DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* Las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no buscan desacreditar a las instituciones ni menos representar un agravio a sus titulares, afirmó la Ombudsperson, Maestra Elizabeth Lara Rodríguez.
* No es exagerado subrayar que la DDHPO y la Ombudsperson, Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, se han convertido en la última línea de defensa del Estado de derecho, la Constitución y la ley.
La Ombudsperson, Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, dio ayer una nueva lección de profundo respeto al Estado de derecho, a la Constitución federal y local y a sus leyes.
Las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no buscan desacreditar a las instituciones ni menos representar un agravio a sus titulares.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca fortalece el Estado de derecho, al garantizar plenamente el respeto a la dignidad y a los derechos humanos.
No es exagerado subrayar que la DDHPO y la Ombudsperson, Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, se han convertido en la última línea de defensa del Estado de derecho y la ley.
Las y los oaxaqueños, no debemos olvidar en ningún momento que no estamos solos y que con la Defensoría y la Ombudsperson puede prevalecer el imperio soberano de la ley.
Por esta poderosa razón convocamos a todos a apoyar a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a la Ombudsperson, Maestra Elizabeth Lara Rodríguez.
La DDHPO emitió la Recomendación 10/2025 al acreditar violaciones a los derechos humanos, a la propiedad, legalidad y seguridad jurídica atribuibles a personal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino.
Dirigió la Recomendación a integrantes del Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino por violaciones a los derechos humanos, a la propiedad, legalidad y seguridad jurídica, en agravio de seis personas, entre ellas personas mayores.
El expediente se originó a partir de la queja recibida el 13 de agosto del 2022, en la cual los agraviados señalaron que, por razones de seguridad, decidieron colocar portones en los accesos a sus viviendas dentro de los cuatro metros previamente donados para andador peatonal, con el acuerdo de la autoridad municipal y vecinos colindantes.
Sin embargo, al encontrarse los agraviados en espera de la autorización formal, las estructuras fueron retiradas sin previo aviso por personas ajenas a sus domicilios, cargadas en vehículos oficiales del Ayuntamiento, vulnerado así sus derechos.
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