Empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses solicitaron que la demanda que interpuso en su contra el gobierno de México sea desechada, por la ausencia de fundamento de que participan en actividades ilícitas, y acusaron que está buscando “imponer” sus políticas de control de armas, en violación al derecho constitucional de tener y portar armas en Estados Unidos, lo cual calificaron de “un choque de valores” entre ambos países.
México presentó una demanda civil contra 11 empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts el 4 de agosto pasado. Las empresas cumplieron este lunes con el plazo para exponer sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.
México sostiene que, de forma deliberada, los fabricantes facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda está buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas para frenar el flujo ilícito de armas, al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos, los cuales nutren la violencia. [https://www.jornada.com.mx/2021/11/ 22/politica/006n1pol].
En sus primeras respuestas formales expuestas este lunes ante el tribunal, las empresas ofrecieron un abanico de razones con las cuales solicitan que se deseche el litigio.
Calificaron el caso así: “Incapaces de controlar la violencia de los cárteles dentro de sus propias fronteras, México presentó esta demanda buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos.
Ante ello, aseguran que México no ofrece ninguna evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso ilícito de sus productos por terceros, y que bajo las leyes estadunidenses este caso no tiene sustento.
En un argumento conjunto, ocho de las 11 empresas acusadas –varias también presentaron sus respuestas individuales– afirman que México está buscando responsabilizar a los fabricantes de armas de la violencia provocada por los cárteles en su territorio.
Señalan que en su acusación, las autoridades mexicanas “no alegan que alguno de los demandados, los cuales son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley, venden sus armas de fuego a los cárteles”, sino, de hecho, que los actores criminales son intermediarios sin ningún vínculo con las compañías. Por tanto, concluyen que “no se puede responsabilizar a los demandados por la acción independiente de algún tercero”.
Vía | La Jornada
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