Joel Hernández Santiago
El Instituto Nacional Electoral (INE) está en peligro. Las amenazas en su contra son cada vez más frecuentes y más contundentes.
Se quiera transformar a esta institución que tiene más de treinta años de organizar las elecciones en México; credencializar a todos en edad ciudadana; garantizar transparencia y pulcritud en los procesos electorales y sancionar a partidos políticos y actores políticos que se brinque las trancas de la ley.
Porque es eso: Sus decisiones están sustentadas en ley, jurada y aprobada por legisladores de distintos partidos políticos y es Constitucional. Así, paso a paso la democracia en México se ha encaminado a su consolidación. Y aún falta. Pero hoy está bajo amenaza y por lo mismo está en peligro la libertad política, de pensamiento y de expresión electoral de todos los mexicanos.
Cuando se dieron a conocer los resultados electorales de julio de 2018 y el Instituto Nacional Electoral (INE) cantó el triunfo mayoritario de “Juntos haremos historia” –Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México—: ‘El organismo de lo electoral estaba bien, muy bien… Rechinaba de brillantez y pulcritud’. Esto dicho por los triunfadores.
Pero no tendría que pasar mucho tiempo para que de pronto comenzaran a enderezar pullas en su contra; sentencias verbales, acusaciones de excesos de gastos, de falto de probidad democrática, de irresponsabilidad de “algunos de sus consejeros”. De los altísimos sueldos que perciben sus Consejeros.
Y ya desde Palacio Nacional después del 1 de diciembre se incrementó la acritud verbal. En adelante la andanada se enderezó hacia el presidente Consejero, Lorenzo Córdova Vianello y de Ciro Murayama Rendón: Dos de quienes con más frecuencia ha tenido que comparecer para hacer precisiones, aclaraciones, puntualizaciones y descalificar mentiras.
Y si bien las acusaciones se hacían de forma abierta y sin tapujos, asimismo los consejeros electorales respondían de forma respetuosa pero también firme para razonar respecto de la constitucionalidad de sus decisiones: “Está en ley” era la respuesta frecuente. Y es cierto. Lo que está en ley es ley, y ya se ha dicho hasta el cansancio: “Nadie por encima de la ley”.
Esto encrespaba aún más a sus críticos, también desde las obedientes mayorías Morenistas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Luego vinieron las elecciones de junio 6 de 2021 y aunque el partido Morena obtuvo ganancias estatales, no consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y perdió prácticamente la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México. Y ahí vinieron aún más fuertes las acusaciones en contra del Instituto y de su “falta de probidad”.
Para el primero de agosto se exigió al INE que organizara la Consulta popular para enjuiciar a “los actores políticos del pasado” El INE pidió recursos extra para realizar esta tarea porque no estaba contemplado en el presupuesto asignado para el periodo 2021. Se les negó todo incremento y se les dijo que tendrían que llevarlo a cabo con los recursos con los que cuenta la institución.
Así y todo se llevó a cabo el proceso de consulta de acuerdo con la ley, se instalaron prácticamente todas las casillas establecidas, se capacitó al personal, se imprimieron millones de boletas, se compraron los insumos; se hizo la promoción en medios para invitar a la gente a que acudiera…
El resultado fue fatal. Sólo votaron 6.6 millones de ciudadanos, del padrón de 93 millones.
Inmediato se acusó al INE de que esto era el resultado de su mala gestión; que no organizó de forma apropiada esta consulta; que había hecho todo lo posible por desestimular la participación; que hubo fallas de organización premeditadas y que de plano hubo ‘mala leche’ de la mayoría de los Consejeros: sobre todo Córdova y Murayama, para quienes se prometió ‘juicio político’.
El lunes 16 de agosto el presidente se refirió al tema INE y Tribunal Electoral Federal. Informó en su conferencia matutina en Palacio Nacional que enviará una Reforma Electoral para hacer ajustes importantes en el INE y el Tribunal Federal Electoral:
“… Una renovación tajante de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Cambio completo de todos, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”, dijo.
No son ellos los que votan. Son quienes velan por la pulcritud de las elecciones. Desde su organización y la aplicación de la ley. Y si al momento en México se puede decir que un alto porcentaje los resultados electorales de estos años han sido ciertos por la garantía de ambas instituciones, también es cierto que los intereses políticos de parte van más allá de la simple transparencia y probidad.
Querer cambiar al INE para hacer un Consejo general a modo resulta grave y peligroso para la aspiración democrática mexicana. El INE ha probado que su presencia garantiza elecciones limpias.
Y sí: Hay cosas que merecen cambiar al interior de esta organización y volverlo menos oneroso, pero esto tiene que ver con la organización y no con lo fundamental: la existencia del INE y su Consejo general: experimentado, autónomo, libre, independiente, plural y sin tacha. Eso es lo que hemos construido los mexicanos. Eso queremos que siga siendo.
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