Al iniciar las audiencias públicas en relación con la Minuta en materia de Defraudación Fiscal, la Presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que es un tema que genera muchas opiniones, por los alcances y conductas que pretende sancionar, como la proporcionalidad de la medida y su posible confrontación con el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Precisó que el dictamen será analizado de manera conjunta con la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se privilegiará la discusión, argumentación y, sobre todo, la apertura para que sea la sociedad civil, empresarios, colegios de contadores, abogados y todos los interesados en el contenido de la minuta quienes retroalimenten con sus opiniones.
Recordó que el pasado 10 de septiembre de 2019 se aprobó en el Senado de la República el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal y remitida como minuta a la Cámara de Diputados.
Explicó que en este documento se prevén disposiciones en materia de combate a empresas factureras fantasma que se consideran amenaza a la seguridad nacional, cuya actividad ilícita amerita prisión preventiva por ser catalogada dentro de los delitos de delincuencia organizada y la comisión de actos en contra del fisco federal, contrabando, defraudación fiscal y su equiparable.
Además, se plantea evitar la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados especificando las sanciones, montos, rangos y circunstancias a imponer.
También, se estipula que cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años.
Ante este panorama, las comisiones acordaron ser muy cuidadosas con lo que se va a aprobar. De ahí el origen de estas audiencias públicas, a fin de que la próxima semana se pudiera establecer la reunión de dictaminación.
Añadió que lo expresado por los especialistas y participantes se integrará a la minuta, pues el propósito principal de estas reformas es combatir la impunidad y la corrupción sin crear el peligro de generar un incentivo perverso que pudiera dañar a personas inocentes. “Esto lo tenemos claro todos los diputados de las diversas fuerzas políticas”.
En representación de la Comisión Hacienda y Crédito Público, su secretario, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena), indicó que la función de la Cámara de Diputados es de colegisladora, por lo que buscarán corregir los posibles problemas que contenga esta minuta.
Refirió que las audiencias públicas son de mucha utilidad, porque sus observaciones serán incorporadas en el dictamen y se examinarán dentro de las secretarías técnicas de las comisiones revisoras.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar González Yáñez (PT), dijo que es necesario diferenciar a los contribuyentes buenos de los malos para hacer una sociedad más justa e igualitaria, en donde los impuestos nos ayuden a sacar a millones de mexicanos de la pobreza.
“Cuál es el mal contribuyente: aquel que no contribuye, sino que le tienes que imponer un impuesto, porque de buena voluntad y por amor a México no lo hacen, serían incapaces”, afirmó.
Hizo énfasis en que a muchos empresarios se les ha otorgado privilegios a través de las condonaciones de impuestos o facilidades para pagarlos. “Por qué no buscamos que los empresarios de nuestro país, y sería una invitación que les hacemos nosotros, sus ganancias provengan de la productividad, de la investigación para que sean más competitivos”.
Dejó en claro que sí debe de haber una autoridad, pero no terrorista; sin embargo, dijo, “si no ponemos medidas de este tipo no habrá contribuyentes responsables, por eso debemos cuidar y procurar al contribuyente cumplido, al que no, que pague por ello”.
El diputado Rubén Cayetano García (Morena) aseguró que están a favor del parlamento abierto, no sólo por cumplir un requisito formal, sino con el fin de luchar en contra del autoritarismo, el avallasamiento y las malas prácticas que denostan la actividad legislativa. Negó que haya terrorismo fiscal. Lo que queremos, aclaró, es obtener más recursos y transparencia.
En su oportunidad, el diputado Higinio del Toro (MC) hizo un llamado a los mexicanos a tener conciencia para pagar los impuestos, pero sin terrorismo fiscal: “todos estamos de acuerdo en que tenemos que recaudar más, pero hagámoslo de manera adecuada”, sugirió.
De Morena, el diputado Javier Lamarque Cano, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, propuso reflexionar sobre el concepto de delincuencia organizada; se comprometió a incorporar los planteamientos para mejorar la propuesta que resuelva la facturación falsa, cuyo monto se estima en 2 billones de pesos en los últimos cinco años. Pidió evaluar la evasión, fraude y elusión fiscal que afecta el patrimonio nacional y, sobre todo, la distribución de la riqueza para generar una sociedad más igualitaria.
De la misma bancada, Martha Patricia Ramírez Lucero sostuvo que la defraudación fiscal tiene muchas aristas que requieren estudiarse con detenimiento y sin prisas, porque se sabe que existen bandas delincuenciales de cuello blanco que deben combatirse. Pidió a sus pares decidir con responsabilidad y legislar para todos. “Sé que tenemos que ir por los grandes delincuentes y los corruptos”.
Por el PRI, el diputado Enrique Ochoa Reza convocó a la mesura y analizar profundamente la minuta porque contiene errores que tienen que corregirse. “Harían mal las comisiones de Hacienda y de Justicia si no se atienden porque pueden perjudicar a la ciudadanía, sobre todo a los contribuyentes que cumplen con el pago de impuestos de forma honesta”. Solicitó no legislar al vapor para evitar que la inversión se aleje y afectar la generación de empleo, así como evaluar las propuestas de los diversos sectores productivos.
Juvenal Lobato Díaz, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que el modelo planteado puede provocar una acción de inconstitucionalidad, porque puede violar preceptos consagrados en la Carta Magna. “Se requiere de más tiempo para redactarla de manera adecuada, de lo contrario se estará legislando al vapor y en perjuicio de la ciudadanía”.
Manuel Rodríguez Villamil, enlace legislativo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), indicó que la compra de facturas como tal no debería ser considerada delincuencia organizada, sino defraudación fiscal y se le debe dar el trato que corresponde, sin afectar la presunción de inocencia.
Jorge Gaxiola Moraila, representante de la Asociación Mexicana de Bancos, mencionó que lo que contempla el dictamen es de profunda preocupación y pone en riesgo la inversión nacional, extranjera y la generación de empleos. “No se puede aplicar un régimen de excepción contra los contribuyentes, es una situación en la que no tienen defensa; 43 por ciento de la actividad económicamente activa somos contribuyentes”, refirió.
Rodolfo Félix Cárdenas, especialista en ciencias penales, dijo que las reformas jurídicas de esta minuta dan sentido de licitud a la delincuencia organizada; es decir, no puede existir defraudación fiscal como concepto de delincuencia organizada. “Si van a aprobar ustedes estos ordenamientos enfóquense en el artículo 103, que es el que está diseñado para factureros. Ustedes no van a encontrar en la Ley Fiscal un apartado que diga que la delincuencia organizada pague impuestos, porque es una actividad ilícita”.
Samuel González Ruiz, consultor internacional en materia de delincuencia organizada, expresó que si bien es cierto hay conductas fiscales utilizadas por la delincuencia organizada, las cuales merecen una sanción especial, pidió analizar con detalle las consecuencias de la prisión preventiva, sus impactos y que se definan penas racionales, a fin de evitar efectos expansivos negativos.
Ángel Junquera Sepúlveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) destacó que a pesar de que el propósito de la reforma es incrementar la recaudación, es preocupante ver cómo se busca sancionar prácticamente a todos los empresarios y usuarios de servicios, por lo que invitó a realizar un estudio profundo de la minuta para que se respete el Estado de derecho y presunción de inocencia, de lo contrario se suspenderá la inversión privada.
Eduardo Méndez Vital, integrante de la Barra Mexicana de Abogados, señaló que la manera en que se pretende aplicar sanciones contra los contribuyentes que puedan cometer por error o de manera involuntaria estos delitos es una exageración, porque se les puede procesar como delincuencia organizada y prisión preventiva oficiosa o, incluso, aplicar la Ley de Extinción de Dominio. “Nosotros creemos que el artículo 109, en cualquiera de sus alcances, debería de salir de esta reforma; estas medidas las vemos como una ficción jurídica”, señaló.
El especialista en derecho, Ricardo Zínser Cruz dijo que lo que se quiere hacer con las reformas que se discuten, es cambiar la percepción de la justicia y cómo debe ser aplicada. Lo que ha causado un gran temor en la sociedad, grupos de abogados, empresarios y contribuyentes son los cambios que se pretenden al Código Fiscal para la inclusión de los delitos contemplados en los artículos 102, 105, 108 y 109. “No debemos de pasar por alto que los delitos fiscales son de carácter patrimonial, son delitos no violentos”, aseguró.
El experto en el tema, Pablo Hernández Romo, señaló que el delito de defraudación fiscal nunca puede ser doloso, mucho menos se puede sancionar como delincuencia organizada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 constitucional. “Quieren que todos los delitos sean delincuencia organizada para que exista prisión preventiva oficiosa, eso es todo lo contrario a lo que estableció el Constituyente Permanente en la reforma del 2008”, aseveró.
Enseguida, Jesús Serrano De La Vega, especialista fiscal planteó repensar las modificaciones en materia de empresas factureras y fantasmas e incorporar a los dueños de la economía informal, la cual, dijo, es más formal que todos nosotros; de subterránea no tiene nada, “es una economía delincuencial” y no hay ni un solo artículo en el paquete (fiscal) que la combata, ni a sus dueños, que habitualmente son servidores públicos en ejercicio.
A su vez, Elizabeth González, del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) planteó que el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación contemple parámetros para acotar el ámbito de aplicación de las normas fiscal y penal y que un contribuyente pueda autocorregir y pagar los impuestos correspondientes y no se actualicen consecuencias penales, en la medida que se trate de situaciones que no sean no preponderantes; es decir, el 50 por ciento de los ingresos o gastos.
De la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, José Alberto López Hernández, señaló que, si se busca imponer una sanción para evitar la comisión de estos delitos, ya las hay en la Ley Aduanera y “llevarlo a la Ley de Delincuencia Organizada, privarlo de la libertad, aplicar la Ley de Extinción de Dominio y no dar la posibilidad para su defensa es complicado”. Llamó a reflexionar sobre la propuesta porque se excede de lo que busca y el sector del comercio exterior puede ser golpeado doblemente y eso no generará inversión.
Javier Hernández Jiménez, del Instituto de Especialización, señaló que se debe enfocar al destinatario de la práctica, cómo se encontrará y qué se le hará, vincular lo penal con lo fiscal, y fortalecer otras figuras de derecho que permitan al contribuyente su defensa y que han dejado de tener una aplicación práctica importante.
Del Centro de Estudios en lo Penal Tributario, Agustín Celorio Vela subrayó que la dictaminación de la reforma fiscal para el 2020 debe suspenderse, porque no se puede utilizar el derecho penal para el ámbito fiscal, menos si no se tienen datos e informes precisos. “Es importante que se escuchen los señalamientos aquí realizados, porque estamos en un Estado democrático”.
En representación de Talentia, Armando Piedra, afirmó que lo planteado en la reforma fiscal enfrentará a los empresarios a procesos complicados, por lo que tendrán pánico al sentir que cualquiera de sus operaciones pudieran calificarse de inexistentes. Con el objetivo de no desalentar la inversión, propuso no considerar los artículos 108 y 109 de la propuesta, porque nadie está exento de que algún proveedor emita facturas falsas.
El presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC, José Abel Flores Ramírez, estimó que la reforma pasa por encima de los derechos fundamentales, pues se plantea privar de la libertad a una persona aun cuando no haya un juicio. También se violenta la presunción de inocencia, porque se pretende usar medidas cautelares como penas. “Avalar la reforma nos regresará a un sistema inquisitivo”.
El presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas AC, Jorge Alberto Lara Rivera, dijo que la reforma no es idónea, ni necesaria, ni proporcional, porque ahora a cada contribuyente se le entenderá como un enemigo potencial del Estado. Agregó que es importante dar sustento jurídico a las decisiones legislativas y no sólo avanzar por medio de las mayorías.
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