• La diputada local, Mariana Benítez Tiburcio también solicitó a las autoridades educativas a brindar acompañamiento y seguimiento a las denuncias por acoso sexual presentadas por las jóvenes estudiantes en contra de profesores y personal administrativo de centros educativos 

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de marzo de 2023.- La diputada local, Mariana Benítez Tiburcio presentó un Punto de Acuerdo aprobado por unanimidad de manera urgente para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a fin de que se investigue de forma inmediata las denuncias por violencia sexual presentadas por jóvenes estudiantes en centros educativos. 

La legisladora pidió a este organismo autónomo brindar celeridad en las investigaciones e investigar los delitos de manera puntual con las agravantes correspondientes, sin brindar  beneficios a los agresores sexuales.

De igual manera, la congresista oaxaqueña solicitó establecer mecanismos de manera coordinada con las autoridades educativas para incentivar las denuncias; y se brinde acompañamiento a las estudiantes  a través de medidas de protección y seguridad. 

“Diferentes instituciones públicas como el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, el        Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, así como instituciones privadas como la Universidad La Salle, han sido sede de denuncias de acoso y hostigamiento sexual por parte de docentes y directivos educativos”, señaló.

La diputada local, Mariana Benítez Tiburcio detalló que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del INEGI, en Oaxaca el 22.5% de las mujeres de 15 años y más, han vivido situaciones de violencia física a lo largo de su vida escolar. 

A su vez, refirió que datos de la Fiscalía General del Estado mostraron que en el año 2022 de un total de 15 carpetas de investigación que se abrieron por abuso sexual, solo se judicializaron cinco.

“En los casos por acoso sexual contra alumnas, en 2022 se iniciaron 3 carpetas de investigación; y en 2023 sólo se abrieron 2 carpetas; de las cuales ninguna se ha judicializado”, abundó.

La legisladora sostuvo que las denuncias públicas realizadas por estudiantes de centros educativos, en muchos casos quedan impunes por el temor de las víctimas a represalias o porque no confían en el sistema de justicia del Estado. 

“Tenemos que involucrarnos como Congreso para dar respuesta a las estudiantes; para garantizar una vida libre de violencia en los centros educativos en un contexto de agresiones constantes contra las mujeres”, concluyó.