La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) sostuvo una reunión de trabajo con la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Claudia María Bazúa Witte, área que realiza las auditorías a los entes del Gobierno Federal y a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo federales.
El presidente de la CVASF, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), afirmó que las y los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios “tenemos un objetivo en común y lo hemos dicho: la corrupción se tiene que combatir de manera institucional”.
La corrupción es un problema que en nuestro país va más allá de sexenios y traspasa los colores partidistas; por lo tanto, es un compromiso de la Comisión de Vigilancia garantizar que el trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sea un trabajo profesional como se viene realizando, subrayó.
Mientras más auditorias se realicen de manera más profunda y contundente habrá menos posibilidades de que el recurso público, que es de la nación y de las y los ciudadanos, sea utilizado de la mejor manera, apuntó el legislador.
Respecto al análisis de la Cuenta Pública 2021, destacó que la Comisión de Vigilancia solicitará que las auditorías que se realicen a los diferentes entes del Gobierno Federal y a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial sean profundas y den resultados en el buen manejo de los recursos públicos.
Planteamientos de los grupos parlamentarios
Del PRD, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete cuestionó ¿cuáles de las observaciones derivadas de las auditorías se podrán subsanar ampliando información según los hallazgos de las revisiones realizadas? ¿De cuánto dinero son las afectaciones al erario público? Y ¿qué monto podrá ser subsanado? La mayoría de las observaciones son sustanciales y dan indicios de mala administración de los recursos con probables temas de corrupción.
Por el PVEM, el diputado Luis Alberto Martínez Bravo planteó qué acciones toma la ASF en coordinación con las entidades federativas en materia de control interno y cuáles debiéramos impulsar desde la Cámara de Diputados, a fin de fortalecer los sistemas de control interno en los estados y municipios que garanticen de mejor manera el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Hiram Hernández Zetina, diputado del PRI, preguntó ¿cuál es el monto de contratos asignados de forma directa o invitación a terceros? Y ¿cuál es el monto total observado al Gobierno Federal?
La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño inquirió que no se hace referencia a la revisión de medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil realizada al Insabi, auditoría que se dio de baja del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.
Solicitó conocer los motivos y la justificación de esta decisión, al considerar “un error la cancelación de esta auditoría”.
Adela Ramos Juárez, diputada de Morena, externó su preocupación que desde la revisión de la Cuenta Pública 2019, los servicios de salud en Coahuila han incumplido sus responsabilidades. En el ejercicio 2020, la ASF revisó 89.6 por ciento de los dos mil 129.96 millones de pesos transferidos al gobierno estatal. A pesar de que son recursos de vital importancia, una vez más los resultados fueron desfavorables, se registraron inobservancias de la normativa generando un monto por 414.3 millones de pesos por aclarar de la muestra auditada, ¿Qué medidas están tomando al respecto?, preguntó.
En la segunda ronda de preguntas y respuestas, del PRI, la diputada Cristina Ruiz Sandoval planteó ¿qué estrategias ha implementado la Auditoría Especial para agilizar y solventar los procedimientos pendientes como diversas denuncias que se encontraban detenidas en la Auditoría Especial de Seguimiento? En un órgano como la ASF cómo se mantiene el equilibrio intrainstitucional, para que casos de la Auditoría Especial de Seguimiento operen de forma eficaz respetando los equilibrios.
Juan Guadalupe Torres Navarro, diputado de Morena, inquirió si existe la posibilidad de realizar un adecuado registro financiero, pero que en realidad el manejo del recurso se haya realizado de manera incorrecta. De qué manera la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero puede garantizar que dichos supuestos no puedan efectuarse o, en su caso, puedan identificarse puntualmente.
También de Morena, la diputada Inés Parra Juárez planteó: “Están por combatir la corrupción o sólo están simulando; me queda claro que no le quieren entrar de lleno a las denuncias de hechos y se escudan en su reglamento interno”.
Respecto de las auditorías de cumplimiento financiero realizadas en 2020, cuántas irregularidades graves detectaron y cuáles son susceptibles de proseguir hacia una denuncia de hechos.
La diputada del PAN, Sonia Murillo Manríquez planteó qué acciones se deben realizar para mejorar el desempeño de Segalmex; la Auditoría Superior se debe considerar como un ente técnico para hacer cambios estructurales en las instituciones públicas que están fallando, con cambio de directivos, personal capacitado en el sector primario para mejorar y fortalecer al sector primario del país.
También de Morena, Raymundo Atanacio Luna reconoció el trabajo de la Auditoría Especial en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Apuntó que la rendición de cuentas no tiene partido político. A título personal, comentó que ha presentado una iniciativa sobre la auditoría forense, por lo que solicitó trabajar con el equipo del área de la ASF para enriquecer la propuesta.
Respuestas a las y los diputados
Al responder los cuestionamientos de las y los diputados, la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, Claudia María Bazúa Witte refirió que las auditorías presentadas en la tercera entrega de los Informes de la Cuenta Pública 2020 y el volumen de información es muy grande, no se alcanza a revisar por completo. En los casos donde no se observa un daño o perjuicio, hemos reactivado las solicitudes de aclaración, estamos, casi ciertos, que van a solventarse.
Esto no significa que si no presenta la documentación no haya consecuencias, en ese caso, se convertirá en un pliego de observación para su análisis y determinación de solventación o no, siguiendo el procedimiento jurídico. Determinamos acciones de pliegos de observaciones por un total de 27 mil millones de pesos aproximadamente, comentó.
Señaló que el monto total de contratos por asignación directa en la Cuenta Pública 2020, fueron 120 mil 314 millones de pesos.
Sobre el monto observado al Gobierno Federal, en el ejercicio 2020, la suma de pliegos de observaciones y solicitudes de aclaración fueron por 21 mil 267 millones de pesos, es lo que se determinó en la etapa de desarrollo de auditorías, continúa la etapa de seguimiento y ahí se verá si ese monto se mantiene o puede solventarse de alguna manera, agregó.
Sobre las estrategias de la Auditoría Especial para agilizar pendientes, en particular denuncias y mantener equilibrio con las demás áreas de la institución, precisó que hasta agosto del año pasado las áreas auditoras teníamos la facultad, de acuerdo al reglamento interior, de realizar los dictámenes técnicos para denuncia de hechos que se enviaban al área jurídica que los calificaba y solicitaba documentación para fortalecerlos y enviarlos a la Fiscalía General de la República, en la ruta que deben seguir.
Explicó que el reglamento interior de la ASF cambió y no caprichosamente; es parte de los equilibrios que existen en el trabajo de la institución y por un motivo de orden jurídico, se replanteó que fuera la Auditoría Especial de Seguimiento quien realice los dictámenes técnicos en coordinación con las áreas de investigación y la jurídica.
En torno a los registros financieros, dijo que la labor de la Auditoría Especial consiste en que no existan estos posibles registros financieros incorrectos en las muestras que se revisan.
Podrían tratar de hacerlo, pero tenemos herramientas y procedimientos de auditoría donde se revisan los registros y la documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio del gasto o recaudación de los recursos.
De muchas formas podemos saber si el registro contable esta incorrecto o no, se analiza la información que dio origen al mismo, precisó.
Bazúa Witte aseguró que no se simula un combate a la corrupción en la ASF y las tres mil personas que laboran se dedican a realizar sus funciones con profesionalismo, calidad y dedicación. “Es muy triste que se nos perciba como una simulación, no es lo que buscamos, trabajamos con mucho empeño convencidos que tenemos que combatir la corrupción y prevenirla”.
“No me escudo detrás del reglamento interior, no me imagino cómo una institución como la ASF pudiera funcionar con una organización adecuada”.
Refirió que la solicitud de aclaración es una acción autorizada permitida a la entidad fiscalizada, que no conlleva ni les da más tiempo, ni dilata los procesos, ya que existen plazos legales para hacerlo.
Agregó que se agotan todos los recursos administrativos antes de presentar las denuncias de hechos.
Dijo que en la Cuenta Pública 2020 se tienen irregularidades graves, como en Segalmex y sus dos empresas Liconsa y Diconsa, que merecen que la ASF nos sumemos a las denuncias que ya están presentadas. No hay mucho para dónde se puedan hacer; ahí sí tenemos elementos muy importantes y uno de ellos es justamente una auditoría forense.
Se inició en una dirección general y se le pasó al área forense para que profundizará, fue el caso de Liconsa, y tenemos muchos elementos que nos hacen presumir un perjuicio al erario público. Estamos coordinándonos para integrar los dictámenes técnicos para sumarnos a las denuncias que están en las fiscalías, puntualizó.
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