Joel Hernández Santiago
¿Y cuál es la voluntad del pueblo? ¿Quién la conoce? ¿Acaso el voto aprobatorio en comicios da patente de corso a los gobiernos para que –en nombre de ese voto- hagan y deshagan aunque en ocasiones lo que hacen va en contra del interés nacional o del interés de los mexicanos?
Durante estos días siguen los dimes y diretes por la aprobación de la Reforma Judicial, por la que serán elegidos, mediante votación popular, más de ochocientos jueces y magistrados durante la primera semana de junio de 2025, pero sobre todo erosiona severamente la división de poderes que le da sentido a la República mexicana.
El tema que confronta a las partes, jueces y gobierno federal y legisladores, es si esta Reforma es Legal o no, dados los procedimientos que se siguieron para aprobarla.
Y ya está aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y eso podría darle carácter de Consummātum est.
Sin embargo, quedan resquicios y fisuras por las que, en ley, podrían echar abajo esta Reforma Judicial. Y por esto algunos jueces han emitido advertencias legales de suspensión de la misma.
Lo más reciente fue el amparo promovido por la juez Nancy Juárez Salas. La juez pide a la presidente Claudia Sheinbaum y a las autoridades del Diario Oficial de la Federación que retiren la publicación de la Reforma Judicial, toda vez que –dice- afecta al Estado de Derecho.
Es creíble, sí, que los jueces que han advertido estas indisposiciones legales emitan sus mandatos jurídicos en base a su conocimiento de la ley. Y uno supone que son jueces y, por lo mismo, conocen el sí o el no de las leyes, como ocurre en este caso.
Ya antes se habían hecho varias advertencias de irregularidades legales de procedimiento a esta Reforma. Pero todas ellas fueron desatendidas por el Ejecutivo y los Legisladores morenistas, et.al, en la locura triunfal del “ya se aprobó la Reforma Judicial y ¡háganle como quieran!’
Pero hoy estamos ya en otra etapa. Y es la de los mandatos judiciales en contra de su publicación y vigencia. El Poder Ejecutivo se niega a acatar dicho mandamiento. El argumento de la presidenta Sheinbaum es muy sencillo: ‘Ya está aprobada y publicada la Reforma, por tanto ya no hay vuelta atrás’. Esto mismo podría configurar un desacato a un mandato judicial.
La presidente Sheinbaum dice que la juez Juárez Salas se extralimitó de sus atribuciones pues no puede haber amparo en contra de una reforma Constitucional, y que notificará a la dependencia encargada de sancionar a los jueces, Magistrados y Ministros a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo por las violaciones a la Ley de Amparo.
¿Quién tiene la razón? Los mexicanos interesados en el tema están a la expectativa. Por un lado lo que supone un desacato del Ejecutivo al mandato judicial, y por otro lado la expectativa de que se sustente aún más el amparo invocado por la juez Juárez…
Y entramos a la famosa dimensión desconocida. A la dimensión en la que la retórica sustituye a los argumentos sólidos y se invoca a la voz del pueblo como mandante de una decisión que no conoce. Se dice que ‘ningún juez puede estar por encima de la voluntad del pueblo, que en mayoría votó por el segundo piso de la 4-T’. Esto es retórica. Esto es argumento insustentable.
“¡No me vengan con que la ley es la ley!” reprochó indignado López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional la reforma eléctrica. El mismo que, como presidente entonaba con toda frecuencia aquello de “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Hoy la presidente Sheinbaum lo dice, pero de otra manera: ‘Ningún amparo puede estar por encima de la voluntad del pueblo’.
[Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero: “El amparo es el procedimiento legal que permite reconstruir el tejido social deteriorado por los excesos de poder y por las disparidades sociales. A través de él podemos reconocernos como sujetos de derechos, condición básica para exigir su respeto frente a la autoridad y propiciar el respeto entre unos y otros.”].
Y lo dicen los mismos que durante años invocaron el apotegma juarista de “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.
Sería muy justo que el Ejecutivo hiciera una revisión exhaustiva del procedimiento que siguió para aprobar la reforma de López Obrador, y de su contenido, toda vez que muy recientemente se encontraron fallas, erratas e incongruencias, resultado de que los legisladores de Morena, et.al., no leyeron lo que aprobaron y la oposición estaba peleando entre sí, como es su costumbre.
Ser justo es eso: hacer cumplir la ley y cumplir con la ley, cualquiera de las dos partes en pugna. Lo importante aquí y ahora es que se instaure el estado de Derecho, tan invocado pero tan irrealizable aun. No es con caprichos y mala comprensión del poder como se solucionará la convivencia entre los tres poderes que constituyen a la República.
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