La diputada Carolina Viggiano Austria (PRI) presentó una iniciativa para reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de todas las personas, el acceso suficiente, oportuno y continuo al suministro de electricidad para la subsistencia.
A través de un comunicado aseguró que la energía eléctrica es uno de los factores que otorga a una nación el desarrollo, permite diseñar el crecimiento de su población y ser promotor de la erradicación de la pobreza.
La integrante del Grupo Parlamentario del PRI planteó incluir un párrafo séptimo en el artículo 4° de la Constitución, para que el Estado garantice las condiciones para el servicio a través de una tarifa social justa, o bien de medidas de autogeneración y autoabasto individual o comunitario.
Desde la tribuna del Palacio de San Lázaro expuso que la energía eléctrica representa un papel prioritario en México, que acorta las desigualdades, promueve el mejoramiento educativo, fortalece la inclusión en el acceso de servicios básicos e incentiva la economía. Subrayó que es un elemento indispensable para la prosperidad, por lo que se debe considerar como un derecho irrenunciable.
Viggiano Austria puntualizó que garantizar el acceso al suministro eléctrico constituye la oportunidad para lograr una transición energética, en la que, anotó, sean observables estándares como la reducción de energía primaria de recursos contaminantes y privilegiar fuentes de energía limpias, como la solar o eólica.
Tras recordar que en México hay dos millones de personas que no tienen acceso al servicio, mencionó que nuestro país tiene compromisos internacionales, de aquí al 2030, para aumentar la proporción renovable, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética, así como ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios en la materia, modernos y sostenibles.
La diputada por Hidalgo sostuvo que México tiene la posibilidad de hacer historia en beneficio de su nación, en virtud que posee marcos jurídicos a la altura de los compromisos, para decretar que el suministro de la energía eléctrica podría considerarse como un derecho humano.
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