CIUDAD DE MÉXICO.— El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su segunda controversia constitucional en contra de las reformas electorales conocidas como “Plan B”, al considerar que contiene un alud de inconstitucionalidades, tanto en el procedimiento legislativo como en sus contenidos.
El recurso de más de 400 hojas está firmado por el secretario ejecutivo del INE en funciones, Roberto Heycher Cardiel, en ausencia de Edmundo Jacobo, quien fue cesado tras la entrada en vigor del “Plan B”, por un transitorio que ordenaba su destitución al momento de la publicación de las reformas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
⇒ Este cese es uno de los actos impugnados por el INE, que considera que el artículo 17 transitorio del decreto es violatorio de la Constitución, que prohíbe las leyes privativas; es decir, que se legisle en contra de una persona en específico. Por lo que se demandó que la SCJN suspende los efectos de dicho artículo.
El organismo argumentó que dicho recurso pretende defender la autonomía del INE, además de también velar por la del Estado democrático contemplado en la Constitución mexicana, debido al cúmulo de violaciones constitucionales que detectó en aproximadamente 200 artículos de la iniciativa, los cuales, aseguró, vulneran 25 disposiciones de tipo constitucional.
En el recurso, el INE solicitó a la Suprema Corte que se otorgue una suspensión mientras ésta se pronuncia sobre las controversias encontradas por el órgano autónomo, presidido por Lorenzo Córdova; haciendo que dicha modificación a leyes secundarias en materia electoral sea interrumpida en su aplicación.
La controversia constitucional presentada contempla cuatro ejes principales. El primero de ellos, habla sobre “diversas violaciones graves” al procedimiento legislativo para aprobar el “Plan B“, provocando un impacto en “la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo”.
En el segundo eje, el INE denunció la vulneración de autonomía e independencia del organismo por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo; mientras que como tercer eje refirió a la afectación en las condiciones de equidad y de otros principios regentes en las contiendas electorales.
⇒ Finalmente, el INE denunció la afectación a los derechos laborales del personal del Instituto, ya que éste contempla el desmantelamiento de la estructura orgánica y la eliminación del 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.
En una primera controversia constitucional, interpuesta el pasado 1 de febrero, el INE impugnó las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que integran el primer decreto del “Plan B”. En este nuevo recurso se impugnaron cuatro las leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
AM.MX/dsc
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