El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, informó que las acciones que emprenda la Fiscalía General de la República (FGR) contra investigadores del Conacyt, no son responsabilidad ni atribución del organismo ni de su directora, María Elena Álvarez-Buylla, quien dijo, no tiene causa legal en contra.
Advirtió que el gobierno de la República “no persigue a científicos ni a nadie pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”.
Detalló que el proceso jurídico se prolongó en tribunales hasta llegar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta falló en contra del Foro Consultivo en julio de 2021, además de que concluyó: “No es posible que una entidad privada se articule funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público”, de acuerdo con la ejecutoria 76/21.
Ramírez Cuevas dijo que fue ahí donde comenzó el conflicto. “El Conacyt inició mesas de diálogo con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y lo invitó a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo; el foro se negó y comenzó una estrategia política y jurídica y se amparó ante un juez”.
El vocero de Presidencia reveló que el Foro Consultivo, fue fundado en 2002, después se reformó la Ley Orgánica del Conacyt para incluirlo. Durante 16 años recibió 571 millones de pesos, pero sólo 100 fueron utilizados para proyectos de Ciencia y Tecnología; lo demás lo usó en gastos operativos. Detalló que gastó 471 millones en tintorería, comidas, viajes y salarios., pero con el cambio de gobierno, el 1 de diciembre de 2018, cambiaron las reglas de financiamiento.
“El foro presionó para recibir 33 millones de pesos del Conacyt, habiendo ejercido ya 16 millones, adjudicados desde la administración de Enrique Peña Nieto”.
Vía | milenio
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