Son más de 800 los casos de irregularidades de todo tipo que ya analiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… y vienen varios cientos más. Como nunca, el proceso electoral en curso está inundado de quejas y denuncias. Apenas comenzadas las campañas electorales, el presidente del INE prendía los focos rojos por la inusitada litigiosidad que se veía venir. Y a este panorama habrá que sumar las descalificaciones que se lanzan desde la tribuna presidencial contra los árbitros y garantes de las elecciones.
Quejas y denuncias, un registro amplio que suele detonar una vez pasada la jornada de votación, tienen en el proceso electoral en curso una inusitada incidencia: a punto de concluir el periodo de campañas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), supera los 800 casos en instrucción y al menos 300 más están en camino, pues aún se sustancian ante la autoridad administrativa.
Desde el inicio del proceso electoral, la precoz judicialización –especialmente a partir de la designación de candidatos– no pasó inadvertida para las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).
Apenas iniciada la etapa proselitista, el presidente el INE, Lorenzo Córdova Vianello, alertaba que la temprana judicialización presagiaba una litigiosidad sin precedente y que eso, junto a las descalificaciones al árbitro electoral desde la tribuna presidencial y la dirigencia de Morena, podía tener el propósito de preparar el terreno para una difícil etapa poscomicial.
“Quién quita, en una de esas, el intento de tratar de construir un discurso (contra el árbitro) es para el día después de las elecciones, pero… al árbitro no le toca jugar ni especular”, deslizó Córdova en entrevista con Proceso el pasado 15 de abril.
A una semana de que se celebren las elecciones, el INE acumula 300 casos relacionados específicamente con fiscalización, en tanto que el TEPJF tiene 814 asuntos por resolver en el total de sus diferentes salas e instancias, poco a poco, sumando expedientes también relacionados con exceso de recursos junto a los que acusan actos anticipados de campaña y otras irregularidades.
Esas dos vertientes, los gastos y los actos anticipados, son de las más frecuentes causas de sanción e inclusive anulación de procesos electorales.
Vía | Proceso
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