CIUDAD JUÁREZ, México — Desde su casa en Honduras, a María Magdalena Ferrufino Núñez le llegó el rumor de que el nuevo presidente de México estaba ayudando a los migrantes que se iban al norte en busca de una mejor vida.
“Escuché que les estaba dando la bienvenida a las caravanas”, dijo Ferrufino Nuñez, de 55 años, quien viajó con su hijo hacia Ciudad Juárez, donde vive en un refugio mientras espera para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Durante los meses de la primavera generalmente se percibe un aumento en la migración porque los centroamericanos, quienes huyen de la pobreza, la violencia o intentan reunirse con sus familiares en Estados Unidos, aprovechan el clima templado para viajar al norte.
Sin embargo, este año, un número récord de familias migrantes está abrumando a funcionarios y centros no solo en el lado estadounidense de la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual ha enfurecido a los funcionarios del gobierno de Donald Trump, sino también en el lado mexicano.
La aglomeración de migrantes en México generalmente se ha adjudicado a las restricciones que el gobierno de Trump ha impuesto al proceso de asilo de Estados Unidos. Sin embargo, esta crisis también parece ser responsabilidad, en parte, del presidente mexicano.
De acuerdo con los migrantes, los funcionarios locales y los académicos en materia de migración, este aumento en la migración hacia el norte también ha sido motivado por las políticas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien hizo una campaña electoral como defensor de los pobres y los oprimidos, y entró al cargo en diciembre.
Durante su gestión, ha buscado adoptar un enfoque drásticamente distinto al de sus predecesores, presentándose ante los migrantes como un personaje más amable y moderado. Las detenciones y las deportaciones han disminuido desde que comenzó su gobierno, y ha buscado incorporar a más migrantes en la sociedad mexicana siendo más generoso con las visas humanitarias y los permisos de trabajo.
Al mismo tiempo, también ha ayudado a las iniciativas del gobierno de Trump para detener a la gente que busca asilo en Estados Unidos.
Puesto que hay más migrantes que se trasladan al norte y mayores restricciones para entrar a Estados Unidos, el número de personas que esperan en el lado mexicano de la frontera ha aumentado. Desde Tijuana, en el extremo oeste de la frontera, hasta Matamoros, en el extremo este, miles de migrantes han saturado los refugios mientras agotan los recursos de emergencia de los gobiernos locales y la sociedad civil, y ponen a prueba la generosidad y la paciencia de los residentes.
En Ciudad Juárez, los migrantes que se dirigen al norte —desde Centroamérica, el Caribe y otros lugares— comenzaron a llegar de manera masiva el año pasado. Los dos viejos albergues de la ciudad rápidamente se saturaron. Las iglesias hicieron a un lado sus bancas para acomodar colchones, y el gimnasio de una escuela pública fue transformado en un dormitorio. Ahora hay nueve albergues, y aún no son suficientes para albergar a los nuevos migrantes que llegan a una tasa de más de cien al día, según funcionarios locales y estatales.
“Nadie sabe en qué va a parar esto, cuántas personas vendrán, cuántas más vamos a ayudar”, dijo Rogelio Pinal Castellanos, director de derechos humanos de Ciudad Juárez.
Además, la situación solo empeoraría si Trump cumple su amenaza de cerrar la frontera como represalia a lo que, según él, ha sido una estrategia inadecuada del gobierno mexicano para frenar la migración ilegal.
El aumento de los migrantes que llegan a Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas corresponde a un incremento en la cantidad de personas indocumentadas que intentan entrar a Estados Unidos.
Los funcionarios estadounidenses dicen que alrededor de 76.000 migrantes sin documentos fueron interceptados, o se entregaron, a lo largo de la frontera suroeste en febrero, un aumento del 31 por ciento respecto a la cantidad que se vio en enero.
A ese ritmo, las detenciones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de Centroamérica, se perfilaban para superar las 100.000 el mes pasado, según afirma el gobierno de Trump, y podrían alcanzar la cifra de un millón para finales de septiembre. Estos son niveles que no se habían observado desde principios de la década de 2000.
El aumento de migrantes indocumentados ha ocurrido a pesar de una serie de políticas agresivas por parte del gobierno de Trump diseñadas para desalentar la migración, entre ellas restringir el proceso de solicitud de asilo.
Durante años, los migrantes que buscaban asilo solo debían presentarse en un puerto de entrada a Estados Unidos para comenzar el proceso. No obstante, el gobierno de Trump ha comenzado a usar un sistema conocido como “dosificación”, el cual limita el número diario de solicitantes de asilo que pueden presentar sus casos en ciertos puertos de entrada.
La práctica ha generado listas de espera informales que son gestionadas por las autoridades mexicanas, o incluso por los migrantes. Actualmente hay más de 3300 solicitantes de asilo en la lista en Ciudad Juárez. El número de migrantes que pueden cruzar formalmente cada día va de las varias decenas a cero, y la espera puede extenderse durante meses. El domingo, solo se permitió que cruzaran diez personas. El día anterior: ninguna.
Como parte de una tendencia que comenzó durante el gobierno de Obama, un porcentaje cada vez mayor de migrantes está viajando en familia con niños. Algunos dicen que traen a sus hijos, en parte, porque saben que así tendrán más oportunidades de que los liberen rápidamente de los centros de detención estadounidenses.
“En Guatemala escuchamos que, si viajas con niños, es mucho más fácil cruzar”, dijo una mujer, de 30 años, que se ha estado quedando con su hijo de 5 años en un refugio de Juárez mientras espera su turno para solicitar asilo en El Paso, Texas, la ciudad vecina. Pidió que no se publicara su nombre completo porque no quería poner en peligro su caso y dijo que estaba escapando de una pandilla violenta en Guatemala.
Aunque López Obrador ha elegido, en algunos aspectos, ayudar a Estados Unidos en su agenda en materia de inmigración, también ha enviado un mensaje a los posibles migrantes en el que les asegura que ahora son más bienvenidos que nunca en México.
En los primeros tres meses de la gestión de López Obrador hubo un 44 por ciento menos de deportaciones que durante el último trimestre del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. López Obrador también ha hablado en repetidas ocasiones acerca de incorporar más migrantes en la fuerza de trabajo mexicana.
En enero, la agencia mexicana de inmigración montó un grupo operativo especial en la frontera sur para apresurar la emisión de visas humanitarias renovables con vigencia de un año para los centroamericanos que llegaban como parte de una enorme caravana migrante.
Sin embargo, después de que más de 13.000 migrantes solicitaron la visa en dos semanas, el gobierno terminó el programa de manera abrupta.
Muchos migrantes que habían solicitado la visa dijeron que tenían la intención de usarla para que fuera más fácil su paso a la frontera norte y después poder cruzar a Estados Unidos, legal o ilegalmente.
“Escuché que estaban dando un permiso excelente de entrada, por eso llegamos con la idea de cruzar a Estados Unidos”, comentó Donald Tejada, de 28 años, un trabajador hondureño de una plantación de café que solicitó la visa especial a finales de enero.
Aunque las caravanas migrantes conforman solo un pequeño porcentaje, pero muy visible, del número total de migrantes que atraviesan México, el gobierno de López Obrador en gran medida ha permitido que se trasladen sin obstáculos por el territorio mexicano.
Al menos dos grandes caravanas migrantes —una con cerca de 2000 migrantes y la otra con alrededor de 800— actualmente viajan por el sur de México con destino a Estados Unidos, según los informes noticiosos locales. No obstante, el sábado, otra más salió de San Salvador, la capital de El Salvador, también con destino al norte.
El domingo, la agencia mexicana de migración señaló que el lunes reanudará la emisión de visas humanitarias a los migrantes “de manera limitada” en el estado sur de Chiapas, dándoles prioridad a las mujeres, los niños y las personas mayores de 65 años. Las autoridades también dijeron que comenzarán a emitir las visas a través de los consulados mexicanos de Guatemala, El Salvador y Honduras a partir de mayo.
Sin embargo, el gobierno de López Obrador ha estado sometido a una presión considerable por parte del presidente Trump para ayudar a frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos. Además, después de una reunión sostenida la semana pasada con funcionarios estadounidenses, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de gobernación de México, dijo que desplegarán a las fuerzas de seguridad a lo largo del sur de México para ayudar a controlar la migración.
El gobierno de López Obrador también se ve presionado debido a las ciudades y estados fronterizos que han estado soportando las tareas de cuidar a miles de migrantes.
Los funcionarios del estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, dijeron que en repetidas ocasiones han presionado a sus contrapartes federales para que les den dinero con el fin de ayudar a apoyar a los migrantes que esperan cruzar a Estados Unidos, además han argumentado que su presencia en parte es el resultado de una política migratoria inconsistente a nivel federal.
No obstante, no los han ayudado mucho.
“No tenemos la capacidad para recibir a tantas personas durante tanto tiempo”, dijo Enrique Valenzuela, coordinador del consejo de población del gobierno de Chihuahua, el cual se encarga de los asuntos relacionados con los migrantes en el estado. “Enfrentamos una situación que no causamos, pero los costos han sido altos y están aumentando”.
Parte de su trabajo consiste en pedirles paciencia a los migrantes que esperan su turno para solicitar asilo. Sin embargo, advierte que, cuanto más deban esperar, será más probable que intenten cruzar ilegalmente.
Además, cuantas más personas crucen ilegalmente, más personal de los cruces fronterizos legales reasignará el gobierno de Trump, lo cual ralentizará el servicio en los puertos de entrada y limitará aún más el proceso de los casos de los solicitantes de asilo, y así se generará un círculo vicioso.
Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute en Washington, D.C., dijo que tanto el gobierno de Trump como el de López Obrador están aprendiendo a reconocer los límites de sus propias retóricas políticas.
“La gran ironía en este caso es que la retórica del gobierno estadounidense se basa exclusivamente en la actuación policial, mientras que la retórica del gobierno mexicano es lo opuesto”, comentó. “Y ninguna de estas posturas es posible”.
con información de The New York Times
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