El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo su debut en el foro multilateral del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se comprometió a dar cumplimiento a 262 recomendaciones extendidas al país en el Examen Periódico Universal (EPU).
En entrevista con Proceso, la subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Cancillería, Martha Delgado, adelantó que aceptarán todas las recomendaciones que le hicieron al Estado mexicano en el EPU, excepto dos: una de la Santa Sede y otra sobre el estatuto de Roma. La primera tiene que ver con el aborto y la segunda –abundó– no es aplicable por el marco jurídico de la nación.
Durante su participación en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos, Delgado afirmó que atenderán de manera puntual las 262 recomendaciones que –apuntó— “serán sin duda un marco de referencia para orientar nuestras políticas públicas en materia de derechos humanos”.
Protección a periodistas y defensores de derechos humanos
En la mayoría de recomendaciones que se le hicieron a México se pide al gobierno tomar medidas para proteger “de manera efectiva” a los periodistas y defensores de derechos humanos, y reforzar con más presupuesto el Mecanismo de Protección para Periodistas, así como garantizar la rendición de cuentas.
Al preguntarle sobre la razón por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado de manera más enérgica sobre el caso del periodista mexicano-americano Jorge Ramos, quien junto con su equipo fueron detenidos de manera arbitraria en Venezuela, la subsecretaria defendió las acciones de la Cancillería en Caracas.
¿Por qué el presidente no se pronunció sobre el caso, si hay un ánimo de proteger a los periodistas, y por qué en este caso tan sonado y mediático no se tomó una postura mucho más firme?, fue la pregunta concreta.
La funcionaria mexicana respondió: “La institución encargada de eso es la Cancillería y el secretario (Marcelo Ebrard) sí se pronunció (…) sí se hizo lo que es nuestra obligación. En nuestro país tenemos muchos de esos casos (como el de Ramos), y si (López Obrador) se hubiera pronunciado, a lo mejor ustedes (los periodistas) estarían diciendo por qué se pronuncia por Jorge Ramos y no por los 200 que han matado”.
Añadió: “Creer que las declaraciones públicas hacen las políticas, no es así. En el terreno de los hechos, tanto el gobierno de México como sus consulados actúan y lo hacen bien”.
Sobre el reforzamiento de la protección a los periodistas en México, admitió que “el sistema de procuración de justicia debe tener una atención particular, porque éste sí es un fenómeno que está siendo recurrente.
“Es a nivel local que tenemos que reforzar este sistema de vigilancia de procuración de justicia”, destacó Delgado, al apuntar que es creciente el número de periodistas y defensores de derechos humanos protegidos por el Estado bajo el mecanismo arriba señalado.
En otra de las recomendaciones se urge al Estado mexicano a establecer un mecanismo contra la impunidad, efectivo e independiente, que –tal como los dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, quien se desempeñó como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2014 a 2018– podría estar formado por expertos (nacionales y extranjeros) de reconocido renombre y reputación intachable.
Al respecto, Delgado indicó que el Mecanismo Internacional contra la Impunidad está en proceso de revisión en la Secretaría de Gobernación.
Además, “se está creando una nueva fiscalía y la institucionalidad en la Secretaría de Seguridad Pública. Ese mecanismo observaría directamente la acción de estas instituciones’’, puntualizó Delgado.
“No puede nacer primero un mecanismo y luego la institución’’, argumentó.
Y lanzó: “La mayoría de las recomendaciones son pertinentes y deseables para el país, y todo está en qué ritmos se van implementando”.
Visitas de expertos de la ONU
Sobre las solicitudes de visita del Relator Especial sobre Desplazados Internos y del Comité de Desapariciones Forzadas, entre otras, detalló que el gobierno tiene “una cantidad de visitas inusual, solamente 16 pendientes del sistema ONU, y todas las vamos a ir desahogando.
“Lo que no podemos es desahogarlas todas al mismo tiempo, de manera que estamos planteando al sistema un calendario en donde podamos ir aceptando todas estas visitas en un margen de tiempo razonable”, explicó.
Entre las recomendaciones que aceptará el gobierno mexicano figuran: el reconocimiento de la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir comunicaciones individuales; establecer una fiscalía independiente encargada de realizar investigaciones imparciales y velar para que los autores de delitos sean enjuiciados; garantizar la independencia de la justicia en la ley y en la práctica, y en particular que los jueces puedan ejercer sus funciones sin ninguna injerencia, presión o influencia abusiva, así como reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo.
Otras más llaman a proteger, promover y garantizar efectivamente la seguridad y los derechos humanos de los migrantes y refugiados, en especial el derecho a solicitar asilo, especialmente por parte de aquellas personas que están en tránsito en el territorio nacional y en la frontera meridional.
Diálogo con organizaciones de la sociedad civil
En lo que tiene que ver con el tema del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, prácticamente nulo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el foro multilateral del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se habló de la reunión que sostuvieron varios colectivos con Roberto Velasco, vocero de la Cancillería, durante la revisión de México por parte del Comité de Desaparición Forzada en Ginebra, y prometió un diálogo abierto y fluido con esas organizaciones.
Sin embargo, a la funcionaria se le cuestionó sobre la posibilidad de que ese diálogo se vea afectado con el recorte de recursos a las organizaciones no gubernamentales, y respondió:
“Mira, yo creo que son dos asuntos que corren por vías distintas. Una cosa es no financiar algunas de sus actividades y otra cosa es no dialogar. Definitivamente no tiene correlación una cosa con la otra’’.
En términos concretos, abundó, “hemos dialogado con muchas de ellas, las seguiremos invitando, las seguiremos consultando. El gobierno de México siempre será de puertas abiertas”.
Miembros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y diversas organizaciones pidieron una reunión con Delgado durante su visita a Ginebra, pero no se concretó. En su lugar se llevó a cabo un encuentro con el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Cristopher Ballinas Valdés.
Al respecto, José Antonio Guevara, titular de la CMDPDH, señaló que “la interlocución con el nuevo gobierno no es mejor que con el anterior de Enrique Peña Nieto”.
Prosiguió: “No hemos logrado tener un diálogo para atender casos contra sentencia internacional como el caso de Radilla Pacheco, con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el caso de los cuatro civiles de Rosarito, con informe del Comité de ONU contra la Tortura.
“Se trata de casos que se mantienen en la más absoluta impunidad y no se han reparado adecuadamente a la totalidad de las víctimas”.
Insistió: “No es mejor el diálogo con este gobierno, nosotros no hemos sostenido una reunión con subsecretarios ni secretarios, solamente con funcionarios sin capacidad de decisión”.
Finalmente, Delgado enfatizó la importancia de reconocer los desafíos que tiene el gobierno en la protección, goce y promoción de los derechos humanos.
“Este es un mensaje importante que te doy: México empieza por reconocer que estamos en una situación crítica en materia de derechos humanos; reconociendo eso va a ser más fácil que podamos responder, diseñar instituciones, cambiar nuestra actuación, pedir ayuda cuando lo necesitemos. Los retos estarán en la implementación”, remató.
con información de proceso
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