Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
El año 2021 inicia con por lo menos los siguientes temas prioritarios en la agenda política nacional, aunque en cualquier momento pueden surgir otros más urgentes:
Las mañaneras
¿Recuerdan ustedes aquellos mensajes publicitarios que más o menos decían que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México? El candidato perdedor y el partido político en el que entonces militaba AMLO, entre otras acciones para responder a su derrota electoral -por ejemplo, intentar impedir que el presidente electo tomará posesión del cargo o bloquear durante varias semanas la avenida Juárez y parte del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México- impulsaron también una reforma constitucional y legal para establecer un nuevo modelo de comunicación política en los medios de comunicación, para impedir que personas y organizaciones privadas participasen en los procesos electorales de manera indirecta comprando mensajes publicitarios en los medios de comunicación, particularmente radio y televisión.
El caso es que la prohibición se extendió, para efectos prácticos, a todo tipo de comunicación política colectiva por parte de los particulares. Si esto significa una restricción a la libertad de expresión, para efectos formales poco importa pues al ser disposiciones establecidas en la Constitución la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impuesto el criterio obligatorio de que cualquier restricción establecida en la Constitución es, por este hecho, permitida, pues no hay derechos absolutos sino solo derechos regulados. Si esto, además, es contrario al paradigma internacional e interamericano de protección y defensa de los derechos humanos o al modelo democrático, tampoco importa gran cosa pues la reforma fue avalada en su momento por todos los partidos políticos nacionales, así es que nadie puede decir que no fue democrática la forma de su adopción.
A partir de entonces, la autoridad que administra los tiempos oficiales en radio y televisión es el ahora Instituto Nacional Electoral, así es que ningún partido o candidato puede comprar tiempos en dichos medios, sino sujetarse a los que el INE le asigne conforme a una regulación estricta prevista en la propia Constitución. Menos aún pueden comprar esos tiempos los particulares, ni siquiera intentar cualquier tipo de publicidad que de manera directa o indirecta incida en el debate político electoral; la vigilancia al efecto es super estricta y ya ha motivado sanciones a personas y empresas particulares.
El otro aspecto relevante de este modelo de comunicación política fue la prohibición de que el gobierno o cualquier funcionario -federal, estatal o municipal- pudiera aprovechar los recursos públicos para hacer propaganda en favor suyo o de su partido político, de tal suerte que así también quedó establecido en la Constitución.
Ambas regulaciones y restricciones tienen como argumento central mantener la equidad e intentar la igualdad en la competencia electoral, es decir, para lograrlo, impedir que tanto el gobierno como los grandes consorcios empresariales pudieran intervenir en la competencia electoral a través de sus mensajes en radio, televisión, prensa escrita, redes sociales y cualquier otra forma de comunicación masiva.
Pero el modelo de comunicación política del presidente AMLO y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se sustenta precisamente en una comunicación cotidiana de sus acciones, justificadas en el argumento de que se trata tanto de una información sobre servicios públicos, así como de un ejercicio de rendición de cuentas. Obviamente cuando AMLO estuvo en la oposición tuvo buen cuidado de criticar e impedir con sus movilizaciones políticas que dichos principios constitucionales y legales pudiesen ser violados. Una cosa muy distinta sucede ahora que encabeza el gobierno ejecutivo federal y ejerce un control de facto sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal -autoridad que resuelve en última instancia judicial lo que en una primera instancia administrativa resuelve el INE-. El Tribunal Electoral ha emitido una serie de sentencias, una tras otra, para justificar en todo momento el modelo de comunicación gubernamental actual, aunque éste en sí mismo entrañe una violación a las disposiciones constitucionales brevemente descritas.
En estos días el INE, por su parte, ha establecido un intento no de suprimir las mañaneras -conferencias de prensa cotidianas del presidente AMLO en las cuales fija su posición y emite sus críticas a los partidos y gobiernos locales de oposición, inclinando la balanza a favor de su gobierno y de su partido-, pues se le vendría el mundo encima, sino sólo de regularlas. Si el gran debate es el de analizar la constitucionalidad del modelo de comunicación gubernamental de la 4T y personal de AMLO -resuelto ya a favor de ambos por el TEPJF-, este nuevo mini debate que acaba de iniciar el INE -al intentar regular el contenido de las mañaneras- está todavía por verse en qué termina.
Las vacunas
Sin duda que el problema número uno a resolver en casi todos los países del mundo -excepto en los que sus gobiernos hicieron bien su trabajo, que se cuentan con los dedos de una mano- son las crisis de salud y económica derivadas de la pandemia. Por razón natural, también se trata del problema principal a resolver por el gobierno mexicano federal, pues ni los particulares, ni el sector de salud privado, ni los gobiernos locales pueden hacerlo, aunque les sobren ganas y necesidad de hacerlo; toda vez que, en nuestro sistema federal de gobierno, específicamente en materia de salud, esta responsabilidad de coordinación, dirección y regulación de las acciones para enfrentar la pandemia le corresponde totalmente al gobierno federal. Es una disposición constitucional expresa y puntual, más aún y específicamente en el caso de “invasión de enfermedades exóticas” como la que ahora nos aqueja.
El examen comparado internacional nos muestra que, en efecto, México se ha convertido en un ejemplo para el mundo por la forma como ha combatido la pandemia, sólo que se trata más bien de un contraejemplo, pues ha demostrado exactamente lo que no se debe hacer, sin que sea necesario entrar en detalles pues son de todos conocidos: están saturados y colapsados hospitales, crematorios y cementerios. El caso de la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna para prevenir la enfermedad, por su parte, ha sido un conjunto de ocultamiento de la información, equivocaciones, contradicciones, lucha de tribus burocráticas con vistas a la sucesión presidencial -¡imagínese!- y propaganda gubernamental permanente, cuyo clímax se encuentra ahora en la forma de aplicar la vacuna a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
No obstante que desde hace muchos años existe un Sistema Nacional de Vacunación al interior del Sector Salud para adquirir, distribuir y aplicar todas las vacunas que periódica pero permanentemente se aplican en todo el país, se ha formado una estructura paralela sin experiencia previa en esta tarea en la que intervienen los llamados “servidores de la nación”, es decir, los encargados de censar a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno de la 4T; así como los superdelegados, es decir, los agentes gubernamentales federales que coordinan todos los programas federales en el territorio de las entidades federativas; además del Ejército, al que como todos sabemos se le han confiado numerosas tareas durante el actual gobierno, más allá de las que por la naturaleza de sus funciones le corresponden. Por no dejar, también incluye este vistoso grupo paralelo a personal de salud.
Si las vacunas que se dice ya se han comprado son suficientes, si la forma de resguardarlas para que mantengan su eficacia al ser aplicadas es la debida y si alcanzan para ser aplicadas a la población objetivo en un tiempo deseable, a la luz de la permanencia y extensión de la enfermedad, es una tarea gubernamental sobre la cual la rendición de cuentas va mucho más allá de los discursos triunfalistas a los que algunos creen que ya estamos acostumbrados.
Los órganos autónomos
La creación durante los últimos treinta años de una serie de órganos u organismos constitucionales autónomos ha obedecido a varias razones. De una parte, a la complejidad creciente de la administración pública que requiere de agencias especializadas para regular, vigilar y sancionar aspectos específicos de procesos económicos y sociales. Pero también, para impedir el presidencialismo autoritario apoyado en un partido hegemónico que anula la división de poderes y el ejercicio de las libertades y derechos humanos reconocidos expresamente en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
Fue así como surgieron, primero, el Banco de México -para impedir que el presidente echara a andar la maquinita de imprimir billetes, con las consecuencias bien sufridas varias veces por todos los mexicanos-; el Instituto Federal Electoral, hoy Nacional, para impedir que el ejecutivo federal organizara las elecciones, contara los votos y declarara triunfador a su propio partido; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para abrir una vía política no judicial ni obligatoria pero de alguna manera efectiva mediante el convencimiento y la amigable composición, para evitar o detener la violación de los derechos humanos; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para llevar la estadística nacional con datos confiables y no “cuchareados” por el gobierno en turno; el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para hacer efectivo el principio constitucional de máxima publicidad de cualquier acto de cualquier autoridad gubernamental; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para ver si sirven para algo los programas sociales instaurados por los gobiernos sucesivos; la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para evitar en lo posible el capitalismo de compadres; y la Fiscalía General de la República, para que el ejercicio de la acción penal no estuviese a cargo de “fiscales carnales”.
El caso es que en estos primeros días de enero el presidente AMLO ha declarado que los órganos constitucionales autónomos deben desaparecer y ya empezó a señalar cuáles luego y cuáles más tarde. La única duda es si las reformas constitucionales serán antes o después de las elecciones federales del 6 de junio próximo.
Los Estados Unidos
El proceso electoral y el cambio de presidente americanos han venido acompañados de una serie de desencuentros entre el gobierno mexicano y el gobierno americano, a pesar de la declarada amistad entre los dos presidentes, como se cansa de afirmar el presidente americano todavía en funciones hasta antes del 20 de enero. La lista se va haciendo más larga conforme van pasando los días, pero llegó a su clímax con la reciente exoneración del anterior secretario de la Defensa Nacional por la Fiscalía General de la República, liberado hace unas semanas por los americanos para ser juzgado por los mexicanos. Pues resulta que no hay delito que perseguir y el gobierno mexicano para demostrarlo dio a conocer documentos confidenciales que el Tratado de Asistencia Legal entre ambos países dice que deben ser top secret, por lo que el gobierno americano ya puso el grito en el cielo. Y si esto sucede entre dos gobiernos donde los presidentes dicen que son tan amigos, ¿qué sucederá cuando llegue el presidente electo que al parecer no ha sido considerado tan amigo por el presidente AMLO?
Ciudad de México, 20 de enero de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (Estados Unidos de América); Especialidad en Justicia Electoral por el TEPJF (México).
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