limitada constitucionalmente de manera exclusiva a los civiles, solo puedo concluir que nada bueno puede venir de tanta tensión política.
Ciudad de México, 1 de mayo de 2023.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Francia) y doctor en Derecho (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA). Autor de libros de Derecho Público, Privado y Social; Administración Pública y Ciencia Política; sus libros se encuentran en librerías, en Amazon y en Mercado Libre.
Sé el primero en comentar