El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) instaló el Consejo Técnico responsable de diseñar el plan de reestructuración de los centros de estudios, en tanto se aprueban las reformas para la creación del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
El legislador subrayó que se “debe aspirar a que éste sea el mejor centro de estudios parlamentarios de América Latina, sin descuidar la práctica. Hay que revisar el perfil de los investigadores, así como recoger las mejores ideas aquí expuestas para integrarlas”.
Consideró que no se parte de cero, porque “ha cambiado el prestigio de esta Cámara en un año. Cuando llegamos había una percepción en contra de alrededor de 76 por ciento para el Legislativo, en la última encuesta sólo fue el 43 por ciento”.
Añadió que toda la renovación es parte de un pensamiento nuevo y lo que estamos exponiendo es de buena fe. Resaltó la importancia de conceptos como pluralismo académico y político.
Refirió que, por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado el 18 de septiembre, se estableció que este consejo, cuya duración es temporal, tendrá la responsabilidad de diseñar el plan de la reestructuración de los centros de estudios, en lo que se valida la Ley del Congreso, que está en proceso de dictaminación, para crear el Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame Castillo (PAN), señaló que es necesario este Consejo Técnico para renovar los centros de estudios como parte de un proceso de trasformación del Poder Legislativo y “poner al día muchas de sus estructuras e instituciones que por alguna razón no están funcionando, no responden ya de la mejor manera o deben evolucionar para servir mejor a la nueva realidad política”.
Se pronunció por que esta Legislatura dirija todos sus esfuerzos para que “los centros de estudio sean el instituto adecuado para este momento del Congreso y del país y genere los servicios que todos deseamos”.
Estimó que existe el deseo de que aporten servicios de calidad, eficaces, que reflejen un buen uso de los recursos y logren el cometido para el que fueron creados.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) requirió saber si la información de las plazas se tiene desarrollada por género y no nada más en número de personas, “porque me parece que en esa medida también hay que tomar acciones afirmativas para poder hacer que la paridad también esté en estos espacios”.
Por el PAN, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal estimó que se debe analizar si el nuevo instituto contará con el mismo esquema de los centros que hoy se tienen, “nada más que en grande, o va a ser un instituto que realmente le sirva a la Cámara y a los diputados” para hacer diagnósticos presupuestales o debatir sobre algún tema. Preguntó qué se hará para que presupuestalmente este organismo no nazca muerto.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) reconoció que es clara la intención de tener un nuevo instituto, pero “cómo le hacemos para que sea funcional y se aproveche mejor por todas y todos; y que esté bien soportado presupuestalmente para que haya un buen trabajo”.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) consideró que es necesario diseñar una agenda y realizar un foro de intercambio de reflexiones para dar cauce a este propósito, a fin de que la Cámara de Diputados sea la creadora de perfiles en la modernización política y cultural del país.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall (PES) propuso crear un comité de decanos que opine sobre el proceso del instituto. “Es importante escuchar y tomar en cuenta la experiencia parlamentaria y la fortaleza académica”. También planteó realizar un coloquio académico sobre el Servicio Profesional de Carrera y conocer cómo funciona en otros poderes.
Del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores resaltó que la reestructuración de los centros dará más calidad a la investigación y al trabajo de la Legislatura. “Queda claro que este ejercicio es parte de la actualización que requiere la Cámara, porque antes funcionaba por medio de cuotas políticas. Se debe dar un brinco y separar lo que demanda la nación, reparto de espacios”.
La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, recordó que se está aplicando lo que instruía el marco normativo desde el año 2000 y que no se ejecutaba. Aclaró que no se van a recortar plazas en los centros porque la intención es fortalecer al Poder Legislativo y la única manera de hacerlo es tener un Servicio Civil de Carrera.
Enfatizó que es necesario garantizar que todas aquellas personas propuestas pasen por un proceso de selección transparente y, agregó, un ente externo a la Cámara de Diputados realizará los exámenes y de esta forma “garantizar que estas plazas no son cooptadas por ningún partido político; ésa es la única manera de garantizar transparencia y fortalecer al Poder Legislativo”.
Recalcó que no habrá recorte; el proceso cumplirá con los perfiles necesarios para fortalecer la labor de los legisladores. Precisó que cuando se hace la evaluación no se tienen nombres, por lo que no se sabe si son hombres o mujeres, sino es un folio y eso ayuda a evitar la discriminación.
El secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, Hugo Christian Rosas De León, detalló que la finalidad, tanto de la implantación del Servicio Civil de Carrera y la reestructuración de los centros, es tener una institución académica de excelencia, generadora de conocimiento y “no que contrate conocimiento de manera externa, no que se contraten los estudios o las encuestas, porque eso tiene un impacto presupuestal y hay compañeros muy valiosos que pueden desarrollar el trabajo al interior”.
Pero, agregó, “el cúmulo de demanda es abismal; entonces, eso requiere que tengamos cuadros profesionales, formados y con el perfil adecuado para que respondan a las demandas de los legisladores”.
El titular de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, León Aceves Díaz de León, explicó que a partir del plan de trabajo se propuso iniciar con el Servicio Civil de Carrera en una parte de los centros de estudio.
Detalló que ante un universo aproximado de 140 plazas adscritas a los cinco centros de estudio, se estableció el inicio del Servicio Civil de Carrera en 54 de las 140 plazas, dejando el resto sin someter a concurso, que representan prácticamente a casi todo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en virtud de las cargas de trabajo que estos meses implican por el Paquete Económico, igual que el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
Precisó que, de las 54 plazas, 47 se concursan a nivel interno y las otras siete en el ámbito nacional de manera pública abierta.
Informó que ya se emitió la convocatoria pensando en todos aquellos conocimientos, habilidades, aptitudes que se espera posean las personas que laboren en los centros, pero se trata no de un perfil especializado por áreas temáticas, sino evaluar el piso mínimo para la investigación parlamentaria. Las convocatorias están publicadas en la Gaceta Parlamentaria, especificó.
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