El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales, a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, realizó una declaración por la pérdida de documentos en dependencias públicas vinculadas a actos de corrupción y delitos de trascendencia social.
En su denuncia destaca el incendio que ocurrió en enero pasado. En el incidente se consumieron dos contenedores pertenecientes al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, que resguardaban información de mil 200 denuncias sobre robo de vehículos y autopartes en los corralones que estaban bajo su custodia durante 2018.
Sin rastro del expediente de Elba Esther
Por otra parte, la Secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desconoce dónde quedó la información de convenios suscritos por la dependencia por un monto de 185 millones de pesos; la Fiscalía General de la República (FGR) declaró que el expediente integrado en 2013 de la exlideresa Elba Esther Gordillo está “extraviado” y la Fiscalía General del Estado de Morelos, confesó que no logran ubicar parte de las pruebas del asesinato del activista Samir Flores.
Otro caso, que causó indignación entre la comunidad universitaria, fue el envío de parte del acervo documental de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que contenían valiosas piezas del Siglo XIX, a una recicladora de papel.
La Ley General de Archivos
Los representantes de los órganos garantes de los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz hicieron un llamado a entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno obligadas por la Ley General de Archivos (LGA) a gestionar y preservar la documentación que producen derivada de sus funciones y atribuciones.
Los denunciantes aseguran que aunque la LGA entrará en vigor en junio próximo, los documentos que se generan en las dependencias están protegidos jurídicamente por otras leyes como la Ley Federal de Archivos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, aseguran que los archivos son la memoria histórica del país y piden a las autoridades se investigue a fondo las circunstancias de los siniestros perpetrados, así como la pérdida y extravío de información relevante para el esclarecimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos.
Señalan que las entidades están obligadas a documentar todo acto que realicen en el ejercicio de sus facultades, así como a resguardar la información, pues es el mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la verdad a los pueblos.
Con información de El Universal
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