La justicia británica otorgó este martes al rey emérito Juan Carlos inmunidad legal hasta su abdicación en 2014, lo que el padre del actual monarca español reclamaba intentado mitigar una demanda por acoso sexual presentada por su examante en Londres.
Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres dictaminaron que la “alegada conducta previa a la abdicación es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país”.
El exmonarca, de 84 años, defendía desde 2021 que no podía ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.
Sin embargo, un juez de la Alta Corte se lo había denegado en marzo, argumentando que ya no era miembro de la casa real y que incluso antes de su renuncia, los “actos de acoso” que le imputaba la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, de 57 años, con quien tuvo una relación extramarital entre 2004 y 2009, no se beneficiaban de dicha protección.
El Tribunal de Apelación accedió después a reexaminar la cuestión, pero únicamente mientras fue jefe de Estado.
Dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad tras su abdicación, la demanda por acoso, paralizada por este recurso, podría seguir en una fecha por determinar.
Acusaciones de amenazas y hostigamiento contra Juan Carlos I
Nombrado jefe de Estado en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir la democracia en España.
Aunque una serie de escándalos a partir de 2012 derrumbaron su imagen, llevándolo primero a abdicar en favor de su hijo, Felipe VI, y en agosto de 2020, a exiliarse en los Emiratos Árabes Unidos, donde vive desde entonces.
Denunciando ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria, divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen, presentó una demanda civil contra Juan Carlos I por acoso en Londres, lugar donde ella reside.
Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012, buscando recuperar “regalos” que incluyen 65 millones de euros (aproximadamente 1.412.196.800 millones de pesos mexicanos).
Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento, aunque no hay riesgo de cárcel o extradición al rey emérito, quien niega las acusaciones.
VÍA | UNO TV
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