La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, enfatizó la relevancia de que niñas y niños desarrollen sus capacidades bajo las mismas oportunidades, si realmente se quiere terminar con las brechas de género, las cuales persisten en distintos ámbitos.
Al participar en el parlamento abierto “Leyes Secundarias de la Reforma Educativa con Perspectiva de Género”, la legisladora propuso contar con la opinión de los estudiantes menores de edad, pues “tienen mucho que decir sobre lo que quieren para sus escuelas”.
Puntualizó que este tipo de encuentros son de relevancia por el tema que abordan. “El hecho de que la mayoría de los docentes en el sistema básico seamos mujeres, indica también la manera en que históricamente hemos sido vistas”.
Piña Bernal explicó que los planes y programas de estudio deben contener una visión de género, pues así fue estipulado en la Reforma Educativa, por lo que las autoridades están obligadas a diseñar los libros de texto, planes y programas con los parámetros adecuados.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que desde el legislativo se trabaja en construir un marco jurídico acorde con las exigencias, porque “son temas de interés para toda la sociedad, activistas, academia y público en general”.
“Para alcanzar la igualdad debemos arar el camino desde nuestra niñez, la educación se convertirá en el campo donde se librarán las batallas más sentidas y de fondo de esta lucha”.
Indicó que el objetivo de la reunión es sistematizar las experiencias y conocimientos sobre las tres leyes secundarias, a fin de tener una opinión legislativa con una visión integral de la educación con igualdad sustantiva entre ambos géneros y libre de violencia cuyos resultados se entregarán a la Comisión de Educación.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) comentó que se modificarán tres leyes secundarias para complementar la reforma educativa constitucional; pero consideró que deberían ser entre ocho y 10 normas secundarias para “hablar de una transformación en la educación del país”.
Estimó que los programas, planes y proyectos de educación necesitan ser regionalizados, porque existen diversos pueblos originarios que no son atendidos y hay profesores bilingües que, en muchos casos, ya ni siquiera hablan la lengua materna donde ellos dan las clases. Lamentó que en las comunidades las mujeres continúen siendo las más vulneradas y excluidas en el tema educativo.
El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) señaló que la reforma educativa debe ser un gran adelanto a fin de revindicar la igualdad sustantiva y el enfoque de derechos y la perspectiva de género.
Sostuvo que se requiere atender la violencia en las aulas, porque ésta tiene un tratamiento diverso en cada escuela, “y lo que preocupa es la discrecionalidad y la falta de un camino claro que deba de seguirse para que se trate con la debida atención a la dignidad del menor para poner por delante sus derechos”.
En tanto, la diputada Laura Martínez González (Morena) se pronunció por hacer un trabajo conjunto entre las comisiones, las asociaciones civiles y los profesores, ya que con ello se puede lograr mucho.
También estimó que en el tema de educación sexual no se debe dejar de lado a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, la cual es una asociación civil.
La profesora de la UNAM y directora ejecutiva de la Asociación Civil “El Pozo de Vida”, Nicole Marie Gallego, dijo que es necesario abordar la perspectiva de género desde el nivel preescolar, porque “lo que se aprende en la infancia perdura el resto de la vida; debemos incluir a la familia y el hogar debido a que son los espacios más significativos para la asociación de valores y creencias”.
“Debe ser desde el hogar y la familia porque lo que aprenden los infantes en la escuela siempre queda como valores secundarios”.
Enfatizó que se requiere de una transformación desde el ámbito doméstico si se quiere lograr un verdadero cambio cultural. Puntualizó que las instituciones educativas tendrán el potencial buscado si se incluye la perspectiva de género en las juntas de padres de familia y no se ve sólo como una materia.
La profesora e investigadora Claudia Alonso Pesado apuntó que en todos los capitulados de la Ley General de Educación debe prevalecer el enfoque de los derechos humanos, pues no tiene estructurado que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho.
“Que planes y programas de estudio tengan perspectiva de género es tocar el punto nodal de la razón del sistema educativo mexicano: la construcción de la sociedad crítica, pensante, solidaria con los fines internacionales, la construcción de la paz, y una democracia que busca el beneficio de todas las personas”.
Expuso que en la actualidad las leyes secundarias generan la exclusión educativa, como a niñas y niños migrantes, y adolescentes embarazadas, además que, en el caso de las normas escolares, son reglas violatorias de los derechos humanos. “Si la ideología del maestro es que el piercing es una falta, esta seguirá persistiendo”, sostuvo.
Sofía Jiménez Poiré, socióloga especialista en discriminación hacia mujeres y personas LGBT+, señaló que es necesario tener sexualidades libres e informadas y dejar de hablar de la educación sexual solamente como una manera de prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual, lo cual es un tema muy importante, pero hay que dejar los estereotipos.
Comentó que la educación integral de la sexualidad ya está en el catálogo de las asignaturas estatales, pero las escuelas, por su autonomía curricular, pueden adaptar los contenidos de la curricula al contexto que los directores consideran, por lo que se debe analizar la obligatoriedad de esta impartición.
Consideró que la educación tiene que enseñar a que niñas y niños se sientan sujetos de derecho, que sepan que tienen acceso a anticonceptivos, a servicios de salud y, en los lugares donde sea posible, a la interrupción legal del embarazo.
Andrea Avilés, de la Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual e integrante del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, planteó reformas para implementar de manera obligatoria protocolos que atiendan la violencia sexual y de género en las escuelas, los cuales incluyan acciones de prevención, atención y sanción, además de constituir con una hoja de ruta para que los maestros, estudiantes, directivos y administrativos sepan qué hacer.
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