Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Durante la semana anterior y seguramente también durante las siguientes, el asunto de la aprobación de un artículo transitorio incorporado de último momento al dictamen que fue votado y aprobado por la Cámara de Senadores en su sesión del 15 de abril en curso, ha sido y será motivo de discusión en los medios de comunicación y en redes sociales.
No sólo es por ello que me parece obligado abordar el asunto, sino porque se refiere a temas propios de las materias que imparto como profesor en diferentes posgrados universitarios: derechos humanos, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho parlamentario, técnica legislativa, derecho electoral, derecho procesal electoral, gobierno y asuntos públicos.
El mes pasado, el 11 de marzo para ser preciso, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia judicial que presentó el presidente de la república; pero que, como fue públicamente aceptado por los interesados, estuvo preparada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su equipo, sin consultar siquiera a los demás integrantes del Tribunal Constitucional pleno. Es decir, para empezar, que el presidente de la Suprema Corte redactó la iniciativa de reforma constitucional presentada al Congreso por el presidente de la república; una forma peculiar de materializar y publicitar la división de poderes en el orden federal de gobierno del Estado Mexicano.
Toda vez que como consecuencia de dicha reforma constitucional sigue una serie de modificaciones a diversas leyes secundarias, sucedió que durante el proceso legislativo correspondiente se circuló, discutió y votó el dictamen legislativo correspondiente a todas ellas, el jueves 15 de abril, como ya dije. Solamente que, de último minuto -eso publicó la prensa nacional- se agregó al dictamen la solicitud formulada por un senador de agregar un artículo transitorio por virtud del cual se amplía dos años el periodo de la presidencia en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se amplía otros dos años más también la duración del cargo de varios consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.
Resulta que, en mi opinión, el segundo funcionario más importante del país es el presidente de la SCJN, por la naturaleza de sus funciones de control de los otros dos poderes y de todos los órdenes de gobierno -federal, entidades federativas, alcaldías y municipios, más organismos constitucionales autónomos-, pero también de todos los habitantes del país que realizan actos jurídicos que motivan controversias judiciales. Nada más que es obligación del presidente de la Corte -pequeño detalle- vigilar que los actos de todos los antes mencionados se ajusten a la Constitución. Pero resulta que la Constitución General de la República dice que el periodo del cargo del presidente es de cuatro años y que no se puede reelegir. Por lo que si una ley secundaria dice lo contrario, aunque no hable de reelección sino de prórroga, pues se trata de una violación constitucional.
Ahora bien, el gobierno del Poder Judicial de la Federación corresponde al presidente de la SCJN -tribunal constitucional que resuelve los medios de defensa de la Constitución-, quien al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura Federal -órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de todos los magistrados y jueces federales-, por lo que ya he dicho que para mí ocupa el segundo lugar en importancia en el organigrama del gobierno de todo el país.
Para escribir este artículo y no basarme solamente en lo que he leído en los periódicos, consulté la página web de la Cámara de Senadores y me encontré con que la publicación en línea -no impresa- del orden del día de la sesión del 15 de abril y de sus anexos tiene el dictamen por el que se expiden, reforman y derogan las leyes relacionadas con la reforma constitucional en materia judicial. Este dictamen tiene doce transitorios, pero en algún momento -sólo Dios sabe cuándo- se agregó la “reserva” del senador que propuso la adición de un nuevo transitorio con el número trece -número que dicen que es de mala suerte, al igual que el martes trece, pero yo no lo creo por razones que no viene al caso explicar ahora-.
Así es que cuando los legisladores que ya iban a votar o estaban votando se dieron cuenta de lo que estaban votando desde luego que se armó el revuelo en la Cámara, pues se supone que algunos votaron sin saber que había ese agregado, o por lo menos esa fue la justificación que dieron a su voto a favor del dictamen en los términos y con el agregado que ya precisé. En la página web del Senado se puede ver la grabación de la sesión, pero debo confesar que mi interés por el tema todavía no me lleva a tanto, aunque curiosidad no me falta. Al parecer el revuelo era de padre y señor mío por lo que el coordinador del grupo parlamentario del partido MORENA, mayoritario en las dos cámaras federales, explicó en tribuna que los senadores de oposición que votaron ya sabían lo que iban a votar, así es que según él no hubo engaño. Más aún, les dijo a los senadores de oposición que al fin y al cabo ellos habían hecho lo mismo cuando eran mayoría.
En efecto, en una legislatura anterior se amplío en la ley secundaria el periodo del cargo de varios magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; algunos ya han aclarado que aunque se amplió el periodo no hubo ampliación del periodo previsto en la Constitución, pero quedó el ejemplo que le vino como anillo al dedo a ya saben quién. Así es que bajo la lógica de que el que puede lo menos puede lo más, pues ahora le ampliaron el periodo de su encargo nada menos y nada más que al mismísimo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo interesante del asunto es que este señor, que entonces todavía no era presidente, pero sí ministro, se manifestó en contra de dicha ampliación del periodo de los magistrados electorales. Supongo que nunca se imaginó que un día él iba a estar en la misma situación, pues en esa época apenas andaba en campaña para llegar a presidente de la Corte.
Parece que la acusación de que en su momento la oposición había hecho lo mismo no fue suficiente para que redujeran su inconformidad los que estaban enojados, pues ni fueron todos los que estaban ni estaban todos los que intervinieron en ese otro asunto. Menos aún los que desde sede académica o desde los medios de comunicación sólo observamos estos procesos legislativos y su congruencia con lo que dice la Constitución, pero también sus consecuencias de todo tipo.
Lo menos que dijo un senador es que si con el transitorio de una ley secundaria le prorrogan el cargo al presidente de la SCJN, lo mismo puede suceder al rato con el presidente de la república. Desde luego que el presidente AMLO no se cansa de repetir que él se va a ir a su rancho cuando termine su periodo constitucional, pero nunca hay que olvidar que Hugo Chávez también juró y perjuró lo mismo, que jamás se reelegiría, pero se murió siendo presidente reelecto. Además, ya estamos acostumbrados a los presidentes latinoamericanos que reforman su constitución para reelegirse las veces que sea necesario, como hizo el expresidente de Bolivia, Evo Morales -al que tuvieron que sacar por la fuerza-, quien por cierto se lleva muy bien con nuestro presidente.
El decreto con nuevas leyes, reformas y derogaciones al que ya me referí, incluido el famoso transitorio trece, todavía tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados. Como ya se armó el alboroto, a lo mejor -nada es seguro más que la muerte y pagar impuestos- el partido MORENA se echa para atrás. Solamente que para evitarlo, luego luego, al día siguiente, en su mañanera, el presidente dijo que él estaba de acuerdo con el famoso transitorio, haiga sido como haiga sido. El único problema es que todo esto entraña una sumisión, asegura el sometimiento del Poder Judicial de la Federación en su conjunto -por las razones que ya expuse- ante quien debe vigilar, supervisar y obligar a que cumpla con la Constitución y las leyes, es decir, el presidente de la república. Desde luego que el presidente está tranquilo porque sabe que de estas minucias constitucionales nos ocupamos muy pocos y a muchos menos les interesan.
Ciudad de México, 19 de abril de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México). Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA). Tiene la Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México).
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