Moisés MOLINA*
Hace algunas semanas escribí en este mismo espacio algunas reflexiones en torno a la naturaleza de nuestro sistema de justicia penal respecto de los jueces.
Había yo explicado que el “nuevo” sistema penal acusatorio basamentado en juicios orales se había diseñado para proteger reforzadamente a acusados, imputados y sentenciados.
La razón es sencilla: ellos se defienden desde una posición de desventaja frente al aparato del Estado a través de las fiscalías, que representan a las víctimas y a la sociedad.
Este semestre, la Benemérita Universidad de Oaxaca me ha invitado a impartir la materia “Estudio de Caso” a los alumnos del último semestre de la licenciatura en Derecho.
Nuestro primer caso a analizar ha sido el del documental “Duda Razonable” dirigido por el cineasta y abogado Roberto Hernández.
Dicho filme relata cómo la fiscalía de Tabasco fabricó hace una década un caso de secuestro y otro de tentativa de secuestro validado por un tribunal de enjuiciamiento que impuso sendas condenas de 50 años a los acusados en un proceso plagado de irregularidades.
El caso llegó -de manera extraordinaria- a la Suprema Corte, que emitió una sentencia ejemplar y paradigmática que remató la doctrina existente sobre algo que todavía sigue usándose para adornar el discurso jurídico y judicial: la presunción de inocencia.
Y es que respecto de ella todavía queda mucho por hacer.
Para entenderlo pronto, dicho principio constitucional implica que los jueces deben partir de la suposición de que la personas que el ministerio público les presenta como acusadas o imputadas son inocentes de los delitos de los que se les señalan.
Ni más, ni menos.
Toda la carga de demostrar su culpabilidad y la existencia del delito le corresponde de manera insustituible y total al ministerio público que cuenta con todos los elementos humanos, materiales y legales para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y escrupulosas.
No es trabajo de los jueces suplir sus deficiencias, ni es carga de los acusados penar su inocencia, porque la inocencia se presume.
Esto no lo hemos querido entender bien y como sociedad seguimos presumiendo culpabilidad.
Los medios de comunicación y las redes sociales siguen siendo tribunales que emiten sentencias de culpabilidad anticipada e incluso, como en Duda Razonable, algunos jueces siguen tratando a los acusados como presuntos culpables y a los ministerios públicos y fiscales como aliados.
El documental se llama “Duda Razonable” porque cuando el ministerio público habla por primera vez en un juicio “promete” -como objetivo de su teoría del caso- demostrar “más allá de toda duda razonable” que aquellos a quienes acusa merecen recibir el castigo que se pide.
La obligación inicial de los jueces es -entonces- dudar.
Así es nuestro sistema, así está diseñado desde su filosofía y desde la legislación. Pero en la práctica pareciera más fácil dudar menos o no dudar en absoluto.
Por eso nuestras cárceles están llenos de inocentes.
Si usted es de los que piensa que es preferible tener inocentes en las cárceles que culpables en las calles, más vale que reclame al legislador un nuevo cambio de sistema.
El espíritu del sistema penal acusatorio y adversarial descansa en la convicción institucional de que es mil veces preferible tener mil culpables en las calles que un solo inocente en nuestras cárceles.
La inocencia siempre se presume. La culpabilidad se prueba más allá de toda duda razonable.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
Sé el primero en comentar